Tegucigalpa, Honduras.
Una nueva y hasta ahora desconocida empresa vinculada a los supuestos testaferros de los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, alias Los Cachiros, proveyó el mobiliario, equipo de oficina y demás enseres electrodomésticos con los cuales se equiparon las viviendas del polémico proyecto habitacional de Patuca III en Olancho.
Lo anterior deja al descubierto que el clan criminal prácticamente monopolizó la construcción de las unidades residenciales, así como los servicios complementarios y el menaje de las viviendas, con el aval de las autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) y la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Por su lejanía y la escasa presencia y vigilancia de los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, el proyecto habitacional de Patuca III se convirtió en la pantalla perfecta para que Los Cachiros pudieran operar sus empresas fachada y así lavar millones de lempiras provenientes de las actividades del narcotráfico y de contratos sobrevalorados.
Los contratos
El 12 de agosto de 2011, la Enee adjudicó a Acrópolis, una sociedad ligada a los hermanos Rivera Maradiaga, la construcción del proyecto de viviendas de Patuca III por 98.1 millones de lempiras. El documento fue firmado por el gerente de la Enee, Roberto Martínez Lozano, el entonces director de la Ueper Carlos José Díaz y el gerente de Acrópolis Francisco Arturo Mejía.
Según las investigaciones, Mejía fue el encargado de constituir la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) el 10 de junio de 2009 y, según consta en documentos oficiales, el 11 de ese mismo mes, Devis Leonel Rivera Maradiaga le otorgó a este personaje un poder general para la administración de Inrimar y de todas las sociedades relacionadas con el cartel.
En la licitación del proyecto de viviendas participaron Acrópolis, Inrimar y Arqdico, que eran sociedades relacionadas con Los Cachiros, pero ganó la primera por haber presentado la menor oferta económica, es decir, con una propuesta de 98.1 millones.
Dos meses después de la firma, el 30 de noviembre de 2011, las autoridades de la Enee suscribieron con Acrópolis un segundo acuerdo de ampliación por un valor de 20.1 millones de lempiras para la edificación de la clínica médica, las oficinas administrativas y el comedor del complejo residencial.
A estos se sumó un tercer contrato para el mantenimiento del campamento base por un plazo de 12 años por un valor de 48 millones de lempiras.
Cabe mencionar que en agosto de 2013, Acrópolis traspasó sus derechos de este contrato de servicios generales a la sociedad Consultoría y Mantenimientos y Servicios (Comssa), cuyo socio principal era Roberto Arturo Mejía Salgado, hijo de Francisco Arturo Mejía, según información confidencial proporcionada a LA PRENSA.
Lutopas
Después, el 5 de julio de 2012, la Ueper suscribió un cuarto contrato por 33.1 millones de lempiras con la empresa Lutopas para el equipamiento y dotación de menaje de las viviendas y oficinas en el campamento base del proyecto hidroeléctrico de Patuca III.
La Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) pudo establecer que detrás de esta empresa estaba Waldina Lizeth Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Mejía, esposa e hijo del gerente de Acrópolis, Francisco Mejía.
Según el CNA, Salgado Pérez era la responsable de comprar y proveer el menaje y de cobrar los cheques emitidos a favor de
Lutopas por parte de la Enee.
El contrato con esta sociedad no se ejecutó en su totalidad y solo se pagaron 14 millones de lempiras de los 31.1 millones pactados inicialmente.
Sin embargo, el CNA pudo constatar en sus investigaciones un perjuicio económico para la Enee y el Estado de Honduras de alrededor de 7.5 millones de lempiras por sobrevaloración del equipamiento.
Los documentos detallan que se vendieron lavadoras que en el comercio valían 4,000 y 5,000 lempiras por 12,000 y 15,000 lempiras cada una. También toallas que fueron compradas en EUA por cuatro dólares y se vendieron a la Enee por dos mil lempiras cada una.
Una fuente del CNA confirmó que hubo casos en que un juego de comedor, por ejemplo, se vendió cada pieza por separado, llegando a pagar tres mil lempiras solo por una silla.
“La señora Waldina Lizeth Salgado compraba los electrodomésticos con una tarjeta de descuento en una tienda de Tegucigalpa y luego se las vendía a la Enee a un precio mucho mayor, lo que le causó un daño económico a la Enee de 7.5 millones de lempiras”, dijo la fuente.
Control total
De esta forma, Acrópolis se encargaba de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto y Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles.
El CNA identificó contratos con todas estas empresas por un valor de 203 millones de lempiras, los cuales indicaron una sobrevaloración y perjuicio para el Estado de 102 millones de lempiras.
Varios de estos contratos se adjudicaron sin someterse a un proceso de licitación pública al amparo del decreto 279/2010 que creó la Ley Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable.
Esta normativa facultaba a la Ueper a realizar contrataciones sin pasar por ese proceso legal, lo que dio lugar a que se cometieran todas estas irregularidades.
En su testimonio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga confesó que pagó millonarios sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y este le compensó concediéndole millonarios contratos en varias instituciones públicas.
Defensa acude al Ministerio Público
El abogado Tito Hernández se presentó ayer ante el Ministerio Público para cualquier investigación relacionada con la empresa Inversiones Acrópolis a la cual representa legalmente.
Aseguró que no hay conexión alguna entre sus representados y el cartel de Los Cachiros.
Aclaró que la sociedad Acrópolis no es propiedad de la familia Rivera Maradiaga.
Una nueva y hasta ahora desconocida empresa vinculada a los supuestos testaferros de los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, alias Los Cachiros, proveyó el mobiliario, equipo de oficina y demás enseres electrodomésticos con los cuales se equiparon las viviendas del polémico proyecto habitacional de Patuca III en Olancho.
Lo anterior deja al descubierto que el clan criminal prácticamente monopolizó la construcción de las unidades residenciales, así como los servicios complementarios y el menaje de las viviendas, con el aval de las autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) y la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Por su lejanía y la escasa presencia y vigilancia de los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, el proyecto habitacional de Patuca III se convirtió en la pantalla perfecta para que Los Cachiros pudieran operar sus empresas fachada y así lavar millones de lempiras provenientes de las actividades del narcotráfico y de contratos sobrevalorados.
| La Enee dio a Los Cachiros proyectos habitacionales para las personas que participan en la construcción de la hidroeléctrica Patuca III.
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El 12 de agosto de 2011, la Enee adjudicó a Acrópolis, una sociedad ligada a los hermanos Rivera Maradiaga, la construcción del proyecto de viviendas de Patuca III por 98.1 millones de lempiras. El documento fue firmado por el gerente de la Enee, Roberto Martínez Lozano, el entonces director de la Ueper Carlos José Díaz y el gerente de Acrópolis Francisco Arturo Mejía.
Según las investigaciones, Mejía fue el encargado de constituir la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) el 10 de junio de 2009 y, según consta en documentos oficiales, el 11 de ese mismo mes, Devis Leonel Rivera Maradiaga le otorgó a este personaje un poder general para la administración de Inrimar y de todas las sociedades relacionadas con el cartel.
En la licitación del proyecto de viviendas participaron Acrópolis, Inrimar y Arqdico, que eran sociedades relacionadas con Los Cachiros, pero ganó la primera por haber presentado la menor oferta económica, es decir, con una propuesta de 98.1 millones.
Dos meses después de la firma, el 30 de noviembre de 2011, las autoridades de la Enee suscribieron con Acrópolis un segundo acuerdo de ampliación por un valor de 20.1 millones de lempiras para la edificación de la clínica médica, las oficinas administrativas y el comedor del complejo residencial.
A estos se sumó un tercer contrato para el mantenimiento del campamento base por un plazo de 12 años por un valor de 48 millones de lempiras.
Cabe mencionar que en agosto de 2013, Acrópolis traspasó sus derechos de este contrato de servicios generales a la sociedad Consultoría y Mantenimientos y Servicios (Comssa), cuyo socio principal era Roberto Arturo Mejía Salgado, hijo de Francisco Arturo Mejía, según información confidencial proporcionada a LA PRENSA.
| El contrato suscrito con Lutopas establecía la compra de muebles, camas, estufas, lavadoras, comedores, juegos de sala, platos, cortinas, televisores, refrigeradoras, y hasta tenedores y cucharas por un valor de 33.1 millones de lempiras. Este contrato al final no se ejecutó en su totalidad por disposición de las autoridades entrantes de la Enee. Sin embargo, se pagó un total de 14 millones de lempiras, de los cuales el CNA detectó una sobrevaloración de alrededor de 7.5 millones de lempiras. Lutopas estaba ligada por vínculos familiares a Acrópolis y Comssa.
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Después, el 5 de julio de 2012, la Ueper suscribió un cuarto contrato por 33.1 millones de lempiras con la empresa Lutopas para el equipamiento y dotación de menaje de las viviendas y oficinas en el campamento base del proyecto hidroeléctrico de Patuca III.
La Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) pudo establecer que detrás de esta empresa estaba Waldina Lizeth Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Mejía, esposa e hijo del gerente de Acrópolis, Francisco Mejía.
| Sépalo
Lutopas era una sociedad que estaba a cargo del hijo y la esposa del gerente general de Acrópolis, Francisco Arturo Mejía, supuesto socio de Los Cachiros
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El contrato con esta sociedad no se ejecutó en su totalidad y solo se pagaron 14 millones de lempiras de los 31.1 millones pactados inicialmente.
Sin embargo, el CNA pudo constatar en sus investigaciones un perjuicio económico para la Enee y el Estado de Honduras de alrededor de 7.5 millones de lempiras por sobrevaloración del equipamiento.
Los documentos detallan que se vendieron lavadoras que en el comercio valían 4,000 y 5,000 lempiras por 12,000 y 15,000 lempiras cada una. También toallas que fueron compradas en EUA por cuatro dólares y se vendieron a la Enee por dos mil lempiras cada una.
Una fuente del CNA confirmó que hubo casos en que un juego de comedor, por ejemplo, se vendió cada pieza por separado, llegando a pagar tres mil lempiras solo por una silla.
| Las empresas
Los Cachiros lavaron dinero del narcotráfico creando empresas constructoras, mineras, de aceite de palma, un zoológico y ganado
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Control total
De esta forma, Acrópolis se encargaba de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto y Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles.
El CNA identificó contratos con todas estas empresas por un valor de 203 millones de lempiras, los cuales indicaron una sobrevaloración y perjuicio para el Estado de 102 millones de lempiras.
Varios de estos contratos se adjudicaron sin someterse a un proceso de licitación pública al amparo del decreto 279/2010 que creó la Ley Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable.
Esta normativa facultaba a la Ueper a realizar contrataciones sin pasar por ese proceso legal, lo que dio lugar a que se cometieran todas estas irregularidades.
En su testimonio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga confesó que pagó millonarios sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y este le compensó concediéndole millonarios contratos en varias instituciones públicas.
Defensa acude al Ministerio Público
El abogado Tito Hernández se presentó ayer ante el Ministerio Público para cualquier investigación relacionada con la empresa Inversiones Acrópolis a la cual representa legalmente.
Aseguró que no hay conexión alguna entre sus representados y el cartel de Los Cachiros.
Aclaró que la sociedad Acrópolis no es propiedad de la familia Rivera Maradiaga.
