Tegucigalpa, Honduras.
Con la aplicación de una pena menor podría ser beneficiado un miembro de una estructura dedicada a cometer actos de corrupción si colabora con información que permita capturar a los cabecillas hasta desintegrar a toda la organización ilícita.
Al imputado, incluso, se le podría reducir en dos tercios la pena y pasar recluido menos tiempo siempre y cuando la información que brinde sea efectiva para el esclarecimiento de un hecho de corrupción u otros.
Lo anterior está estipulado en la ley de colaboración eficaz, una herramienta jurídica diseñada para desarticular las bandas y estructuras criminales que operan en el país.
La propuesta de ley está compuesta por 23 artículos.
La normativa tiene el respaldo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y pretende que se pueda investigar, capturar y, a su vez, judicializar los crímenes de más alto nivel.
Además, permitirá identificar a los integrantes de una organización criminal, sus jefes o cabecillas, a las personas como actores políticos, del sector privado o de los diferentes entes operadores de justicia que prestan ayuda y protegen a estas organizaciones. No establece beneficios para quienes cometan delitos de violación, feminicidio, genocidio y tortura.
La ley es impulsada por el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih, el cual se encuentra integrado por más de una veintena de diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
El estamento legal ha sido implementado en sistemas de justicia sólidos del mundo bajo otras denominaciones, como en Argentina, donde se le conoce como la Ley del Arrepentido o Ley de los Sapos en el caso de Colombia.
Representantes del Frente expusieron ayer los alcances de esta normativa, previo a ser introducida ante la Cámara Legislativa.
“Con esta ley siempre se podrán juzgar los casos de corrupción, se obtendrá información oportuna para dar con los autores intelectuales”, destacó el parlamentario del Partido Liberal Osman Aguilar, quien es el proyectista del instrumento jurídico. Enfatizó que la ley se le aplicará con todo el peso a los criminales de “cuello blanco”, mientras que los corruptos serán tratados como parte de una organización criminal.
Una vez que se haya recibido la información de parte del colaborador, se verifica, valora y el Ministerio Público puede celebrar un acuerdo, explicó. En tal sentido, el político agregó que el fiscal del caso solicitará siempre la autorización de la máxima autoridad -fiscal general- o del director de fiscales cuando haya sido delegado.
Scherly Arriaga, integrante de esta plataforma y delegada del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que su instituto político apoya esta normativa, la cual será presentada ante el pleno de diputados del Congreso.
Con la aplicación de una pena menor podría ser beneficiado un miembro de una estructura dedicada a cometer actos de corrupción si colabora con información que permita capturar a los cabecillas hasta desintegrar a toda la organización ilícita.
Al imputado, incluso, se le podría reducir en dos tercios la pena y pasar recluido menos tiempo siempre y cuando la información que brinde sea efectiva para el esclarecimiento de un hecho de corrupción u otros.
Lo anterior está estipulado en la ley de colaboración eficaz, una herramienta jurídica diseñada para desarticular las bandas y estructuras criminales que operan en el país.
La propuesta de ley está compuesta por 23 artículos.
La normativa tiene el respaldo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y pretende que se pueda investigar, capturar y, a su vez, judicializar los crímenes de más alto nivel.
Además, permitirá identificar a los integrantes de una organización criminal, sus jefes o cabecillas, a las personas como actores políticos, del sector privado o de los diferentes entes operadores de justicia que prestan ayuda y protegen a estas organizaciones. No establece beneficios para quienes cometan delitos de violación, feminicidio, genocidio y tortura.
La ley es impulsada por el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih, el cual se encuentra integrado por más de una veintena de diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
El estamento legal ha sido implementado en sistemas de justicia sólidos del mundo bajo otras denominaciones, como en Argentina, donde se le conoce como la Ley del Arrepentido o Ley de los Sapos en el caso de Colombia.
Representantes del Frente expusieron ayer los alcances de esta normativa, previo a ser introducida ante la Cámara Legislativa.
“Con esta ley siempre se podrán juzgar los casos de corrupción, se obtendrá información oportuna para dar con los autores intelectuales”, destacó el parlamentario del Partido Liberal Osman Aguilar, quien es el proyectista del instrumento jurídico. Enfatizó que la ley se le aplicará con todo el peso a los criminales de “cuello blanco”, mientras que los corruptos serán tratados como parte de una organización criminal.
Una vez que se haya recibido la información de parte del colaborador, se verifica, valora y el Ministerio Público puede celebrar un acuerdo, explicó. En tal sentido, el político agregó que el fiscal del caso solicitará siempre la autorización de la máxima autoridad -fiscal general- o del director de fiscales cuando haya sido delegado.
Scherly Arriaga, integrante de esta plataforma y delegada del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que su instituto político apoya esta normativa, la cual será presentada ante el pleno de diputados del Congreso.
