Tegucigalpa, Honduras.
La coordinadora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, señaló que las reformas penales que se vienen dando en Honduras obedecen a un plan bien estructurado por el Gobierno de la tepública, que ha empezado con el traslado de privados de libertad peligrosos a otras prisiones.
“Creo que establecer los perfiles adecuados bajo lineamientos y recuperar la gobernabilidad en las cárceles es importante. Esto va encaminado a que las cárceles ya no sean una escuela del crimen. Se pueden realizar estrategias para reinsertar y rehabilitar a los privados socialmente, y esto es de suma importancia”, manifestó Ayestas.
Para la experta en violencia también es importante no descuidar las labores de enjuiciamiento de los privados , ya que muchos no están sentenciados.
“Cuando no hay gobernabilidad, los resultados son escuela del crimen, autogobierno y desorden, lo que veníamos viendo. Esperamos buenos resultados en esta materia”, dijo la coordinadora.
Separaciones
El exfiscal de la república Edmundo Orellana ve correcto que se separe a los miembros de maras o pandillas de otro tipo de recluidos. “Estoy de acuerdo en que sean tratados con mucho rigor, si deben estar en El Pozo todos los involucrados en narcotráfico y maras porque hay que sentar precedentes”, señaló Orellana.
El abogado recordó que la Ley de Establecimientos Penales es clara al especificar que los privados de libertad peligrosos deben estar separados de los demás.
“Lo que pasa es que la autoridad es la que no ha cumplido. El que está recluido por un delito menor debe permanecer en un espacio totalmente diferente del que cometió un asesinato, narcotráfico y otros. El responsable de que esto no se cumpla es el juez de ejecución, el que debe estar muy pendiente para que esto no suceda”, explicó Orellana.
Si no se está cumpliendo con las separaciones según delito en los centros penitenciarios, las autoridades deben ser sancionadas.
“Ya era tiempo que comenzarán a hacer algo por el centro penal de San Pedro Sula, una cárcel que no tiene protección. La autoridad no ha funcionado y son los responsables cada vez que se encuentra una arma en estos lugares”, enfatizó el exfiscal exhortando al Ministerio Público a actuar de oficio.
La coordinadora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, señaló que las reformas penales que se vienen dando en Honduras obedecen a un plan bien estructurado por el Gobierno de la tepública, que ha empezado con el traslado de privados de libertad peligrosos a otras prisiones.
“Creo que establecer los perfiles adecuados bajo lineamientos y recuperar la gobernabilidad en las cárceles es importante. Esto va encaminado a que las cárceles ya no sean una escuela del crimen. Se pueden realizar estrategias para reinsertar y rehabilitar a los privados socialmente, y esto es de suma importancia”, manifestó Ayestas.
Para la experta en violencia también es importante no descuidar las labores de enjuiciamiento de los privados , ya que muchos no están sentenciados.
“Cuando no hay gobernabilidad, los resultados son escuela del crimen, autogobierno y desorden, lo que veníamos viendo. Esperamos buenos resultados en esta materia”, dijo la coordinadora.
Separaciones
El exfiscal de la república Edmundo Orellana ve correcto que se separe a los miembros de maras o pandillas de otro tipo de recluidos. “Estoy de acuerdo en que sean tratados con mucho rigor, si deben estar en El Pozo todos los involucrados en narcotráfico y maras porque hay que sentar precedentes”, señaló Orellana.
El abogado recordó que la Ley de Establecimientos Penales es clara al especificar que los privados de libertad peligrosos deben estar separados de los demás.
“Lo que pasa es que la autoridad es la que no ha cumplido. El que está recluido por un delito menor debe permanecer en un espacio totalmente diferente del que cometió un asesinato, narcotráfico y otros. El responsable de que esto no se cumpla es el juez de ejecución, el que debe estar muy pendiente para que esto no suceda”, explicó Orellana.
Si no se está cumpliendo con las separaciones según delito en los centros penitenciarios, las autoridades deben ser sancionadas.
“Ya era tiempo que comenzarán a hacer algo por el centro penal de San Pedro Sula, una cárcel que no tiene protección. La autoridad no ha funcionado y son los responsables cada vez que se encuentra una arma en estos lugares”, enfatizó el exfiscal exhortando al Ministerio Público a actuar de oficio.
