San Pedro Sula, Honduras.
El Pozo, la cárcel adonde los reos no tienen acceso a teléfonos ni Internet, cuenta con suficiente espacio para albergar a más de mil mareros que, en este momento, por usar tecnología extorsionan desde los presidios.
Esta cárcel cuenta con capacidad para alojar a una población de 1,464 reos, en otras palabras, puede recibir, en este momento, a 1,336 criminales para que paguen sus penas en condiciones de extrema seguridad.
Desde el presidio de San Pedro Sula (con 601 mareros presos) y la Penitenciaría Nacional de Támara (641 mareros), los criminales giran instrucciones a sus clicas para que estas ejecuten asesinatos, incendien buses, tiroteen unidades de transporte y extorsionen a los ciudadanos.
Periodistas que hicieron una investigación en la cárcel de Támara constataron que los miembros de la MS-13 y la 18, además de vivir con muchas comodidades, tienen acceso a Internet y pueden llamar a otros mareros para coodinar acciones delictivas en Tegucigalpa.
Igualmente, los periodistas de
LA PRENSA constataron que en el centro penal de San Pedro Sula hay más de 20 señales de wifi que son emitidas desde el exterior e interior de la
estructura penitenciaria.
Si el Gobierno decidiera recluir en El Pozo a los 1,242 mareros que se encuentran en las dos cárceles más grandes, los hondureños podrían experimentar una liberación de la extorsión que ha causado el cierre de cientos de negocios, la emigración de hondureños y la muerte de varios miles de personas en los últimos cinco años.
A pesar de que hay condiciones para recibir a más mareros en El Pozo, las autoridades penitenciarias y del Gobierno no han anunciado ni han tomado decisiones para efectuar nuevos trasladados a esta cárcel de máxima seguridad.
El Pozo II
El Instituto Nacional Penitenciario está trabajando en la última etapa de la construcción de El Pozo II, ubicado en Morocelí, El Paraíso; pero no ha revelado cuándo lo pondría a funcionar.
El Pozo II, con iguales características de la cárcel de Santa Bárbara, es vigilado por medio de 400 cámaras y tiene capacidad para recibir a unos 1,332 individuos.
Esta cárcel, a una hora de Tegucigalpa, podría ser estrenada en abril, según fuentes que conocen el proyecto y solicitaron el anonimato.
Este complejo, erigido en un área de más de 16 manzanas, le ha costado al Gobierno $23 millones.
Al abrir el Pozo II, las autoridades penitenciarias tendrán la capacidad para recluir a 2,668 criminales en una infraestructura que garantiza seguridad para quienes pagan sus condenas y para los hondureños que sufren por la extorsión cometida por mareros, paisas y pesetas.
De este modo, el Estado de Honduras lograría “blindar” a la sociedad de sanguinarias organizaciones criminales, como la MS-13 Y la 18, que tienen una participación del 20% en la población penitenciaria del país (17,997).
En ambas cárceles, en El Pozo y El Pozo II, los reclusos no imponen sus leyes, con las cuales han degenerado todo el sistema carcelario, adonde el tráfico de drogas, armas, prostitución, son actividades cotidianas.
En las nuevas cárceles, los custodios penitenciarios no pueden establecer relaciones amistosas con los reos, menos, hacerles favores, como sí sucede en los presidios de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Con estas dos cárceles, Honduras se convertirá en 2017 en el país centroamericano con mayor seguridad penitenciaria y que ataca frontalmente la extorsión.
El Pozo, la cárcel adonde los reos no tienen acceso a teléfonos ni Internet, cuenta con suficiente espacio para albergar a más de mil mareros que, en este momento, por usar tecnología extorsionan desde los presidios.
Esta cárcel cuenta con capacidad para alojar a una población de 1,464 reos, en otras palabras, puede recibir, en este momento, a 1,336 criminales para que paguen sus penas en condiciones de extrema seguridad.
Desde el presidio de San Pedro Sula (con 601 mareros presos) y la Penitenciaría Nacional de Támara (641 mareros), los criminales giran instrucciones a sus clicas para que estas ejecuten asesinatos, incendien buses, tiroteen unidades de transporte y extorsionen a los ciudadanos.
Periodistas que hicieron una investigación en la cárcel de Támara constataron que los miembros de la MS-13 y la 18, además de vivir con muchas comodidades, tienen acceso a Internet y pueden llamar a otros mareros para coodinar acciones delictivas en Tegucigalpa.
 Actualmente, en las cárceles hay más miembros de la mara 18 presos (más de mil).
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Si el Gobierno decidiera recluir en El Pozo a los 1,242 mareros que se encuentran en las dos cárceles más grandes, los hondureños podrían experimentar una liberación de la extorsión que ha causado el cierre de cientos de negocios, la emigración de hondureños y la muerte de varios miles de personas en los últimos cinco años.
A pesar de que hay condiciones para recibir a más mareros en El Pozo, las autoridades penitenciarias y del Gobierno no han anunciado ni han tomado decisiones para efectuar nuevos trasladados a esta cárcel de máxima seguridad.
 La MS-13 tiene 225 integrantes recluidos en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
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El Instituto Nacional Penitenciario está trabajando en la última etapa de la construcción de El Pozo II, ubicado en Morocelí, El Paraíso; pero no ha revelado cuándo lo pondría a funcionar.
El Pozo II, con iguales características de la cárcel de Santa Bárbara, es vigilado por medio de 400 cámaras y tiene capacidad para recibir a unos 1,332 individuos.
Esta cárcel, a una hora de Tegucigalpa, podría ser estrenada en abril, según fuentes que conocen el proyecto y solicitaron el anonimato.
Este complejo, erigido en un área de más de 16 manzanas, le ha costado al Gobierno $23 millones.
Al abrir el Pozo II, las autoridades penitenciarias tendrán la capacidad para recluir a 2,668 criminales en una infraestructura que garantiza seguridad para quienes pagan sus condenas y para los hondureños que sufren por la extorsión cometida por mareros, paisas y pesetas.
De este modo, el Estado de Honduras lograría “blindar” a la sociedad de sanguinarias organizaciones criminales, como la MS-13 Y la 18, que tienen una participación del 20% en la población penitenciaria del país (17,997).
En ambas cárceles, en El Pozo y El Pozo II, los reclusos no imponen sus leyes, con las cuales han degenerado todo el sistema carcelario, adonde el tráfico de drogas, armas, prostitución, son actividades cotidianas.
En las nuevas cárceles, los custodios penitenciarios no pueden establecer relaciones amistosas con los reos, menos, hacerles favores, como sí sucede en los presidios de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Con estas dos cárceles, Honduras se convertirá en 2017 en el país centroamericano con mayor seguridad penitenciaria y que ataca frontalmente la extorsión.
