Redacción.
Los centros penales en Honduras siguen siendo una bomba de tiempo y el hacinamiento late como una trampa mortal que hasta ahora no tiene medida ni control.
De los 28 centros penales a nivel nacional, el 99% presenta sobrepoblación o hacinamiento, observaciones que en repetidas ocasiones han hecho los organismos que velan por los derechos humanos de los privados de libertad.
Fue hasta el presente Gobierno que se inició con un ambicioso plan de remodelación del sistema penitenciario nacional y como resultado ya son tres nuevas cárceles con estándares internacionales las que se han construido en El Porvenir, Francisco Morazán; en Ilama, Santa Bárbara y en Morocelí, El Paraíso, esta última en construcción.
Nuevas leyes
Difícilmente el hacinamiento desaparecerá según los expertos y es debido a la creación de nuevas leyes en las últimas dos administraciones como contra la extorsión, lavado de activos, aseguramiento, extinción de dominio y ahora terrorismo.
“La aplicación de estas leyes y la derogación de las medidas sustitutivas del Código Procesal Penal, son causas para que los operadores de justicia, policías de investigación, agentes técnicos, fiscales y jueces ejecuten el acto de formal procesamiento y prisión preventiva”, manifestó Solís.
Otra de las causas que no dejan que el hacinamiento desaparezca en las cárceles hondureñas, es la gran población sin una sentencia firme. Para esto el Poder Judicial anunció la revisión de cada uno de los casos con la contratación de más jueces para hacer expedito el proceso.
La población carcelaria sin sentencia en Honduras asciende a 9,275 privados de libertad, de los cuales 8,636 son hombres y 639 mujeres. “A diario se están capturando de siete a 10 personas y como se está poniendo la situación de detención, aprehensión y capturas debido a la inseguridad, todo se encamina a que va a aumentar la población penitenciaria. Insisto en que la construcción de nuevas cárceles no va a resolver el problema del hacinamiento, pero sí va a disminuirlo”, indicó el presidente de Conaprev.
La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán, es la más poblada. Tiene una capacidad para 2,500 privados de libertad y está sobrepoblada en 4,837. Le sigue el centro penal de San Pedro Sula con capacidad para 800 prisioneros, sin embargo, presenta un hacinamiento peligroso y mortal de 3,246 privados.
Obstáculos
Para el abogado penalista Marlon Duarte, desde que se reformó el Código Procesal Penal le dijeron al fiscal que tiene que llevar el indicio mínimo al juez para que este mande a la cárcel a la gente.
“El fiscal cómodamente ya no investiga y se va al juzgado con lo que le cuenta el policía sin importar el delito del catálogo reformado. El juez solo se va a la parte peticionaria del requerimiento, lo admite y emite la orden de captura sin pruebas mínimas y lo mandan preso. Es una haraganería fomentada por una reforma, lo que no implica una buena investigación”, criticó Duarte.
Una de las soluciones que recomienda el penalista es la clasificación de todos los imputados, los de menos peligrosidad, porque hay personas que están presas por cuatro años.
“Antes de cualquier reforma deben aplicar el indulto. El Gobierno tiene que indultar y alguien tiene que decirle al Ejecutivo que tener más presos genera subdesarrollo. Entre más presos y más cárceles tenemos no significa que somos el mejor país. Es al revés”, puntualizó Duarte.
Entre los proyectos del Gobierno está la construcción de más centros penitenciarios no solo para disminuir el hacinamiento sino para reclasificar a los privados de libertad. Ya se cuenta con tres módulos de máxima seguridad en la que están depositados los privados más peligrosos en la penitenciaría de Támara, El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y la conocida como La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
En los últimos días el Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas penales sancionadas por el Poder Ejecutivo en el que se transformó en su totalidad el sistema penitenciario nacional y se crea un nuevo organismo rector de los centros penales.
Los centros penales en Honduras siguen siendo una bomba de tiempo y el hacinamiento late como una trampa mortal que hasta ahora no tiene medida ni control.
De los 28 centros penales a nivel nacional, el 99% presenta sobrepoblación o hacinamiento, observaciones que en repetidas ocasiones han hecho los organismos que velan por los derechos humanos de los privados de libertad.
| Sépalo
La única cárcel hondureña que no presenta hacinamiento es la de Tela, en Atlántida. Tiene una capacidad de 200 privados de libertad y alberga a 184.
|
“Solo el centro penal de Tela, Atlántida, no presenta hacinamiento. Tiene una capacidad para 200 privados de libertad y tiene 184. Los demás presentan hacinamiento y la construcción de nuevas cárceles no va a solucionar este problema porque el aumento en la población penitenciaria se debe a la aprobación de leyes nuevas”, explicó el presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Conaprev).
Cifras oficiales revelan que la población penitenciaria al 19 de enero de 2017 es de 17,441 privados de libertad, de los cuales, 9,275 solo están procesados y el resto se encuentra sentenciado.
| |
Difícilmente el hacinamiento desaparecerá según los expertos y es debido a la creación de nuevas leyes en las últimas dos administraciones como contra la extorsión, lavado de activos, aseguramiento, extinción de dominio y ahora terrorismo.
“La aplicación de estas leyes y la derogación de las medidas sustitutivas del Código Procesal Penal, son causas para que los operadores de justicia, policías de investigación, agentes técnicos, fiscales y jueces ejecuten el acto de formal procesamiento y prisión preventiva”, manifestó Solís.
Otra de las causas que no dejan que el hacinamiento desaparezca en las cárceles hondureñas, es la gran población sin una sentencia firme. Para esto el Poder Judicial anunció la revisión de cada uno de los casos con la contratación de más jueces para hacer expedito el proceso.
La población carcelaria sin sentencia en Honduras asciende a 9,275 privados de libertad, de los cuales 8,636 son hombres y 639 mujeres. “A diario se están capturando de siete a 10 personas y como se está poniendo la situación de detención, aprehensión y capturas debido a la inseguridad, todo se encamina a que va a aumentar la población penitenciaria. Insisto en que la construcción de nuevas cárceles no va a resolver el problema del hacinamiento, pero sí va a disminuirlo”, indicó el presidente de Conaprev.
La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán, es la más poblada. Tiene una capacidad para 2,500 privados de libertad y está sobrepoblada en 4,837. Le sigue el centro penal de San Pedro Sula con capacidad para 800 prisioneros, sin embargo, presenta un hacinamiento peligroso y mortal de 3,246 privados.
Obstáculos
Para el abogado penalista Marlon Duarte, desde que se reformó el Código Procesal Penal le dijeron al fiscal que tiene que llevar el indicio mínimo al juez para que este mande a la cárcel a la gente.
“El fiscal cómodamente ya no investiga y se va al juzgado con lo que le cuenta el policía sin importar el delito del catálogo reformado. El juez solo se va a la parte peticionaria del requerimiento, lo admite y emite la orden de captura sin pruebas mínimas y lo mandan preso. Es una haraganería fomentada por una reforma, lo que no implica una buena investigación”, criticó Duarte.
Una de las soluciones que recomienda el penalista es la clasificación de todos los imputados, los de menos peligrosidad, porque hay personas que están presas por cuatro años.
“Antes de cualquier reforma deben aplicar el indulto. El Gobierno tiene que indultar y alguien tiene que decirle al Ejecutivo que tener más presos genera subdesarrollo. Entre más presos y más cárceles tenemos no significa que somos el mejor país. Es al revés”, puntualizó Duarte.
Entre los proyectos del Gobierno está la construcción de más centros penitenciarios no solo para disminuir el hacinamiento sino para reclasificar a los privados de libertad. Ya se cuenta con tres módulos de máxima seguridad en la que están depositados los privados más peligrosos en la penitenciaría de Támara, El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y la conocida como La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
En los últimos días el Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas penales sancionadas por el Poder Ejecutivo en el que se transformó en su totalidad el sistema penitenciario nacional y se crea un nuevo organismo rector de los centros penales.
