Redacción.
Los centros penales de Honduras fueron escenarios en los últimos 14 años de múltiples hechos sangrientos, motines, fugas, enfrentamientos, ajusticiamientos e incendios que han causado la muerte de cientos de reclusos, convirtiendo a estos recintos en verdaderas casas del horror.
Las mayores tragedias carcelarias se registraron en los años 2003, 2004 y 2012 en los presidios de El Porvenir, La Ceiba, en Atlántida; San Pedro Sula, en Cortés, y en Comayagua, adonde murieron un total de 538 privados de libertad en sendos incendios.
El 5 de abril de 2003, un enfrentamiento entre reclusos y policías, seguido de la quema de las celdas, dejó un saldo trágico de 69 privados de libertad muertos en la
granja penal de El Porvenir.
Posteriormente, el 17 de mayo de 2004, un incendio en la celda 19 del presidio de San Pedro Sula provocó la muerte de al menos 107 reclusos por quemaduras y asfixia. Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Honduras y lo declaró responsable por la muerte de los internos, como resultado directo de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario.
Pero la mayor tragedia estaba por venir, ya que el 14 de febrero de 2012 un incendio en la Granja Penal de Comayagua, cerca de las 10:50 pm, dejó como saldo un total de 362 privados de libertad muertos y más de 30 heridos.
Un informe forense permitió establecer que solamente el cuerpo número 239, con registro de autopsia 598-12, no pudo ser identificado. Los demás fueron identificados y entregados a sus familiares en una extenuante jornada de los equipos forenses que duró varios días.
Este último hecho es considerado como una de las peores tragedias carcelarias registradas en la historia del país y del continente, que conllevó a adoptar una serie de medidas que al final no lograron resolver el problema de las cárceles.
En los siguientes años se registraron otros incidentes violentos, como incendios, motines, ajusticiamientos, fugas, atentados contra las autoridades, enfrentamientos e introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares.
Un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que entre 2011 y 2012 hubo 419 privados de libertad muertos de forma violenta, entre estos, 362
reos del penal de Comayagua.
Entre algunos de los hechos más violentos está el enfrentamiento registrado el 14 de octubre de 2011 en el centro penal de San Pedro Sula que causó la muerte de al menos nueve privados de libertad.
Seis meses después, el 29 de marzo de 2012, 13 reclusos murieron en similares circunstancias en este mismo presidio.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2006 y 2012 se produjeron un total de 641 muertes violentas y 114 muertes naturales en los centros penitenciarios hondureños.
En su última visita in loco, la CIDH constató que entre 2013 y octubre de 2014 se produjeron un total de 38 muertes violentas y 36 naturales en los presidios hondureños.
Estos hechos incluyeron desde homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra, hasta muertes producidas por disparos de policías penitenciarios para evitar la fuga de los internos.
Los centros penales de Honduras fueron escenarios en los últimos 14 años de múltiples hechos sangrientos, motines, fugas, enfrentamientos, ajusticiamientos e incendios que han causado la muerte de cientos de reclusos, convirtiendo a estos recintos en verdaderas casas del horror.
Las mayores tragedias carcelarias se registraron en los años 2003, 2004 y 2012 en los presidios de El Porvenir, La Ceiba, en Atlántida; San Pedro Sula, en Cortés, y en Comayagua, adonde murieron un total de 538 privados de libertad en sendos incendios.
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Granjas y centros penales
Tiene Honduras diseminados en varias regiones del país. La ingobernabilidad, el tráfico de drogas y armas, los motines y el enfrentamiento entre los propios reclusos son hechos comunes en estos precarios recintos.
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Posteriormente, el 17 de mayo de 2004, un incendio en la celda 19 del presidio de San Pedro Sula provocó la muerte de al menos 107 reclusos por quemaduras y asfixia. Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Honduras y lo declaró responsable por la muerte de los internos, como resultado directo de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario.
Pero la mayor tragedia estaba por venir, ya que el 14 de febrero de 2012 un incendio en la Granja Penal de Comayagua, cerca de las 10:50 pm, dejó como saldo un total de 362 privados de libertad muertos y más de 30 heridos.
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Este último hecho es considerado como una de las peores tragedias carcelarias registradas en la historia del país y del continente, que conllevó a adoptar una serie de medidas que al final no lograron resolver el problema de las cárceles.
En los siguientes años se registraron otros incidentes violentos, como incendios, motines, ajusticiamientos, fugas, atentados contra las autoridades, enfrentamientos e introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares.
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Privados de libertad
Se encuentran recluidos en los 27 centros penales que hay en el país, de los cuales 8,146 reclusos se encuentran condenados y el resto están procesados. Unos 65 reos se encuentran detenidos en batallones de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
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Entre algunos de los hechos más violentos está el enfrentamiento registrado el 14 de octubre de 2011 en el centro penal de San Pedro Sula que causó la muerte de al menos nueve privados de libertad.
Seis meses después, el 29 de marzo de 2012, 13 reclusos murieron en similares circunstancias en este mismo presidio.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2006 y 2012 se produjeron un total de 641 muertes violentas y 114 muertes naturales en los centros penitenciarios hondureños.
En su última visita in loco, la CIDH constató que entre 2013 y octubre de 2014 se produjeron un total de 38 muertes violentas y 36 naturales en los presidios hondureños.
Estos hechos incluyeron desde homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra, hasta muertes producidas por disparos de policías penitenciarios para evitar la fuga de los internos.
