Tegucigalpa, Honduras.
Fiscales y jueces quedaron facultados desde ayer para proceder a aplicar de inmediato las disposiciones contenidas en el paquete de reformas penales que contempla una pena de 40 a 50 años a los que quemen buses y de 15 a 20 años a quienes exijan el pago de la extorsión por medio de llamadas o mensajes.
Con estas enmiendas legales, el Gobierno de Honduras inició una ofensiva sin precedentes contra las maras y mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato, las cuales han dejado miles de muertos y familias enlutadas en los últimos años.
El decreto legislativo 6-2017 que incluye un compendio de reformas legales contenidas en unos 50 artículos de ocho leyes y códigos vigentes entró en vigor desde ayer, tras publicarse en la edición del diario oficial La Gaceta bajo el número 34,276.
La Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) agotó rápidamente los más de 2,000 ejemplares impresos dada la demanda de abogados penalistas, jueces y ciudadanía en general que desde muy temprano llegaron a comprar la edición en la que se publican las nuevas disposiciones legales.
Las disposiciones contenidas en el paquete de enmiendas endurecen las penas contra la extorsión y llevan a otro nivel de operatividad las acciones de los operadores de justicia contra aquellos grupos criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía hondureña.
Masivos traslados
También se establecen nuevas medidas en los centros penales del país para evitar que desde esos recintos, los criminales y las pandillas sigan extorsionando y ordenando asesinatos y otros actos delictivos en contra de la población.
Para el caso, la reforma a la Ley del Sistema Penitenciario establece en uno de sus apartados que los reos que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas serán separados del resto de la población penitenciaria y enviados a recintos de máxima seguridad, para lo cual el Gobierno prevé realizar una masiva movilización en los próximos días.
De hecho, se tiene previsto la movilización de al menos 2,000 mareros de los principales presidios, en los cuales se habían convertido en amos y señores.
Además, se ordena a los operadores de los servicios de telefonía celular y comunicaciones personales (PCS) que procedan a instalar soluciones técnicas sugeridas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para bloquear de forma efectiva las señales desde todos los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de niños. Una vez instalados, las compañías serán responsables de su efectiva administración, operación y uso. Bajo los nuevos parámetros, los operadores deberán bloquear todas las señales inalámbricas que permitan cualquier tipo de comunicación, ya sea por medio de transmisión de voz, datos e imágenes a través de la telefonía celular, analógica, digital, telefonía satelital, sistemas de trasmisión inalámbrica como el wifi, wimax, Bluetooth, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), entre otros.
Fiscales y jueces quedaron facultados desde ayer para proceder a aplicar de inmediato las disposiciones contenidas en el paquete de reformas penales que contempla una pena de 40 a 50 años a los que quemen buses y de 15 a 20 años a quienes exijan el pago de la extorsión por medio de llamadas o mensajes.
Con estas enmiendas legales, el Gobierno de Honduras inició una ofensiva sin precedentes contra las maras y mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato, las cuales han dejado miles de muertos y familias enlutadas en los últimos años.
El decreto legislativo 6-2017 que incluye un compendio de reformas legales contenidas en unos 50 artículos de ocho leyes y códigos vigentes entró en vigor desde ayer, tras publicarse en la edición del diario oficial La Gaceta bajo el número 34,276.
La Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) agotó rápidamente los más de 2,000 ejemplares impresos dada la demanda de abogados penalistas, jueces y ciudadanía en general que desde muy temprano llegaron a comprar la edición en la que se publican las nuevas disposiciones legales.
Las disposiciones contenidas en el paquete de enmiendas endurecen las penas contra la extorsión y llevan a otro nivel de operatividad las acciones de los operadores de justicia contra aquellos grupos criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía hondureña.
| El ministro de Seguridad dice que ahora no hay excusas para no dar resultados.
|
También se establecen nuevas medidas en los centros penales del país para evitar que desde esos recintos, los criminales y las pandillas sigan extorsionando y ordenando asesinatos y otros actos delictivos en contra de la población.
Para el caso, la reforma a la Ley del Sistema Penitenciario establece en uno de sus apartados que los reos que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas serán separados del resto de la población penitenciaria y enviados a recintos de máxima seguridad, para lo cual el Gobierno prevé realizar una masiva movilización en los próximos días.
De hecho, se tiene previsto la movilización de al menos 2,000 mareros de los principales presidios, en los cuales se habían convertido en amos y señores.
Además, se ordena a los operadores de los servicios de telefonía celular y comunicaciones personales (PCS) que procedan a instalar soluciones técnicas sugeridas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para bloquear de forma efectiva las señales desde todos los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de niños. Una vez instalados, las compañías serán responsables de su efectiva administración, operación y uso. Bajo los nuevos parámetros, los operadores deberán bloquear todas las señales inalámbricas que permitan cualquier tipo de comunicación, ya sea por medio de transmisión de voz, datos e imágenes a través de la telefonía celular, analógica, digital, telefonía satelital, sistemas de trasmisión inalámbrica como el wifi, wimax, Bluetooth, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), entre otros.
El bloqueo de todos estos dispositivos restringirá en gran medida que los criminales se comuniquen con sus compinches fuera de las cárceles para ordenar asesinatos, asaltos y el cobro del mal llamado “impuesto de guerra”.
Otra disposición será la rápida intervención de las llamadas telefónicas y el acceso a la información de las mismas, para lo cual la reforma contempla que las compañías de telefonía móvil deberán facilitar los datos a las autoridades en cualquier hora del día y de la semana.
| Traslado de prisiones
Se declara de interés y prioridad nacional la reubicación de los centros penitenciarios que funcionen en áreas urbanas
|
Vigilancia total
Por otro lado, el paquete de reformas facultan a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el acceso a las bases de datos de las entidades públicas que administran información de interés para la seguridad y la defensa nacional, incluyendo el acceso presencial o remoto en tiempo real a los sistemas de videovigilancia que manejan las diferentes instituciones del Estado.
Esto implica que la DNII tendrá sus ojos sobre gran parte de los empleados de las instituciones del Estado, en una especie de supervigilancia estatal.
Pago de recompensas. Asimismo, las enmiendas contemplan reformas a la Ley de Recompensa a efecto que la DNII, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad establezcan un sistema de pago por información real y veraz a terceras personas que brinden datos útiles para lograr la aprehensión de implicados en la comisión de delitos.
| Libertad de expresión
Con su vigencia, también quedó en vigor el artículo 335-B que, según la prensa, criminaliza a medios y periodistas
|
También se pagará recompensa a todas aquellas personas que brinden información efectiva que permita el comiso de dinero en efectivo proveniente del crimen organizada, crímenes de corrupción o fondos saqueados de las arcas del Estado.
Estas, entre otras muchas, medidas buscan erradicar o aminorar los elevados índices de extorsiones y asesinatos que se dan en el país por esta misma causa.
Julián Pacheco, secretario de Seguridad, exteriorizó que con este paquete de medidas legales no hay excusas para no dar los resultados que la ciudadanía espera.
| 50
Años de prisión
Será la pena máxima que se impondrá a criminales o miembros de maras que incendien un bus por motivos de extorsión
|
Raúl Pineda Alvarado, abogado y experto en derecho penal, dijo que con la entrada en vigor de la ley, los fiscales y jueces quedan facultados para comenzar a aplicar la ley con la rigurosidad del caso.
“Los jueces pueden actuar de inmediato y perfectamente pueden aplicar la ley en lo que concierne al delito de terrorismo y de extorsión porque es de carácter obligatorio”, explicó el reconocido jurista.
Por su lado, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, expresó que a través del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij) se comenzó a enviar copia de la nueva legislación a jueces y magistrados para que comiencen a aplicar las disposiciones legales en ella contenidas.
