La Ceiba, Atlántida.
La falta de interés hacia los pobres, no hay controles, ni sanciones, bajos salarios o pagos atrasados, falta de respeto hacia los bienes públicos y la ambición de las autoridades son efectos causados por la corrupción en los hospitales de Atlántida y Colón, según reveló una investigación de percepción del Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (Ceprosaf).
Este informe fue realizado en octubre en los hospitales de La Ceiba y Tela en Atlántida y Tocoa y Trujillo en Colón.
Se entrevistaron de manera intencionada a 24 funcionarios claves y 205 usuarios que demandaban atención al momento de la entrevista.
A través del proyecto Ciudadanos contra la Corrupción, apoyado por el Programa Impactos, el Ceprosaf, en base a percepciones comentadas se encontró que los funcionarios de esos hospitales no “hacen bien su trabajo”.
Entre los factores que más propician la corrupción en las instituciones de salud están “el deterioro o falta de formación de valores en la familia y la escuela”. “El mayor impacto de las acciones corruptas de los funcionarios se produce en la dificultad de los servicios hospitalarios para dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de la población que demanda atención de calidad en la entrega de medicamentos, acceso a medios de diagnósticos y tratamiento, atención oportuna y eficaz de las urgencias médicas”, informó Norma Carías, directora de Ceprosaf. El estudio reveló que el 31% de los usuarios entrevistados percibió que la corrupción en estos hospitales origina la falta de medicamentos, materiales y equipos.
También llama la atención que el 33% de los entrevistados expresaron no conocer sobre este tema, unos por temor a opinar, otros por desinterés y algunos por tener mayor información. Un 12% dijo que los actos de corrupción en los hospitales de la región son “algo ya común”. Sobre los efectos de este mal social en el acceso a la Salud, el 26% aseguró que dan recetas que no se pueden comprar, un 22% dijo que la gente tiene que comprar casi todo, el 16% opinó que no existe igualdad en la atención, y el 13% dijo sentirse afectados económicamente al tener que recurrir a los servicio de atención privada.