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Partido Liberal no negociará la cuota de un millón de lempiras

  • 27 octubre 2016 /

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) no retrocederá con la cuota de un millón de lempiras que se cobrará a cada corriente como requisito de inscripción para participar en las próximas elecciones primarias, afirmó Julio Quintanilla, miembro de esa entidad de dirección del liberalismo.

El dirigente se mostró extrañado por las posiciones de algunos líderes de corrientes que llegaron al extremo de ir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a pedir mediación para eliminar ese monto o reducirlo.

El CCEPL como entidad autónoma no tiene en la agenda reunirse con el TSE porque la medida que se tomó como pago por concepto de inscripción no es negociable, expresó Quintanilla.

En efecto, el órgano de dirección del liberalismo “se va a reunir, pero para ratificar esa cantidad, esto no es una cuestión de negociar, ya que el costo de administrar un proceso electoral, por parte de la Comisión Nacional Electoral requiere cuantiosos recursos”, argumentó el entrevistado.

Molesto por las declaraciones críticas y constantes de dirigentes de algunos movimientos, Quintanilla dijo que “esto no es un invento del Central Ejecutivo”, sino que está en los estatutos. Para las elecciones primarias de 2012, los movimientos que participaron en ese proceso pagaron 1.3 millones; o sea, que se les está rebajando 300,000 lempiras.

“No se trata de estar dañando a nadie”, insistió el dirigente del CCEPL, quien recordó a alcaldes, diputados y regidores que pretendan reunirse que tampoco serán inscritos si no están al día con las cuotas ordinarias, como lo mandan los estatutos del partido.

Carlos Montoya, que lidera una de las corrientes, expresó que a los miembros del CCEPL “no les cuesta el dinero, es muy fácil poner cualquier cantidad de dinero”.

Enrique Ortez Sequeira, por su lado, manifestó que la elevada cuota “limita la participación política del ciudadano”. Ortez Sequeira considera como inconstitucional la cuota porque la Carta Magna, que está por encima de los estatutos, garantiza la libre participación del ciudadano.