San Pedro Sula, Honduras.
Una mafia de estafadores se está agenciando millones de lempiras cometiendo operaciones fraudulentas con bienes inmuebles.
Aunque no es un delito nuevo, la estafa contra propietarios de terrenos y viviendas ha ido en aumento.
Esta red está formada por abogados, supuestamente algunos notarios, y en algunos casos participan empleados del Instituto de la Propiedad (IP), quienes inscriben de manera expedita los nuevos documentos.
Según se ha detectado, esta mafia opera ubicando en los barrios y colonias solares baldíos o viviendas que tienen rótulos de venta o alquiler.
Contactan al propietario por medio del número telefónico que es colocado en el rótulo y hacen una cita mostrándose interesados en el inmueble.
Por la necesidad de vender, los dueños muestran o prestan copias de la escritura y con el número de matrícula que aparece en el documento, los estafadores ingresan al sistema (lo pueden hacer desde un celular o computadora) y verifican los datos de la propiedad y a quien pertenece, según conoció LA PRENSA.
Demandas son frecuentes
Nelson Madrid, coordinador del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, indicó que en la judicatura son frecuentes las demandas por compraventa de propiedades de manera irregular.
Señaló que se conocen entre siete y nueve demandas mensuales por este tipo de anomalías. El profesional del Derecho comentó que generalmente estas demandas son contra los notarios porque son sus firmas y sellos los que aparecen en las escrituras que han sido falsificadas.
“Ellos permiten que personas ajenas a su oficina extraigan una escritura ya elaborada y eso no da fe de que el vendedor no esté firmando la compraventa. Está faltando a la verdad, está faltando a la función del notariado”, explicó Madrid.
Dijo que se incurre en el delito de falsificación de documentos públicos; pero la mayoría de afectados no buscan la persecución penal en los juicios, sino que el bien inmueble pase de nuevo a sus manos.
“El notario debe ser responsable civil y penalmente por todos aquellos daños que se estén cometiendo o que él esté prestándose para cometer. En el caso de las propiedades, sí hay que indemnizar a una persona por el hecho de que han falsificado una escritura pública o se haya hecho una compraventa. El que compra de buena fe quedó sin su dinero”.
El abogado aconsejó a los ciudadanos que regularmente acudan al Instituto de la Propiedad a verificar que su bien inmueble esté legalmente inscrito y que no esté a nombre de otras personas.
Lavado
Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del IP, reveló a inicios del año pasado que grupos criminales lavaban dinero a través de la institución.
La olla de la corrupción fue destapada en la oficina de La Ceiba en donde una auditoría indicó que se cometieron 712 irregularidades. En su momento, Díaz culpó a la descoordinación del personal, los registros públicos fácilmente manipulables y el desorden creado por los empleados confabulados con los grupos del crimen organizado para facilitar el lavado de dinero.
José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, dijo que no conoce casos concretos en la institución sobre ciudadanos que han sido despojados por estas redes de sus bienes inmuebles para obtener dinero estafando a terceras personas.
“Para nosotros sería más fácil saber sobre un caso concreto para iniciar con el proceso de investigación interna. Si a nosotros nos viene una denuncia que a una persona por determinada circunstancia le fue robada su propiedad mediante la falsificación de un documento, en ese caso procedemos a realizar la investigación de los antecedentes y determinar cómo se llevó a cabo el proceso de inscripción, revisar en nuestro sistema y archivos y eventualmente determinar la naturaleza del instrumento -escrituras-, porque el Instituto de la Propiedad lo que hace es inscribir instrumentos que vienen autorizados por notarios”, explicó el funcionario.
Cortés dijo que es Inspectoría la oficina encargada de investigar cuando se detecta una acción irregular de un empleado de la institución.
“Cuando recibimos una denuncia o de oficio iniciamos una investigación, se hace de manera profunda en caso que haya un antecedente y posteriormente se deduce responsabilidad administrativa de un funcionario con una suspensión o despido. Si existe indicio de la comisión de un delito, se remite la información al Ministerio Público para que haga las investigaciones”, dijo el funcionario.
Una mafia de estafadores se está agenciando millones de lempiras cometiendo operaciones fraudulentas con bienes inmuebles.
Aunque no es un delito nuevo, la estafa contra propietarios de terrenos y viviendas ha ido en aumento.
Esta red está formada por abogados, supuestamente algunos notarios, y en algunos casos participan empleados del Instituto de la Propiedad (IP), quienes inscriben de manera expedita los nuevos documentos.
Según se ha detectado, esta mafia opera ubicando en los barrios y colonias solares baldíos o viviendas que tienen rótulos de venta o alquiler.
Contactan al propietario por medio del número telefónico que es colocado en el rótulo y hacen una cita mostrándose interesados en el inmueble.
Por la necesidad de vender, los dueños muestran o prestan copias de la escritura y con el número de matrícula que aparece en el documento, los estafadores ingresan al sistema (lo pueden hacer desde un celular o computadora) y verifican los datos de la propiedad y a quien pertenece, según conoció LA PRENSA.
Con los documentos, estas bandas hacen una donación falsa en papel sellado. “La mayor parte de los sellos, los timbres y las firmas de los notarios son falsas. Ya con los documentos fraudulentos de la donación se van al Registro de la Propiedad a inscribirla y una vez registrada se tiene la facilidad de acudir a un banco, un prestamista o venderla sin que el verdadero dueño se dé cuenta”, explicó una fuente del Ministerio Público que investiga estos casos.
Este tipo de delito no solo afecta a las personas que habitan en los barrios pobres, sino que también ocurren en colonias y zonas exclusivas.
Este negocio deja millones de lempiras de ganancia a los estafadores. En algunos casos, una transacción le deja hasta 1.6 millones de lempiras a una sola persona.
El IP en San Pedro Sula conoció en su momento un aproximado de 100 denuncias de afectados por esta red criminal que los despojó de sus bienes inmuebles.
Denuncias
El Ministerio Público conoce en el Valle de Sula unas 200 denuncias de ciudadanos que han sido despojados de su terreno o vivienda.
LA PRENSA conoció que se conformó un grupo de fiscales que está trabajando en la investigación de estos casos.
“Cuando las personas quieren traspasar, vender o hipotecar su propiedad se dan cuenta que ya no está a su nombre y es cuando acuden al Ministerio Público a denunciar”, dijo una fuente de la Fiscalía.
Se investiga a empleados del IP que podrían estar confabulados con estos estafadores en hacer los traspasos de los bienes inmuebles. También a abogados y personas particulares.
Los delitos que se investigan son falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y estafa.
| El avance de los trámites se puede ver en digital.
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Nelson Madrid, coordinador del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, indicó que en la judicatura son frecuentes las demandas por compraventa de propiedades de manera irregular.
Señaló que se conocen entre siete y nueve demandas mensuales por este tipo de anomalías. El profesional del Derecho comentó que generalmente estas demandas son contra los notarios porque son sus firmas y sellos los que aparecen en las escrituras que han sido falsificadas.
“Ellos permiten que personas ajenas a su oficina extraigan una escritura ya elaborada y eso no da fe de que el vendedor no esté firmando la compraventa. Está faltando a la verdad, está faltando a la función del notariado”, explicó Madrid.
Dijo que se incurre en el delito de falsificación de documentos públicos; pero la mayoría de afectados no buscan la persecución penal en los juicios, sino que el bien inmueble pase de nuevo a sus manos.
“El notario debe ser responsable civil y penalmente por todos aquellos daños que se estén cometiendo o que él esté prestándose para cometer. En el caso de las propiedades, sí hay que indemnizar a una persona por el hecho de que han falsificado una escritura pública o se haya hecho una compraventa. El que compra de buena fe quedó sin su dinero”.
El abogado aconsejó a los ciudadanos que regularmente acudan al Instituto de la Propiedad a verificar que su bien inmueble esté legalmente inscrito y que no esté a nombre de otras personas.
Lavado
Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del IP, reveló a inicios del año pasado que grupos criminales lavaban dinero a través de la institución.
La olla de la corrupción fue destapada en la oficina de La Ceiba en donde una auditoría indicó que se cometieron 712 irregularidades. En su momento, Díaz culpó a la descoordinación del personal, los registros públicos fácilmente manipulables y el desorden creado por los empleados confabulados con los grupos del crimen organizado para facilitar el lavado de dinero.
José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, dijo que no conoce casos concretos en la institución sobre ciudadanos que han sido despojados por estas redes de sus bienes inmuebles para obtener dinero estafando a terceras personas.
“Para nosotros sería más fácil saber sobre un caso concreto para iniciar con el proceso de investigación interna. Si a nosotros nos viene una denuncia que a una persona por determinada circunstancia le fue robada su propiedad mediante la falsificación de un documento, en ese caso procedemos a realizar la investigación de los antecedentes y determinar cómo se llevó a cabo el proceso de inscripción, revisar en nuestro sistema y archivos y eventualmente determinar la naturaleza del instrumento -escrituras-, porque el Instituto de la Propiedad lo que hace es inscribir instrumentos que vienen autorizados por notarios”, explicó el funcionario.
Cortés dijo que es Inspectoría la oficina encargada de investigar cuando se detecta una acción irregular de un empleado de la institución.
“Cuando recibimos una denuncia o de oficio iniciamos una investigación, se hace de manera profunda en caso que haya un antecedente y posteriormente se deduce responsabilidad administrativa de un funcionario con una suspensión o despido. Si existe indicio de la comisión de un delito, se remite la información al Ministerio Público para que haga las investigaciones”, dijo el funcionario.
