Tegucigalpa, Honduras.
La operación Medusa siguió ayer ejecutando acciones contra dos empleados del Poder Judicial y un policía vinculado a acciones de corrupción.
Ayer, el Ministerio Público promovió antejuicio contra la jueza de Letras Seccional de Yoro, Keila Jolany Fugón Ávila, a quien se le acusa de prevaricato. Según la investigación, la juzgadora actuó al margen de la ley al ordenar la excarcelación de Heber Eliseo Vallecillo Ramírez, a quien en su momento ella condenó a cinco años de prisión por evasión.
La resolución favoreció al sentenciado con la suspensión condicional de ejecución de la pena, pese a que esa figura jurídica no se aplica según el Código Penal Vigente. Fugón emitió el fallo el pasado 4 de enero, pero fue rechazado por un juez ejecución. “Ha incurrido en el delito de prevaricato ya que con malicia o conciencia de la injusticia dictó sentencia contraria a ley para favorecer a un encausado en materia criminal”, cita un comunicado del Ministerio Público.
La entidad acusadora espera que la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula declare ha lugar el antejuicio y autorice a la Fiscalía a presentar el requerimiento.
Por violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de objetos destinados a servir de evidencias fue acusado Héctor Orlando Díaz, secretario de adjunto del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán.
Según el requerimiento, Díaz se apropió de 83,000 lempiras que servían como prueba en un caso de extorsión, donde se decretó un fallo absolutorio a favor de los imputados y correspondía al encausado custodiar y devolver las evidencias a sus propietarios, pero esto no ocurrió.
Policía
También en la operación se interpuso requerimiento contra Ever Antonio Sánchez Reyes, subjefe de la estación policial de Langue, Valle. A Sánchez Reyes se le supone responsable de cohecho y violación de los deberes de los funcionarios. Según el Ministerio Público, el acusado solicitó y recibió un soborno de 4,000 lempiras por dejar ir a un ciudadano que conducía ebrio.
Resolución
Con respecto a los detenidos el pasado lunes en la operación Medusa, ayer un juez con jurisdicción nacional envió a la cárcel de La Ceiba a la fiscal Yasmín Zamara Dubón, por suponerla responsable de los delitos de fraude y abandono del cargo. Mientras que a Herlon David Menjívar, secretario adjunto del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a quien se le imputan tres delitos de cohecho en concurso real, le fue dictada detención judicial y remitido a la cárcel de Támara.
Yenny Petra Seidel y Adela Elizabeth Sánchez, acusadas de destrucción de documentos a la custodia de un funcionario público, les dictaron medidas cautelares. Sin embargo, deberán presentarse periódicamente a firmar al tribunal.
La operación Medusa siguió ayer ejecutando acciones contra dos empleados del Poder Judicial y un policía vinculado a acciones de corrupción.
Ayer, el Ministerio Público promovió antejuicio contra la jueza de Letras Seccional de Yoro, Keila Jolany Fugón Ávila, a quien se le acusa de prevaricato. Según la investigación, la juzgadora actuó al margen de la ley al ordenar la excarcelación de Heber Eliseo Vallecillo Ramírez, a quien en su momento ella condenó a cinco años de prisión por evasión.
La resolución favoreció al sentenciado con la suspensión condicional de ejecución de la pena, pese a que esa figura jurídica no se aplica según el Código Penal Vigente. Fugón emitió el fallo el pasado 4 de enero, pero fue rechazado por un juez ejecución. “Ha incurrido en el delito de prevaricato ya que con malicia o conciencia de la injusticia dictó sentencia contraria a ley para favorecer a un encausado en materia criminal”, cita un comunicado del Ministerio Público.
La entidad acusadora espera que la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula declare ha lugar el antejuicio y autorice a la Fiscalía a presentar el requerimiento.
Por violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de objetos destinados a servir de evidencias fue acusado Héctor Orlando Díaz, secretario de adjunto del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán.
Según el requerimiento, Díaz se apropió de 83,000 lempiras que servían como prueba en un caso de extorsión, donde se decretó un fallo absolutorio a favor de los imputados y correspondía al encausado custodiar y devolver las evidencias a sus propietarios, pero esto no ocurrió.
Policía
También en la operación se interpuso requerimiento contra Ever Antonio Sánchez Reyes, subjefe de la estación policial de Langue, Valle. A Sánchez Reyes se le supone responsable de cohecho y violación de los deberes de los funcionarios. Según el Ministerio Público, el acusado solicitó y recibió un soborno de 4,000 lempiras por dejar ir a un ciudadano que conducía ebrio.
Resolución
Con respecto a los detenidos el pasado lunes en la operación Medusa, ayer un juez con jurisdicción nacional envió a la cárcel de La Ceiba a la fiscal Yasmín Zamara Dubón, por suponerla responsable de los delitos de fraude y abandono del cargo. Mientras que a Herlon David Menjívar, secretario adjunto del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a quien se le imputan tres delitos de cohecho en concurso real, le fue dictada detención judicial y remitido a la cárcel de Támara.
Yenny Petra Seidel y Adela Elizabeth Sánchez, acusadas de destrucción de documentos a la custodia de un funcionario público, les dictaron medidas cautelares. Sin embargo, deberán presentarse periódicamente a firmar al tribunal.
