Tegucigalpa, Honduras.
La ilegalidad en el transporte público de Honduras impide el reordenamiento del sector y disminuye la seguridad en esta actividad, que en los últimos seis años reporta una alta incidencia de asesinatos por el cobro de extorsiones.
Se calcula que unos mil buses y microbuses y cinco mil taxis operan ilegalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que provoca una competencia desleal y una fuente de inseguridad.
El censo de la Dirección General del Transporte (DGT) detalla que en Tegucigalpa circulan legalmente 1,400 buses y 7,000 taxis, en San Pedro Sula 1,450 autobuses y más de 5,200 taxis; en El Progreso y Choloma transitan 910 y 200 ruleteros.
Autoridades de la DGT estiman que en las dos principales ciudades del país operan ilegalmente mil buses y unos cinco mil taxis, lo que revela el desorden en el sector.
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Los dirigentes del transporte reprochan que los trabajadores de buses y taxis brujos son los menos afectados por la violencia que entre 2009 y 2014, ha dejado a unos 798 operarios asesinados.
El censo consiste en registrar la unidad, al propietario y conductor e incluye la modificación de los procedimientos para la extensión de permisos de operación y la revisión de rutas en los sectores urbano e interurbano.
El reordenamiento es una de las medidas que ha emprendido el Gobierno para reducir la ola de asesinatos y el cobro de extorsiones.
Otras de las acciones es la utilización de tecnología de vigilancia y posicionamiento global en tiempo real en los buses.
 Cuatro
departamentos de Honduras son las que registran el mayor número de de homicidios en el transporte de pasajeros: Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Atlántida. |
Reformas
Yovanni Dubón, director general de Transporte, dijo que el reordenamiento comenzó con la actualización de la mora que se recibió en esta administración en materia de permisos, lo que ha permitido emitir a esta fecha unas 16 mil constancias de operación.
Dentro del paquete hay renovaciones, nuevas solicitudes y autorizaciones de incremento de la flota.
Destacó que en este Gobierno se recibió una enorme deuda en cuanto a extensión de permisos de operación, pues en los cuatro años de la anterior administración únicamente se emitieron cuatro mil autorizaciones.
Explicó que la nueva Ley General de Transporte, que deberá aprobarse en los primeros días de diciembre próximo, contribuirá notablemente a regular el sistema y a ofrecer un mejor servicio a la población.
Sobre la seguridad que exigen los empresarios del servicio urbano, dijo que este es un asunto que no compete a la DGT, sino a la Secretaría de Seguridad. No obstante, indicó que esta instancia se encargará de velar que los transportistas cumplan con las disposiciones emitidas por el presidente de la república que pasan por el uso de tarjetas de pago y la colocación de botones de pánico, cámaras de seguridad y GPS.
Dubón insistió en que el reordenamiento del transporte depende de la readecuación de las rutas, que es una labor de la Municipalidad de Tegucigalpa; el combate de la ilegalidad en el servicio por mdio de la actualización y emisión de los permisos correspondientes y el fin del monopolio que ha imperado en algunas rutas.
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Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, indicó que cualquier medida que se implemente en el área de seguridad es bienvenida y por eso esperan que el Gobierno cumpla en poner marcha las cámaras de seguridad, botones de pánico, los patrullajes y la vigilancia en las terminales y las estaciones.
Apuntó que las restantes acciones dependen de los cuerpos de inteligencia y del Ejército para desarticular las bandas de extorsionadores y acabar con los asesinatos. Lanza opinó que la nueva Ley de Transporte más el reordenamiento de esta actividad comercial y el combate a la ilegalidad serán claves para garantizar la seguridad a usuarios y trabajadores.
| Los empresarios consideran que la proliferación de taxis y microbuses “brujos” propicia la inseguridad.
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