Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público (MP) constatará los alcances legales que tiene un decreto recién aprobado que autoriza traspasar a un banco los fondos de beneficiarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Poder Ejecutivo autorizó al IHSS para que invierta fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi) a cambio de que -entre otras cosas- el banco estatal le preste dinero a la entidad previsional para “pagar obligaciones pendientes”.
Esta transacción -autorizada en el decreto PCM-50-2014, emitido por el Consejo de Ministros el 4 de agosto y publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de agosto pasado- establece que los institutos previsionales pueden invertir hasta 12 mil millones de lempiras, y los recursos serán manejados por Banhprovi por medio de un fideicomiso.
Se le consultó al fiscal general, Óscar Chinchilla, si analizarán el contenido del decreto para constatar si vulnera o no preceptos constitucionales.
Respondió que efectivamente, el estudio técnico-jurídico lo tendrá que efectuar la Fiscalía de Defensa de la Constitución.
El análisis se hará con prontitud, y en el caso de confirmar que el decreto PCM-50-2014 violenta la Constitución, el MP interpondrá el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Dijo que el estudio se hará antes de que se interponga un similar recurso en dicha instancia judicial y tengan que pedirles obligatoriamente una opinión jurídica.
El Ministerio Público (MP) constatará los alcances legales que tiene un decreto recién aprobado que autoriza traspasar a un banco los fondos de beneficiarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Poder Ejecutivo autorizó al IHSS para que invierta fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi) a cambio de que -entre otras cosas- el banco estatal le preste dinero a la entidad previsional para “pagar obligaciones pendientes”.
Esta transacción -autorizada en el decreto PCM-50-2014, emitido por el Consejo de Ministros el 4 de agosto y publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de agosto pasado- establece que los institutos previsionales pueden invertir hasta 12 mil millones de lempiras, y los recursos serán manejados por Banhprovi por medio de un fideicomiso.
Se le consultó al fiscal general, Óscar Chinchilla, si analizarán el contenido del decreto para constatar si vulnera o no preceptos constitucionales.
Respondió que efectivamente, el estudio técnico-jurídico lo tendrá que efectuar la Fiscalía de Defensa de la Constitución.
El análisis se hará con prontitud, y en el caso de confirmar que el decreto PCM-50-2014 violenta la Constitución, el MP interpondrá el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Dijo que el estudio se hará antes de que se interponga un similar recurso en dicha instancia judicial y tengan que pedirles obligatoriamente una opinión jurídica.
