Buenos Aires, Argentina.
Los países sudamericanos ratificaron “su solidaridad militante” con el Gobierno de Argentina en su litigio por la deuda soberana impaga con fondos especulativos en una cumbre en Caracas.
El Gobierno argentino tiene plazo hasta hoy, miércoles 30 de julio, a última hora para llegar a un acuerdo con los fondos a los que llama “buitres” y que obtuvieron una sentencia en la justicia estadounidense para cobrar 1,330 millones de dólares por bonos impagos de 2001 al mismo tiempo que lo hacen los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010.
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La presidenta argentina Cristina Kirchner agradeció la solidaridad, ratificó que su gobierno pagará todas sus deudas y coincidió en que los fondos especulativos “afectan no solamente a Argentina, sino a todo el sistema financiero internacional”.
Mediador
Una delegación de Argentina se reunió ayer en Nueva York con el mediador judicial para tratar de hallar una solución del litigio. En el encuentro participó el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, quien llegó de Caracas.
Kirchner lanzó un llamado a reforzar los mercados de los países sudamericanos, pero siempre bajo la dirección del Gobierno.
“Debemos integrar nuestros mercados, pero no lo van a hacer los empresarios. Es una decisión que se toma desde la política, articulando, acompañando los esfuerzos de los empresarios porque si dejamos esto en manos del sector privado, no vamos a tener buenos resultados”, dijo.
A negociar
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EUA, Robert Menéndez, instó ayer al Gobierno argentino “a entablar negociaciones inmediatas y directas con sus acreedores” y advirtió que si el país cae en suspensión de pagos, se “alejará aún más de sus socios comerciales”. “No hay razón por la cual un miembro del G-20 no pueda cumplir sus obligaciones financieras y legales a nivel internacional”, aseguró el legislador cubanoestadounidense.
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Entretanto, el Gobierno argentino espera que el juez neoyorquino Thomas Griesa acepte otorgar una medida cautelar que le brinde un “plazo determinado” para resolver los problemas con sus acreedores.
