Tegucigalpa, Honduras
La directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Martha Doblado, tuvo conocimiento de muchas de las anomalías detectadas en el proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo y de los incumplimientos de la empresa constructora, según nuevos documentos en poder de diario LA PRENSA.
Cuando se aprobó el financiamiento de ese proyecto en febrero de 2011, Doblado fungía como asistente de la dirección ejecutiva del Injupemp y no desconocía todo lo que ocurría con respecto a esa obra, según notificaciones y memorando que se le hicieron llegar en los meses siguientes.
Así lo establecen los memorandos del 7 de septiembre de 2012, 3 de abril de 2013 y 6 de junio del mismo año, enviados por la jefa de la División de Ingeniería y Proyectos de la institución, Irene Carolina Morales, en los que se detallan las fallas en el proyecto y los reiterados retrasos en la instalación del agua potable y el servicio de alcantarillado de aguas negras.
Tales documentos contradicen la versión de Doblado de que ella desconocía el informe de la Unidad de Auditoría Interna de Injupemp en el que se detallaban la mala calidad de las viviendas, la falta de supervisión adecuada y la violación de los estándares de construcción en la edificación de los inmuebles.
En su descargo, la funcionaria dijo a LA PRENSA que en la sesión del 22 de febrero de 2012 fue la única que advirtió que para continuar la obra el terreno debía estar completamente urbanizado porque ninguna compañía aseguradora iba a asegurar el predio si le faltaban los servicios de agua potable, electricidad y alcantarillado; por consiguiente no se podían otorgar los financiamientos.
El departamento de Auditoría estableció en un informe del 11 de junio de 2013 que la construcción constituía un riesgo muy alto para el comprador de los inmuebles porque se podían desmoronar fácilmente dada la mala calidad de los materiales y representaba un peligro para las finanzas de la institución por la recuperación del crédito en caso de una eventualidad.
En los expedientes, asimismo, se notificó en varias oportunidades y en fechas diferentes a las autoridades de las delicadas fallas en la edificación de las residencias, la mala calidad de la mano de obra y las repercusiones que estas tendrían en los derechohabientes y en la institución, pero no se hizo prácticamente nada para subsanar esas anomalías.
Pese a los dictámenes contrarios, el directorio de la institución, presidido por el exviceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez, y el exdirector Andrés Torres, impulsó el proyecto contra viento y marea y le concedió condiciones excepcionales al autorizar continuas prórrogas para instalar los servicios básicos y aprobar facilidades especiales para el acceso a los préstamos.
Se construyó en tierra en litigio
En un primer informe remitido a la junta directiva del Injupemp el 7 de septiembre de 2012 por la jefa de la división de Ingeniería se advierte, entre otras cosas, que en ese momento el proyecto había sido cerrado por el Juzgado de Policía de la alcaldía de Tegucigalpa debido a que las tierras del asentamiento se encontraban en litigio.
“Actualmente, el proyecto se encuentra cerrado por el Juzgado de Policía de la alcaldía del Distrito Central (AMDC) debido a que existe una orden de la Corte Suprema de Justicia de suspender los trabajos en vista del litigio de tierras”, señala en una de sus conclusiones el citado informe. Se señaló que los trabajos de la compañía Solvisa se encontraban suspendidos, ya que no se encontraba personal técnico ni de campo en el proyecto en el momento de la inspección de la obra.
“Los avances en la construcción de nuevas viviendas y en las actividades de resanar las casas ya construidas con respecto a la última visita son prácticamente nulos”, indicó en ese momento la jefa de ingeniería.
Se notificó sobre severos daños en la planta de tratamiento, como fisuras en la viga canal de reactor debido al deslave de la tierra, saturación de tierra y agua en la sección del filtro, viga canal para depósitos sólidos soterrada totalmente y planta de secado de sólidos soterrada parcialmente.
En otro informe del 3 de abril de 2013 se advirtió que esta situación en la planta de tratamiento estaba a punto de desencadenar la contaminación del ambiente en la zona, aunque ya se estaba trabajando en el problema.
La División de Ingeniería hizo del conocimiento de la junta directiva en fechas posteriores que la instalación de la tubería de agua potable y la reparación de la planta de tratamiento presentaban retrasos significativos.
“Es difícil determinar la fecha en que el sistema se encuentre trabajando con el agua proveniente de la estación potabilizadora de Concepción debido a que el personal de campo y el técnico no establecieron una fecha clara para que esta conexión esté terminada”, apunta la Unidad de Ingeniería.
“No hubo pérdida”
En una entrevista ofrecida a LA PRENSA el pasado lunes, Doblado confirmó que hubo debilidades en la construcción del proyecto, pero adujo que ella no conoció dichos documentos porque su cargo estaba limitado como asistente de la Dirección Ejecutiva.
No obstante indicó que tras asumir la titularidad de la institución, el caso de Ciudad Tecnológica se llevó a consideración de la junta directiva en la sesión del 26 de febrero del año en curso y ahí se resolvió acatar todas las recomendaciones de Auditoría Interna, procediéndose a dejar en suspenso todos los financiamientos que estaban en curso para esta urbanización.
Ahí mismo se solicitó a la empresa Solvisa que procediese a contratar los servicios de la Chico para elaborar un estudio de factibilidad dirigido a recuperar las viviendas que presentaban daños o debilidades infraestructurales, con el fin de determinar la continuidad o no de los préstamos o la posibilidad de resarcir daños.
“Se pidió a Solvisa que contratara un estudio de la Chico para ver si en este momento las casas cumplen todas las especificaciones técnicas en la parte constructiva y a la empresa se le comunicó la resolución de la junta directiva. Estamos pendientes de que nos notifique si ya contrató a la Cámara de la Construcción y cuál es el resultado del informe”, apuntó.
Al consultarla sobre la tardanza en implementar las recomendaciones de Auditoría a sabiendas de que el proyecto no reunía las condiciones técnicas, la titular del Injupemp se limitó a decir: “No sabría decirle porque no se acató, ya que yo desconocía ese informe y Auditoría Interna no me mandó copia y es hasta que asumo la dirección que llego a conocerlo”.
Aseguró que el Injupemp hasta ahora no registró ninguna pérdida económica en este proyecto porque no invirtió en la construcción de las viviendas, pues se limitó a otorgar los préstamos para que sus beneficiarios las adquirieran.
Aseguró que los 23 préstamos otorgados a igual número de sus beneficiarios se encuentran al día a la fecha, aunque reconoció que cabe la posibilidad de que se presenten problemas de insolvencia o impagos a futuro, pero por otras razones. “Lo que podría ocurrir en el instituto es un problema de morosidad, de que las personas a quienes se les otorgó el financiamiento entren en mora; normalmente eso ocurre en caso de que la persona llegue a perder su trabajo, pero hasta este momento todos los préstamos están al día”.
Firmó cheques de ayuda
Aunque la funcionaria negó que haya tenido responsabilidad en muchas de las anomalías descubiertas en el Injupemp en vista de que no tenía poder de decisión y porque muchas de las decisiones las tomaba el director de la institución, Andrés Torres, LA PRENSA tuvo acceso a copias de cheques de ayuda humanitaria supuestamente firmados por ella.
Precisamente esta es una de las líneas de investigación que rastrean el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Ministerio Público.
Según la documentación, Doblado firmó dos cheques de ayuda humanitaria por 10,000 y 20,000 lempiras entre enero y febrero de 2012 para practicar una resonancia magnética y comprar una prótesis total de rodilla a favor de Caty Suyapa Matamoros Ochoa y Pedro Martín Estrada Corea, respectivamente.
Según el CNA, estas ayudas no estaban autorizadas y se desconoce si llegaron a los verdaderos beneficiarios.
La compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras, millonarios pagos de abogados privados, reparto de regalos suntuosos a los directivos y oscuras inversiones son, entre otras, las irregularidades que investigan los organismos contralores y fiscalizadores del Estado en el Injupemp.
Una investigación de Diario LA PRENSA sacó a luz pública la compra anómala de bonos del Estado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la que el Estado tuvo un perjuicio económico de más de 5.4 millones de lempiras pagados a una empresa fantasma vinculada al yerno del director del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez.
Autoridades de la Unah insisten en que operación de bonos fue legal
El gerente financiero de la Unah, Leonidas Elvir, reiteró que la operación bursátil que realizaron con Injupemp en la venta de bonos es completamente legal, aunque personalmente no conoce a los ejecutivos de Diazgar.
“Jamás los he visto, pero reitero que la operación fue legal porque siempre recurrimos al puesto de bolsa. Hay correos electrónicos que indican que desde la casa de bolsa se enviaban copias al gerente de Diazgar; el filtro es el puesto de bolsa”, explicó Elvir.
El funcionario universitario agregó que no son especialistas en transacciones bursátiles, por lo que tuvieron que recurrir a la venta de bonos ante la falta de pago. “Al inicio le pedimos una nota al Injupemp donde nos dijeran que Diazgar los estaba representando y no lo logramos. No obstante, obtuvimos de la empresa una nota diciendo que representaban al Injupemp y que estaban encargados de la negociación”, reveló el gerente.
Enseguida, Carlos Zúñiga, director de finanzas del Injupemp, les dio fe de que Diazgar hacía transacciones conformes a la normativa de la institución.
Impotencia
La tesorera de la Unah, Gloria Moya, confesó que lloró de la impotencia en su oficina al darse cuenta de que si hubieran actuado de manera directa con el Injupemp, el descuento habría sido mayor en la tasa de interés de los bonos. “En la segunda operación en que ya sacrificamos tanto, lloré de impotencia en la oficina porque me dije que no era posible que sacrificáramos tanto cuando se habría podido hacer la operación de manera directa; la pérdida sería menor para Unah”, expresó Moya.
La tesorera de la máxima casa de estudios justificó que la Unah necesitaba el dinero y se vieron obligados a poner en venta los bonos. “El gerente de finanzas del Injupemp nos dio luz verde para hacer la operación.
Nos interesaba porque si no hubiera sido con Injupemp, las otras ofertas que teníamos eran sacrificar el 15 y 10% del valor nominal de los bonos. Era mucho más lo que hubiéramos perdido con otras instituciones”. La funcionaria afirmó que si existe una denuncia sobre esta operación, es porque hay algo anómalo.
“Por lo que dice la investigación, Diazgar no es una empresa correcta”. La rectora de la Unah, Julieta Castellanos, pidió a las autoridades competen tes que continúen la investigación, ya que consideran que la operación que realizaron es legal. “Llamé a Andrés Torres en diciembre, igual que a Daniel Durón, para decirles que la Unah tenía estos bonos y necesitábamos colocarlos. Fue una llamada administrativa entre dos funcionarios. Luego el caso pasó a los mandos financieros”, dijo la rectora.
Castellanos alentó al TSC y a la CNBS a que continúen las investigaciones porque para la Unah fue una operación estrictamente legal y que pueden investigar a los funcionarios universitarios de que ninguno ha recibido una compensación al respecto
