Tras la destitución de cuatro magistrados considerado como ''golpe técnico'' que el Congreso Nacional dio al Poder Judicial, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció hoy que invitará 'en las próximas horas' a los poderes Legislativo y Judicial a 'un diálogo amplio y abierto' para busca una 'salida' al conflicto derivado de la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
'Compatriotas, estoy aquí frente a ustedes haciendo un llamado a la armonía entre los poderes que conforman nuestro sistema democrático', dijo el gobernante en un escueto mensaje a la Nación, transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
Lobo hizo el planteamiento un día después de que el Parlamento destituyó a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que en noviembre pasado declararon inconstitucional el procedimiento aprobado por el Ejecutivo para depurar a la Policía hondureña, que está infiltrada por el crimen.
En su breve mensaje, el gobernante dijo sin más precisiones que 'en las próximas horas' estará 'invitando' a los presidentes del Parlamento, el oficialista Juan Hernández; del Supremo, Jorge Rivera, 'y otros actores claves de la democracia, a un diálogo amplio y abierto'.
Las conversaciones serán 'para construir una salida y un ambiente de colaboración, interacción y cooperación entre todos, por el bien de Honduras', enfatizó el mandatario.
'Debemos recordar que solo juntos hemos logrado superar las mayores dificultades que hemos enfrentado. Honduras somos todos', enfatizó el gobernante, quien asumió el poder el 27 de enero de 2010 para un período de cuatro años.
El Parlamento hondureño destituyó, en una votación por mayoría calificada, a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional del Supremo, en lo que diversos sectores calificaron como un 'golpe técnico', y ayer mismo nombró a sus sustitutos.
Según la Constitución hondureña, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte.
Los jueces destituidos fallaron el pasado 27 de noviembre en contra de las llamadas pruebas de confianza -que consisten en someter a los policías al polígrafo, examen psicológico y antidrogas- practicadas a los agentes de la Policía Nacional y autorizadas por un decreto que había vencido dos días antes.
Lobo, que se disgustó por las decisión de los jueces e incluso les preguntó si 'estaban al lado de los delincuentes', pidió el pasado 27 de noviembre al Parlamento prorrogar por otros seis meses el decreto de Depuración de la Policía, lo que aún no decide el Legislativo.
