Un expediente investigativo abrió el Ministerio Público para confirmar si existen delitos penales en la separación de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer el Congreso Nacional destituyó del cargo a los magistrados de la Sala Constitucional: Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo y Antonio Gutiérrez Navas. “El Ministerio Público tiene que tener una opinión sobre lo que sucedió, somos una institución que actuamos objetivamente, por eso estamos solicitando muy cortesmente al Congreso que nos envíe la moción, el decreto, para conocer los hechos, para pronunciarnos sobre esos hechos y ver dentro de que parámetros actúa el Congreso”, expresó Luis Rubí, fiscal general.
Un equipo de fiscales está a la espera de la documentación solicitada al Congreso, para conocer los argumentos jurídicos.
Se solicitó la información correcta para no hacer apreciaciones a la ligera. Entre las dudas que pretende despejar el ente acusador del Estado es conocer quién presentó la moción, cómo la presentó, qué contenía, cuál fue el decreto, cuáles fueron los lineamientos, en qué se fundamentaron y por qué en menos de un día se evaluó un informe contra los magistrados.
Del estudio que resulte se decidirá si se procede o no ante los tribunales.
El Ministerio Público estudiará todas las circunstancias, afirmó.
Entre los extremos que se espera confirmar es si diputados que aprobaron la destitución de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional incurrieron o no en delitos como: traición a la patria, abuso de autoridad, violación a deberes de funcionarios y usurpación de funciones. “Vamos a analizar la responsabilidad, si es que la hay”, expresó.
Sin embargo, dijo que no se puede adelantar a hechos que tienen consecuencias jurídicas. Afirmó que el MP se pronunciará en base a hechos investigados. Además, expuso que quienes se sienten perjudicados pueden presentar recursos ante el Poder Judicial. De ser así, el MP plasmará su posición en un dictamen que remitiría a la CSJ.
Advirtió que con irrespeto a un Estado de derecho no solo pueden destituir a un fiscal, sino al MP. “El imperio de la fuerza, de la mayoría no puede estar por encima de la ley, o hacer uso del poder en contra de la ley, es un proceso definitivamente inaceptable”, enfatizó el fiscal general.
