“Resulta inadmisible que se cuestionen las pruebas ya que sigue siendo un tema en la reforma en la Policía… valoramos que el fallo de la Sala de lo Constitucional vino a crear incertidumbre, eso generó desconfianza y crispación en la ciudadanía”.
Así analizó la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, la decisión que llevó al Congreso Nacional a destituir en la madrugada del miércoles a cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
La rectora sin embargo, catalogó como un conflicto de poderes el choque entre el Legislativo y Judicial que deja manifiesta la necesidad que la existencia de instrumentos para resolver dichos impasses.
“Falta un mecanismo que dé claridad y certeza en estos temas, porque unos atribuyen que el Congreso no tiene facultades de destituir magistrados, mientras otros dicen que quien los nombra tiene la facultad de removerlos”, afirmó Castellanos.
Castellanos recordó que la actual crisis se debe a declaración de inconstitucionalidad de ocho leyes presentadas aprobadas por el Legislativo y el Ejecutivo que tienen que ver con el tema de tierras, el 1 por ciento del ISR, la depuración de la Policía, la extradición de hondureños, entre otros.
“Esto revela que el país necesita instancias más profesionales y técnicas y que no se resuelvan los fallos de manera política. Este problema, igual que la crisis de 2009 debe darnos una lectura muy completa”, concluyó.
