Con su amplia trayectoria en derecho constitucional, Rigoberto Espinal Irías, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual asesor del Ministerio Público, aseguró que la actual crisis política
en Honduras, gestada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, tiene como único objetivo llevar a Honduras a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Sabemos que nos quieren conducir a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la Constitución de la República, la que no le favorece a un poder absoluto y este es el momento de recordar a todo ciudadano hondureño: el poder absoluto corrompe absolutamente, utilizan la falsedad y la mentira, sobre todo las personas que están vinculadas realmente al crimen organizado, procuran desprestigiar, deslegitimizar a toda autoridad que realmente son un obstáculo para que puedan cumplir su vida criminal”, afirmó.
El también exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dio las declaraciones en el foro de debate de Canal 10, aseguró que el gran plan viene preparándose desde el proyecto de la Cuarta Urna Constitucional, suscrita por actuales miembros del Congreso Nacional.
Cabe señalar que en mayo de 2009, antes que estallara la crisis política promovida por el expresidente Manuel Zelaya, el actual mandatario, Porfirio Lobo Sosa, presentó un proyecto llamado “Urna Constitucional”.
Este proyecto fue calificado por analistas como el mismo de Zelaya con diferente nombre, que lo que fortalecía en aquel momento era la cuarta urna del expresidente creando un sentimiento de incertidumbre, sospecha y reserva.
Según Espinal Irías, el proyecto de la urna constitucional dio origen a un expediente para ser procesados, pero en el momento oportuno lo retiraron y no se presentó ese requerimiento.
Sobre la actual crisis política en la que el Congreso Nacional destituyó a cuatro de cinco magistrados que componen la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Rosa Linda Cruz de Williams, Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez y Gustavo Bustillo Palma, el pasado 12 de diciembre en horas de la madrugada, Espinal Irías explicó que la Fiscalía se reunió el viernes anterior a escuchar la orientación del fiscal general, Luis Rubí, sobre la situación de los cuatro magistrados.
“El Fiscal general piensa que hay un momento donde hay un incendio y se tira un poco de gasolina, el incendio es mayor.
Es necesario encontrar una solución antes de generar un problema mayor, incluso tenemos fiscales que ya están preparados para presentar requerimientos si fuese necesario.
Pensamos también y el fiscal general lo dijo con claridad, que en Honduras nadie debe de estar sobre la ley, ninguno y en esto hay que jugarlo con valor pero también con prudencia, saber agotar primero los caminos y no generar una crisis superior”, explicó el abogado sobre el posible requerimiento fiscal que podría desatarse contra los 97 diputados del Congreso que votaron a favor de la destitución de los cuatro magistrados.
Los tres caminos
Para Espinal Irías existen tres caminos que conducen a resolver la crisis política con la destitución ilegal de los cuatro magistrados.
El primer nivel de solución al problema es con la participación del G16 (grupos de países cooperantes) y de las embajadas acreditadas en Honduras.El segundo nivel para resolver la crisis es a nivel nacional, que según el abogado constitucionalista, hay un grupo de dos o más diputados que están conscientes de que lo hecho es un atropello contra todo el Poder Judicial.
Estos diputados deben presentar una moción para derogar el acuerdo anterior y restituirlos, para eso se necesita el valor y el coraje de saber de que se han equivocado y que pueden rectificar.
El tercer camino para aliviar el golpe del Congreso contra los cuatro magistrados es agotar las instancias y recursos internos legales que tiene el proceso hondureño.
“Hay que agotar el recurso mas idóneo, en este caso estoy oyendo de un amparo, es breve, sencillo. Agotado ese recurso, deben pasar a la instancia internacional, llegar a la Comisión Interamericana, estoy seguro que este caso sería judicializado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estoy muy seguro, 100% seguro que es una sentencia favorable a los cuatro magistrados que han sido atropellados de esta manera”.
