Atenas, Grecia.
El año pasado, Grecia parecía levantar cabeza. La economía estaba creciendo, en un cierto punto más rápido que la de Alemania. Los inversionistas internacionales competían por comprar los bonos del gobierno. Los bancos se fortalecían y los políticos hablaban de una “salida limpia” del rescate que llevaba años: no más préstamos, no más dinero, no más revisiones humillantes de los burócratas de Bruselas.
La situación de muchos griegos, sin embargo, iba de mal en peor.
Katerina Papalevizopoulou se había quedado sin trabajo. Su esposo había perdido su empleo como conductor de un camión y manejaba un taxi. Ganó unos 7.000 euros (US$8.000) en 2014, menos que los 9.000 euros del año previo y la mitad de lo que había obtenido en 2008. Adeudan unos 70.000 euros de la hipoteca del apartamento que habitan en la capital griega.
Vendieron sus anillos de bodas. Enviaron su auto a desguace por 250 euros. Su hijo de 10 años se fue a vivir con sus abuelos fuera de la ciudad. “No quiero que mi hijo presencie esto”, reconoce Papalevizopoulou en su pequeño y atiborrado apartamento. “Si mira mi refrigerador, mi despensa, están vacíos”, dice. Se disculpa porque no tiene nada que ofrecerles a las visitas. “El sacerdote me trae comida”, afirma.
Para muchos griegos, cualquier mejora económica ha sido un espejismo, incluso antes del caos de las últimas semanas. Las deudas se han vuelto más onerosas. Los salarios se han derrumbado, producto de las políticas diseñadas para que los trabajadores griegos se vuelvan más competitivos a nivel internacional. Los servicios sociales han sido recortados para ayudar a cerrar la brecha fiscal. El resultado es que las familias griegas han disminuido su gasto y se han atrasado en el pago de sus deudas.
La consecuencia, después del referéndum del domingo, cuyo resultado según una proyección oficial al cierre de esta edición mostraba que los electores habían rechazado las condiciones impuestas por los acreedores para desembolsar un nuevo paquete de ayuda financiera, es un país destrozado tanto en lo social como en lo económico. La ruptura ha contribuido al ascenso de Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda radical Syriza, al cargo de primer ministro. También ha potenciado lo que parece ser un triunfo del “No” más amplio del previsto.
Más allá de si Grecia sigue o deja la zona euro, la devastación económica significa que los griegos tienen un arduo camino por delante.
Su sistema bancario podría ser el primer paciente a tratar y un vistazo al mercado hipotecario muestra los motivos. Cuando ingresó al euro en 2001, Grecia tenía una cantidad relativamente pequeña de préstamos de consumo: sus bancos habían extendido 24.000 millones de euros en créditos a hogares para fines de ese año. Para fines de 2009, justo antes de que explotara la crisis de la deuda, la cifra se había cuadriplicado a 99.000 millones de euros.
Grecia tiene altas tasas de propiedad de viviendas, que los bancos del país han financiado con créditos hipotecarios. Eso se ha vuelto un problema. El deterioro de la economía ha llevado a muchos miembros de la clase media a descender a la clase media baja y a muchas personas de la clase trabajadora a la pobreza. La morosidad en los pagos de estos préstamos se ha disparado.
Los cuatro grandes bancos griegos reportaron en el primer trimestre que entre 32% y 39% de sus carteras en Grecia registraban incumplimientos y el ritmo de la morosidad parece haber aumentado marcadamente este año. El Banco Nacional de Grecia, el mayor prestamista del país, reportó que 154.000 millones de euros en hipotecas griegas estaban retrasadas en los pagos por 90 días o más en el cuarto trimestre del año pasado. Durante los primeros tres meses de este año, la cifra saltó a más de 280.000 millones de euros.
“Debido a todas las medidas que eligió tomar el gobierno, no hay más dinero”, dice Joanna Stentoumi, una abogada que asesora a personas de escasos recursos y ayuda a Papalevizopoulou y su marido. Quieren presentar los papeles para que la justicia alivie su deuda.
Bajo una ley de 2010 que incorporó una especie de proceso de bancarrota personal, los jueces pueden suspender o reducir los pagos y, en última instancia, reestructurar la mayoría de las deudas.
No obstante, los tribunales están tan llenos de este tipo de casos que muchos tendrán que esperar años antes de una sentencia. Maria Saridaki, una abogada de Atenas que maneja casos de deuda, dice que los solicitantes pagan una fracción de su deuda todos los meses mientras esperan una audiencia. El mínimo es de 40 euros al mes. Uno de sus clientes, que está pagando esa suma, tiene una citación en la corte para 2024, señala.
También hay una moratoria sobre ejecuciones hipotecarias de residencias primarias, aunque algunas viviendas e instalaciones de pequeñas empresas no están cubiertas. Además, los bancos modifican voluntariamente muchos préstamos, reduciendo los pagos, pero acumulando los intereses al final.
En el distrito de Ilion, en el norte de Atenas, un grupo de residentes se reúne todos los miércoles a las 4:00 p.m. en la corte civil local, la hora en que se supone se realizan las subastas de propiedades embargadas e impiden el ingreso de los abogados, dice Fotini Kokoni, una organizadora del grupo. Describe la iniciativa como un “movimiento social”.
“Había que elegir entre pagar los préstamos o alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos, y optamos por lo segundo”, dijo el sábado por la noche en un café repleto de carteles llamando a votar por el “No”.
“Había que elegir entre pagar los préstamos o alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos, y optamos por lo segundo”, dijo.
Los bancos griegos están cerrados desde hace una semana y se les está agotando el efectivo. No se sabe cuándo volverán a abrir sus puertas. Cuando lo hagan, tendrán una tarea gigantesca.
La marea de incumplimientos, tribunales atestados y la imposibilidad de ejecutar hipotecas han dejado al sistema en una especie de animación suspendida, con pocas opciones buenas.
“La gente no puede comprar nada”, dice Stentoumi, la abogada. Reducir el valor contable de las hipotecas podría dejar a las entidades en bancarrota en momentos en que no hay perspectivas de ayuda gubernamental.
Lo que ocurra ahora es incierto, pero los problemas económicos animaron a los votantes. “El 30% de la gente está perdida. No pueden darles de comer a sus hijos. No pueden ir al médico. No hay estructura social en este momento”, dijo Stentoumi antes del referendo.
Papalevizopoulou, de 33 años, tuvo un hijo en 2008. Nació con un defecto que hacía que el líquido se acumulara en su cerebro. Su esposo había heredado el departamento, pero consiguieron una hipoteca para pagar el tratamiento de su hijo y traerlo a casa. Papalevizopoulou detalla los gastos: 24.000 euros por un ventilador, miles de euros por los tanques de oxígeno, un porcentaje muy bajo de los cuales eran cubiertos por el seguro. Su hijo, Panagiotis, falleció en 2011.
El crédito hipotecario era de 337 euros al mes. Lograron que el banco lo redujera a menos de la mitad, pero no fue suficiente. “Pagábamos cuando podíamos”, explica Papalevizopoulou. Las cuentas se acumulaban. Los ingresos proveniente del taxi de su marido cayeron. Paga 52 euros al día por alquilar el vehículo, 10 euros por el seguro, otros 10 euros en impuestos y 25 euros en gasolina, cuenta. Algunos días sus ganancias ascienden a apenas “cinco, tres o seis euros”.
La mujer solicitó una subvención estatal de 500 euros al año para personas de bajos ingresos y la consiguió el año pasado. Hace una semana se enteró de que la suma de este año no se pagará.
El año pasado, Grecia parecía levantar cabeza. La economía estaba creciendo, en un cierto punto más rápido que la de Alemania. Los inversionistas internacionales competían por comprar los bonos del gobierno. Los bancos se fortalecían y los políticos hablaban de una “salida limpia” del rescate que llevaba años: no más préstamos, no más dinero, no más revisiones humillantes de los burócratas de Bruselas.
La situación de muchos griegos, sin embargo, iba de mal en peor.
Katerina Papalevizopoulou se había quedado sin trabajo. Su esposo había perdido su empleo como conductor de un camión y manejaba un taxi. Ganó unos 7.000 euros (US$8.000) en 2014, menos que los 9.000 euros del año previo y la mitad de lo que había obtenido en 2008. Adeudan unos 70.000 euros de la hipoteca del apartamento que habitan en la capital griega.
Vendieron sus anillos de bodas. Enviaron su auto a desguace por 250 euros. Su hijo de 10 años se fue a vivir con sus abuelos fuera de la ciudad. “No quiero que mi hijo presencie esto”, reconoce Papalevizopoulou en su pequeño y atiborrado apartamento. “Si mira mi refrigerador, mi despensa, están vacíos”, dice. Se disculpa porque no tiene nada que ofrecerles a las visitas. “El sacerdote me trae comida”, afirma.
Para muchos griegos, cualquier mejora económica ha sido un espejismo, incluso antes del caos de las últimas semanas. Las deudas se han vuelto más onerosas. Los salarios se han derrumbado, producto de las políticas diseñadas para que los trabajadores griegos se vuelvan más competitivos a nivel internacional. Los servicios sociales han sido recortados para ayudar a cerrar la brecha fiscal. El resultado es que las familias griegas han disminuido su gasto y se han atrasado en el pago de sus deudas.
La consecuencia, después del referéndum del domingo, cuyo resultado según una proyección oficial al cierre de esta edición mostraba que los electores habían rechazado las condiciones impuestas por los acreedores para desembolsar un nuevo paquete de ayuda financiera, es un país destrozado tanto en lo social como en lo económico. La ruptura ha contribuido al ascenso de Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda radical Syriza, al cargo de primer ministro. También ha potenciado lo que parece ser un triunfo del “No” más amplio del previsto.
Más allá de si Grecia sigue o deja la zona euro, la devastación económica significa que los griegos tienen un arduo camino por delante.
 Un hombre duerme en una cama de cartón frente a un negocio que cerró sus puertas en el centro de Atenas.
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Grecia tiene altas tasas de propiedad de viviendas, que los bancos del país han financiado con créditos hipotecarios. Eso se ha vuelto un problema. El deterioro de la economía ha llevado a muchos miembros de la clase media a descender a la clase media baja y a muchas personas de la clase trabajadora a la pobreza. La morosidad en los pagos de estos préstamos se ha disparado.
Los cuatro grandes bancos griegos reportaron en el primer trimestre que entre 32% y 39% de sus carteras en Grecia registraban incumplimientos y el ritmo de la morosidad parece haber aumentado marcadamente este año. El Banco Nacional de Grecia, el mayor prestamista del país, reportó que 154.000 millones de euros en hipotecas griegas estaban retrasadas en los pagos por 90 días o más en el cuarto trimestre del año pasado. Durante los primeros tres meses de este año, la cifra saltó a más de 280.000 millones de euros.
“Debido a todas las medidas que eligió tomar el gobierno, no hay más dinero”, dice Joanna Stentoumi, una abogada que asesora a personas de escasos recursos y ayuda a Papalevizopoulou y su marido. Quieren presentar los papeles para que la justicia alivie su deuda.
Bajo una ley de 2010 que incorporó una especie de proceso de bancarrota personal, los jueces pueden suspender o reducir los pagos y, en última instancia, reestructurar la mayoría de las deudas.
No obstante, los tribunales están tan llenos de este tipo de casos que muchos tendrán que esperar años antes de una sentencia. Maria Saridaki, una abogada de Atenas que maneja casos de deuda, dice que los solicitantes pagan una fracción de su deuda todos los meses mientras esperan una audiencia. El mínimo es de 40 euros al mes. Uno de sus clientes, que está pagando esa suma, tiene una citación en la corte para 2024, señala.
También hay una moratoria sobre ejecuciones hipotecarias de residencias primarias, aunque algunas viviendas e instalaciones de pequeñas empresas no están cubiertas. Además, los bancos modifican voluntariamente muchos préstamos, reduciendo los pagos, pero acumulando los intereses al final.
 Al igual que muchos griegos, Katerina Papalevizopoulou se ha atrasado en el pago de su crédito hipotecario.
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“Había que elegir entre pagar los préstamos o alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos, y optamos por lo segundo”, dijo el sábado por la noche en un café repleto de carteles llamando a votar por el “No”.
“Había que elegir entre pagar los préstamos o alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos, y optamos por lo segundo”, dijo.
Los bancos griegos están cerrados desde hace una semana y se les está agotando el efectivo. No se sabe cuándo volverán a abrir sus puertas. Cuando lo hagan, tendrán una tarea gigantesca.
La marea de incumplimientos, tribunales atestados y la imposibilidad de ejecutar hipotecas han dejado al sistema en una especie de animación suspendida, con pocas opciones buenas.
“La gente no puede comprar nada”, dice Stentoumi, la abogada. Reducir el valor contable de las hipotecas podría dejar a las entidades en bancarrota en momentos en que no hay perspectivas de ayuda gubernamental.
Lo que ocurra ahora es incierto, pero los problemas económicos animaron a los votantes. “El 30% de la gente está perdida. No pueden darles de comer a sus hijos. No pueden ir al médico. No hay estructura social en este momento”, dijo Stentoumi antes del referendo.
Papalevizopoulou, de 33 años, tuvo un hijo en 2008. Nació con un defecto que hacía que el líquido se acumulara en su cerebro. Su esposo había heredado el departamento, pero consiguieron una hipoteca para pagar el tratamiento de su hijo y traerlo a casa. Papalevizopoulou detalla los gastos: 24.000 euros por un ventilador, miles de euros por los tanques de oxígeno, un porcentaje muy bajo de los cuales eran cubiertos por el seguro. Su hijo, Panagiotis, falleció en 2011.
El crédito hipotecario era de 337 euros al mes. Lograron que el banco lo redujera a menos de la mitad, pero no fue suficiente. “Pagábamos cuando podíamos”, explica Papalevizopoulou. Las cuentas se acumulaban. Los ingresos proveniente del taxi de su marido cayeron. Paga 52 euros al día por alquilar el vehículo, 10 euros por el seguro, otros 10 euros en impuestos y 25 euros en gasolina, cuenta. Algunos días sus ganancias ascienden a apenas “cinco, tres o seis euros”.
La mujer solicitó una subvención estatal de 500 euros al año para personas de bajos ingresos y la consiguió el año pasado. Hace una semana se enteró de que la suma de este año no se pagará.
