Tegucigalpa, Honduras
El presidente Juan Orlando Hernández sancionó ayer las reformas aprobadas al Código Penal, que autorizan la aplicación de cadena perpetua a los asesinos de operadores de justicia.
Las reformas fueron sancionadas en Casa de Gobierno con la participación de varios miembros del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El gobernante agradeció la colaboración del Legislativo y Judicial para el endurecimiento de las penas en contra de quienes atenten contra jueces y fiscales.
LEA: Éstas son las reformas al Código Penal
“Unido a una pena severa y un nuevo sistema carcelario que está cambiando en cuanto a la administración y seguridad, quien se atreva a proponer, conspirar o ejecutar un atentado contra los operadores de justicia va a estar en serios problemas y donde sea lo vamos a agarrar”, advirtió el mandatario.
“Es importante que en Honduras se sepa que el día que salga publicado esto en La Gaceta, que se sepa claramente de las capacidades que el Estado tiene ahora de investigar, capturar y judicializar son temas que antes no estaban tan desarrollados como ahora o sea que sí hay capacidad”, afirmó Hernández.
El titular del Ejecutivo se mostró satisfecho además por las reformas que declaran la extorsión como un delito de orden público.
En sesión a puertas cerradas, los diputados aprobaron la noche del martes las reformas de los artículos 116, 122, 322, 323 del Código Penal.
Con la abstención de 15 diputados de Libre se incrementaron las penas por los delitos de magnicidio, conspiración, atentados contra los operadores de justicia y se tipificaron nuevas figuras del homicidio y asesinato cualificado.
Las medidas que van desde penas de 30 a 40 años hasta privación de libertad de por vida (cadena perpetua) están orientadas a castigar a quienes atenten o den muerte a los operadores de justicia, a los presidentes de los tres poderes del Estado y a los familiares de estos.
Se incluyó entre los altos funcionarios al administrador de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), los testigos protegidos y los diputados.
El artículo 322 indica que “quien diere muerte al presidente de un poder del Estado y a los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o personas que por invitación participen de manera permanente en las sesiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será sancionado con 40 años de reclusión a privación de por vida de la libertad”.
En el artículo 323 quedó consignado que, además de los 40 años de prisión, la pena quedará incrementada en un cuarto a las personas que cometan los delitos en perjuicio del presidente del Poder Ejecutivo.
Advierte a funcionarios corruptos
El Presidente hizo también un llamado a todos los servidores públicos a manejarse con transparencia para evitar ir a la cárcel.
El mandatario advirtió que la actual capacidad de investigación y captura del Estado garantiza el combate eficiente de la corrupción en todo el aparato de gobierno.
“A todos los servidores públicos, sea del sector ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos locales, todo el servidor público debe entender algo: ser transparente es una vacuna contra la corrupción”, dijo Hernández. “Yo le digo al funcionario: una vez que alguien comete ese tipo de hechos hoy en Honduras, que cada vez tenemos más capacidad de investigación y más capacidad de captura; no se van a escapar ni de que les quitemos los bienes y que vayan a la cárcel”, advirtió.
