Nueva York, Estados Unidos.
Bank of America Corp. pagará US$16.650 millones para conciliar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que vendió valores hipotecarios de mala calidad antes de la crisis financiera de 2008, el mayor acuerdo alcanzado entre Washington y una empresa individual hasta ahora.
La conciliación es un intento por parte del gobierno estadounidense de marcar un punto de referencia en una serie de medidas y demandas legales posteriores a la crisis financiera que le han costado a los bancos de EE.UU. sanciones por más de US$125.000 millones.
El acuerdo con Bank of America requiere que el prestamista, con sede en Charlotte, Carolina de Norte, pague US$9.650 millones en efectivo al Departamento de Justicia, seis estados y otras agencias del gobierno, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. El banco también desembolsará unos US$7.000 millones en ayuda a consumidores que tienen problemas para pagar sus hipotecas, a través de medidas como modificaciones de créditos para quienes deben más de lo que valen sus viviendas.
El caso del Departamento de Justicia contra Bank of America brinda una de las ventanas más claras hasta ahora para apreciar el comportamiento que alimentó la crisis de 2008: prestamistas que daban crédito a deudores sin capacidad de pago. Esas hipotecas de alto riesgo se convirtieron luego en el respaldo de valores que fueron vendidos a inversionistas desprevenidos. Los deudores finalmente incumplieron los préstamos, las hipotecas terminaron en embargos y los inversionistas tuvieron que asumir fuertes pérdidas.
Muchos de los valores basados en hipotecas fueron vendidos por Countrywide Financial Corp. y Merrill Lynch & Co., antes de que Bank of America comprara las dos empresas en 2008. Pero el gobierno también encontró problemas en los propios valores hipotecarios de Bank of America, incluidos esfuerzos por parte del banco para evadir estándares de emisión internos al cambiar la información financiera de los solicitantes.
En al menos una instancia, un agente de crédito del banco realizó más de 40 intentos para que un sistema interno de Countrywide —conocido como CLUES— aceptara una solicitud y le permitiría al banco realizar un préstamo, según una declaración firmada por EE.UU. y Bank of America. “Una evaluadora de crédito caracterizó lo que hacía como un intento de ‘engañar’ al sistema CLUES para lograr una calificación de ‘aceptar’”, según el documento.
El desenlace devastador de otorgar préstamos con débil respaldo fue anticipado por al menos un alto ejecutivo de Countrywide —el ex presidente ejecutivo Angelo Mozilo— quien en un e-mail del 1 de agosto de 2005 les advirtió a otros ejecutivos que los urbanizadores anticipaban un colapso del mercado de condominios en zonas como el sur del estado de Florida y Las Vegas, e indicó que la firma debía evitar colocar ciertos préstamos en su propio balance. Mozilo temía que el aumento en los pagos mensuales requeridos por muchas de las hipotecas emitidas por Countrywide llevara en última instancia a los deudores a incumplir sus obligaciones.
“La simple razón es que cuando el préstamo se ajuste en cinco años habrá enormes problemas de pagos y el prestatario no es lo suficientemente sofisticado para entender verdaderamente las consecuencias. Entonces, el banco lidiará con embargos en un mercado de bienes raíces potencialmente desinflado. Esto sería una catástrofe tanto financiera como de reputación”, escribió Mozilo, según documentos del Departamento de Justicia.
Fiscales en Los Ángeles se preparan para presentar cargos civiles contra Mozilo y otros ex ejecutivos de Countrywide, según una persona al tanto de la situación. El abogado de Mozilo, David Siegel, le dijo a The Wall Street Journal: “No hay una base coherente o justa, en la ley o en los hechos, para presentar demandas contra Angelo Mozilo”.
El acuerdo se produce luego de otros similares, pero de menor tamaño, en relación a conductas relacionadas con hipotecas antes de la crisis con Citigroup Inc. por US$7.000 millones y con J.P. Morgan Chase & Co. por US$13.000 millones.
“Bank of America ha reconocido que, en los años previos a la crisis financiera que devastó nuestra economía en 2008, el mismo banco, Merrill Lynch y Countrywide vendieron miles de millones de dólares de RMBS (valores respaldados por hipotecas residenciales, por sus siglas en inglés) con base en préstamos tóxicos cuya calidad y nivel de riesgo fue representada de forma engañosa a inversionistas y al gobierno de EE.UU”, dijo el fiscal general de ese país, Eric Holder, en una conferencia de prensa.
El presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, afirmó en una declaración sobre el acuerdo: “Es lo mejor para nuestros accionistas, y nos permite continuar centrándonos en el futuro”. Los enormes gastos legales han afectado las ganancias del banco durante años, lo que ha frustrado a algunos inversionistas.
El banco dijo que la conciliación reducirá la ganancia antes de impuestos para el tercer trimestre en US$5.300 millones.
El acuerdo no exime al banco de cargos penales, y el Departamento de Justicia se reservó el derecho de presentar cargos tanto penales como civiles contra individuos.
Bank of America Corp. pagará US$16.650 millones para conciliar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que vendió valores hipotecarios de mala calidad antes de la crisis financiera de 2008, el mayor acuerdo alcanzado entre Washington y una empresa individual hasta ahora.
La conciliación es un intento por parte del gobierno estadounidense de marcar un punto de referencia en una serie de medidas y demandas legales posteriores a la crisis financiera que le han costado a los bancos de EE.UU. sanciones por más de US$125.000 millones.
El acuerdo con Bank of America requiere que el prestamista, con sede en Charlotte, Carolina de Norte, pague US$9.650 millones en efectivo al Departamento de Justicia, seis estados y otras agencias del gobierno, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. El banco también desembolsará unos US$7.000 millones en ayuda a consumidores que tienen problemas para pagar sus hipotecas, a través de medidas como modificaciones de créditos para quienes deben más de lo que valen sus viviendas.
El caso del Departamento de Justicia contra Bank of America brinda una de las ventanas más claras hasta ahora para apreciar el comportamiento que alimentó la crisis de 2008: prestamistas que daban crédito a deudores sin capacidad de pago. Esas hipotecas de alto riesgo se convirtieron luego en el respaldo de valores que fueron vendidos a inversionistas desprevenidos. Los deudores finalmente incumplieron los préstamos, las hipotecas terminaron en embargos y los inversionistas tuvieron que asumir fuertes pérdidas.
Muchos de los valores basados en hipotecas fueron vendidos por Countrywide Financial Corp. y Merrill Lynch & Co., antes de que Bank of America comprara las dos empresas en 2008. Pero el gobierno también encontró problemas en los propios valores hipotecarios de Bank of America, incluidos esfuerzos por parte del banco para evadir estándares de emisión internos al cambiar la información financiera de los solicitantes.
En al menos una instancia, un agente de crédito del banco realizó más de 40 intentos para que un sistema interno de Countrywide —conocido como CLUES— aceptara una solicitud y le permitiría al banco realizar un préstamo, según una declaración firmada por EE.UU. y Bank of America. “Una evaluadora de crédito caracterizó lo que hacía como un intento de ‘engañar’ al sistema CLUES para lograr una calificación de ‘aceptar’”, según el documento.
El desenlace devastador de otorgar préstamos con débil respaldo fue anticipado por al menos un alto ejecutivo de Countrywide —el ex presidente ejecutivo Angelo Mozilo— quien en un e-mail del 1 de agosto de 2005 les advirtió a otros ejecutivos que los urbanizadores anticipaban un colapso del mercado de condominios en zonas como el sur del estado de Florida y Las Vegas, e indicó que la firma debía evitar colocar ciertos préstamos en su propio balance. Mozilo temía que el aumento en los pagos mensuales requeridos por muchas de las hipotecas emitidas por Countrywide llevara en última instancia a los deudores a incumplir sus obligaciones.
“La simple razón es que cuando el préstamo se ajuste en cinco años habrá enormes problemas de pagos y el prestatario no es lo suficientemente sofisticado para entender verdaderamente las consecuencias. Entonces, el banco lidiará con embargos en un mercado de bienes raíces potencialmente desinflado. Esto sería una catástrofe tanto financiera como de reputación”, escribió Mozilo, según documentos del Departamento de Justicia.
Fiscales en Los Ángeles se preparan para presentar cargos civiles contra Mozilo y otros ex ejecutivos de Countrywide, según una persona al tanto de la situación. El abogado de Mozilo, David Siegel, le dijo a The Wall Street Journal: “No hay una base coherente o justa, en la ley o en los hechos, para presentar demandas contra Angelo Mozilo”.
El acuerdo se produce luego de otros similares, pero de menor tamaño, en relación a conductas relacionadas con hipotecas antes de la crisis con Citigroup Inc. por US$7.000 millones y con J.P. Morgan Chase & Co. por US$13.000 millones.
“Bank of America ha reconocido que, en los años previos a la crisis financiera que devastó nuestra economía en 2008, el mismo banco, Merrill Lynch y Countrywide vendieron miles de millones de dólares de RMBS (valores respaldados por hipotecas residenciales, por sus siglas en inglés) con base en préstamos tóxicos cuya calidad y nivel de riesgo fue representada de forma engañosa a inversionistas y al gobierno de EE.UU”, dijo el fiscal general de ese país, Eric Holder, en una conferencia de prensa.
El presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, afirmó en una declaración sobre el acuerdo: “Es lo mejor para nuestros accionistas, y nos permite continuar centrándonos en el futuro”. Los enormes gastos legales han afectado las ganancias del banco durante años, lo que ha frustrado a algunos inversionistas.
El banco dijo que la conciliación reducirá la ganancia antes de impuestos para el tercer trimestre en US$5.300 millones.
El acuerdo no exime al banco de cargos penales, y el Departamento de Justicia se reservó el derecho de presentar cargos tanto penales como civiles contra individuos.
