Buenos Aires, Argentina.
Caer en una cesación de pagos de alto perfil nunca es algo bueno. Aun así, parece poco probable que Argentina, que podría caer en default a menos que consiga un acuerdo con acreedores que han rechazado canjes de reestructuración previos, perjudique demasiado a la mayoría de los inversionistas de mercados emergentes.
Si Argentina incumple sus obligaciones, daría mucho de qué hablar. Pero sería también la culminación de una saga que empezó cuando el país cayó en cesación de pagos por primera vez en diciembre de 2001. Los tenedores de más de 90% de su deuda soberana aceptaron reestructuraciones en 2005 y 2010.
Pero fondos de cobertura y otros que poseen alrededor de US$6.000 millones en bonos nunca aceptaron estos pactos y han reclamado desde entonces el pago de la deuda.
La Justicia de Estados Unidos ha prohibido a Buenos Aires realizar pagos de sus bonos reestructurados a menos de que llegue a un acuerdo con los bonistas que se resistieron a las otras reestructuraciones, los llamados “holdouts”. Como resultado, quedó pendiente el pago de US$539 millones programado para el 30 de junio y ha empezado a correr un periodo de gracia de 30 días antes de que ocurra un nuevo default.
Aun así, Argentina no tiene la capacidad de estremecer a los mercados emergentes. Cuando ocurrió el default de 2001, Argentina representaba más de 20% del índice de bonos soberanos en dólares EMBI Global de J.P. Morgan Chase. Después de más de una década de exclusión de los mercados de capital, el país representa sólo 1,32%.
Debido a la resistencia del país a negociar con sus acreedores, muchos inversionistas prácticamente lo han descartado. Las consecuencias deberían ser pocas, si acaso alguna, para otros prestamistas de mercados emergentes, incluso en América Latina.
Hay ciertas inquietudes de que las discusiones argentinas en las cortes, que se centran en la interpretación de la cláusula conocida como pari passu de su deuda soberana, podría tener ramificaciones en reestructuraciones futuras de bonos soberanos y de otro tipo. El punto clave es si la cláusula puede ser interpretada de manera general para garantizar derechos de pago equitativos a todos los acreedores, o de manera más estrecha para otorgar un trato igualitario, y en particular evitar la subordinación de algunos acreedores a otros. Los precedentes favorecen la definición más limitada, y la aplicación de una definición más amplia podría generar más dificultades en futuras reestructuraciones.
Pero el caso de Argentina tiene características específicas que podrían no ser aplicables en otros lados, principalmente la promulgación en 2005 de la llamada “Ley cerrojo”, que específicamente prohibió pagos a acreedores holdout, lo que formalmente los subordinó. Además, temores sobre reestructuraciones futuras tardarán cierto tiempo en manifestarse.
En este momento hay pocos otros candidatos para caer en default y los inversionistas siguen comprando deuda soberana de riesgo a pesar del debate en torno a la cláusula pari passu.
Cualquier debilidad en mercados emergentes a medida que se acerca la fecha límite causada por nervios o bajas expectativas sobre Argentina debería ser vista como una oportunidad de compra. Una sorpresa mayor sería si Argentina logra obtener un final feliz para esta saga y recupera el acceso a los mercados de capital. Eso podría ser difícil de lograr: el lunes, el ministro de Economía Axel Kicillof dijo que el país necesita más tiempo para resolver su disputa. Los inversionistas en mercados emergentes, sin embargo, no deberían dejar que eso los perturbe demasiado.
Caer en una cesación de pagos de alto perfil nunca es algo bueno. Aun así, parece poco probable que Argentina, que podría caer en default a menos que consiga un acuerdo con acreedores que han rechazado canjes de reestructuración previos, perjudique demasiado a la mayoría de los inversionistas de mercados emergentes.
Si Argentina incumple sus obligaciones, daría mucho de qué hablar. Pero sería también la culminación de una saga que empezó cuando el país cayó en cesación de pagos por primera vez en diciembre de 2001. Los tenedores de más de 90% de su deuda soberana aceptaron reestructuraciones en 2005 y 2010.
Pero fondos de cobertura y otros que poseen alrededor de US$6.000 millones en bonos nunca aceptaron estos pactos y han reclamado desde entonces el pago de la deuda.
La Justicia de Estados Unidos ha prohibido a Buenos Aires realizar pagos de sus bonos reestructurados a menos de que llegue a un acuerdo con los bonistas que se resistieron a las otras reestructuraciones, los llamados “holdouts”. Como resultado, quedó pendiente el pago de US$539 millones programado para el 30 de junio y ha empezado a correr un periodo de gracia de 30 días antes de que ocurra un nuevo default.
Aun así, Argentina no tiene la capacidad de estremecer a los mercados emergentes. Cuando ocurrió el default de 2001, Argentina representaba más de 20% del índice de bonos soberanos en dólares EMBI Global de J.P. Morgan Chase. Después de más de una década de exclusión de los mercados de capital, el país representa sólo 1,32%.
Debido a la resistencia del país a negociar con sus acreedores, muchos inversionistas prácticamente lo han descartado. Las consecuencias deberían ser pocas, si acaso alguna, para otros prestamistas de mercados emergentes, incluso en América Latina.
Hay ciertas inquietudes de que las discusiones argentinas en las cortes, que se centran en la interpretación de la cláusula conocida como pari passu de su deuda soberana, podría tener ramificaciones en reestructuraciones futuras de bonos soberanos y de otro tipo. El punto clave es si la cláusula puede ser interpretada de manera general para garantizar derechos de pago equitativos a todos los acreedores, o de manera más estrecha para otorgar un trato igualitario, y en particular evitar la subordinación de algunos acreedores a otros. Los precedentes favorecen la definición más limitada, y la aplicación de una definición más amplia podría generar más dificultades en futuras reestructuraciones.
Pero el caso de Argentina tiene características específicas que podrían no ser aplicables en otros lados, principalmente la promulgación en 2005 de la llamada “Ley cerrojo”, que específicamente prohibió pagos a acreedores holdout, lo que formalmente los subordinó. Además, temores sobre reestructuraciones futuras tardarán cierto tiempo en manifestarse.
En este momento hay pocos otros candidatos para caer en default y los inversionistas siguen comprando deuda soberana de riesgo a pesar del debate en torno a la cláusula pari passu.
Cualquier debilidad en mercados emergentes a medida que se acerca la fecha límite causada por nervios o bajas expectativas sobre Argentina debería ser vista como una oportunidad de compra. Una sorpresa mayor sería si Argentina logra obtener un final feliz para esta saga y recupera el acceso a los mercados de capital. Eso podría ser difícil de lograr: el lunes, el ministro de Economía Axel Kicillof dijo que el país necesita más tiempo para resolver su disputa. Los inversionistas en mercados emergentes, sin embargo, no deberían dejar que eso los perturbe demasiado.
