El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva campaña contra las empresas sospechosas de contratar inmigrantes sin permiso laboral al notificar en las últimas semanas a unas 1.000 compañías en todo el país que deben presentar documentos para auditorías.
Las llamadas “redadas silenciosas” son las más importantes desde julio de 2009, cuando una cantidad similar de empresas fueron notificadas a la vez, según abogados especializados en inmigración. Las medidas no fueron reveladas públicamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia del DHS que realiza ese tipo de inspecciones.
Respecto a las auditorías, el ICE señaló que la agencia inspecciona los archivos de contrataciones de empresas “cuando es necesario… para comprobar que cumplen las leyes laborales de EE.UU.” Un funcionario del ICE agregó que “los nombres y ubicaciones de las compañías no serían divulgados en este momento” debido a que las inspecciones están en curso.
Las nuevas auditorías abarcaron restaurantes, procesadoras de alimentos, comercios minoristas, fábricas de alta tecnología, agricultores y otros sectores que, en conjunto, emplean a decenas de miles de trabajadores, según los abogados que representan a algunas de las empresas. Las inspecciones también se produjeron justo antes del cierre del año fiscal del gobierno estadounidense, que termina el 30 de septiembre. El año pasado, el gobierno auditó 3.004 compañías, según el DHS.
“Es una locura. Creo que vamos a superar la cantidad del año pasado”, indicó Kevin Lashus, abogado de la firma Jackson Lewis LLP, que maneja 30 casos en una variedad de industrias en Texas, Florida y otros estados.
Las auditorías sugieren que el gobierno no va a pasar por alto las empresas que contratan obreros extranjeros, pese a que presiona para lograr una reforma inmigratoria para otorgarles a muchos inmigrantes indocumentados un camino hacia un estatus legal.
Lashus, quien trabajó como abogado del ICE antes de ingresar al sector privado, señaló que el gobierno del presidente Barack Obama está intensificando el cumplimiento de la ley para animar a las empresas a que apoyen la reforma inmigratoria, que languidece en el Congreso.
Aunque las auditorías no llevan a la deportación de los trabajadores indocumentados, todos pierden su empleo si son descubiertos. Los críticos dicen que las medidas empujan a más inmigrantes a trabajos informales, donde son explotados. Para las empresas, las auditorías pueden causar pérdidas considerables en productividad, además de multas civiles y penales.
Normalmente, el ICE envía un aviso de auditoría a una empresa a la que solicita documentos. Tras examinar los papeles, el ICE emite una “notificación de documentos sospechosos” a la empresa, señalando los trabajadores con nombres y números de Seguro Social que no concuerdan o con identificaciones falsas. En ese momento, el empleador debe informarles a los empleados que las autoridades cuestionan su derecho a trabajar y que deben renunciar o mostrar documentos legítimos. Después de que una empresa adopte medidas, el ICE impone multas tanto por errores administrativos en los formularios laborales, como por la contratación de trabajadores indocumentados.
Desde enero de 2009, EE.UU. ha auditado a al menos 10.000 empresas que presuntamente contrataron a trabajadores indocumentados e impuso más de US$100 millones en multas administrativas y penales.
Alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE.UU. y unos ocho millones de estos trabajan, según el Centro Hispano Pew. La mayoría de los trabajadores agrícolas no tienen permiso laboral, y otros sectores, especialmente el de servicios, también contratan a indocumentados.
En 2012, más de 38% de las auditorías del ICE se centraron en restaurantes, según la firma legal Freeman Mathis & Gary LLP.
Jennifer Roeper, una abogada de inmigración en Fowler White Boggs, en Florida, dijo que los auditores llegan de sorpresa y le dicen a los empleadores que tienen tres días para presentar los documentos. Incluso si no descubren a indocumentados, las empresas pueden recibir multas por errores administrativos. Roeper dijo que las multan pueden ir desde US$110 hasta US$1.110 por formulario. Las auditorías recientes se han vuelto más extensas e intensas, según la abogada de inmigración Eileen Scofield de Alston & Bird LLP.
Una de las auditorías de mayor perfil de los últimos años ha sido la de Chipotle Mexican Grill Inc. En 2010, la cadena perdió unos 450 trabajadores en Minnesota, entre 30% y 40% de sus empleados en ese estado. Chipotle perdió otros más en otros dos estados, a medida que las autoridades expandieron su investigación. Para protegerse, una mayor cantidad de empresas han comenzado a utilizar recientemente el sistema electrónico del gobierno, E-Verify, que identifica a las personas recién contratadas que no tienen permiso para trabajar en EE.UU.
