San Pedro Sula, Honduras.
Han pasado quince meses y medio desde que se aprobó la Ley de Programa Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador Hondureño, en la que el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) pondría a disposición las aportaciones de los afiliados para saldar deudas. Esta normativa sigue sin ser aplicada y los usuarios no han tenido acceso a esta oportunidad.
Como bien indica la denominación de la Ley, que entró en vigor el 15 de abril, a raíz del elevado nivel de endeudamiento de la población hondureña, que fue contraído a través de diversas operaciones de financiamiento con tarjetas de crédito y otros esquemas de alto costo económico.
Para esto se había previsto destinar unos L100 millones en préstamos para que los afiliados de la institución pudieran honrar sus compromisos.
En un comienzo se dijo que esos créditos serían otorgados a finales de junio pasado. Sin embargo, ya se llegó a finales de julio y la historia es la misma.
La normativa permite que los afiliados a los institutos de previsión social y cooperativas de ahorro y crédito que puedan cumplir con sus obligaciones, permitiéndole hasta un plazo de siete años para pagar su deuda con intereses de 23.5%, contra el 65.95% actual que se aplica como tasa máxima en instituciones emisoras de tarjetas de crédito.
La Ley obliga también a las emisoras de tarjetas que presenten opciones viables de pago en cualquier momento solicitado.
Aunque todo apuntaba a que la iniciativa iba a ser implementada tras su aprobación, todavía hay impedimentos que postergan la ejecución de la misma y se necesitan tres meses para que esto sea solventado.
Han pasado quince meses y medio desde que se aprobó la Ley de Programa Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador Hondureño, en la que el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) pondría a disposición las aportaciones de los afiliados para saldar deudas. Esta normativa sigue sin ser aplicada y los usuarios no han tenido acceso a esta oportunidad.
Como bien indica la denominación de la Ley, que entró en vigor el 15 de abril, a raíz del elevado nivel de endeudamiento de la población hondureña, que fue contraído a través de diversas operaciones de financiamiento con tarjetas de crédito y otros esquemas de alto costo económico.
Para esto se había previsto destinar unos L100 millones en préstamos para que los afiliados de la institución pudieran honrar sus compromisos.
En un comienzo se dijo que esos créditos serían otorgados a finales de junio pasado. Sin embargo, ya se llegó a finales de julio y la historia es la misma.
La normativa permite que los afiliados a los institutos de previsión social y cooperativas de ahorro y crédito que puedan cumplir con sus obligaciones, permitiéndole hasta un plazo de siete años para pagar su deuda con intereses de 23.5%, contra el 65.95% actual que se aplica como tasa máxima en instituciones emisoras de tarjetas de crédito.
La Ley obliga también a las emisoras de tarjetas que presenten opciones viables de pago en cualquier momento solicitado.
Aunque todo apuntaba a que la iniciativa iba a ser implementada tras su aprobación, todavía hay impedimentos que postergan la ejecución de la misma y se necesitan tres meses para que esto sea solventado.
En apariencia todo está listo
Mientras el año pasado fuentes aseguraron a este rotativo que el reglamento estaba prácticamente engavetado, a pesar de haber sido aprobado por el consejo directivo del RAP y enviado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
“El RAP está listo, pero sin la legalidad (el reglamento) no se puede hacer nada. La Junta Directiva ya lo aprobó, pero por ser una institución supervisada por la CNBS tiene que esperar”, dice Alejandro Álvarez, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en el consejo directivo del RAP.
Álvarez agrega que los bancos también tienen que aceptar el acuerdo, pero siempre hay cierta renuencia hacia estas iniciativas legales.
Una fuente de un banco privado contactada por LA PRENSA explica que la Ley todavía no se aplica porque el RAP no ha enviado información a los bancos. “Eran cantidades determinadas en las que el RAP iba a cobrar indirectamente los préstamos y estaban siendo garantizadas por las aportaciones”, menciona al respecto.
Daniel Durón, presidente del RAP, dice que desde el principio apoyó el proyecto, pero que ha tenido muy pocas o casi nada de solicitudes por parte de los bancos para consolidar deudas de los afiliados.
En una pregunta lanzada por LA PRENSA en su portal web, el 40.76% de los usuarios respondieron que los préstamos que solicitan en el RAP los necesitan para consolidar deudas.
“La compensación”
Según Durón, para compensar el atraso de la Ley se han aprobado los préstamos automáticos, en los que el trabajador tiene derecho al 80% de sus aportaciones y con oportunidades de pago de hasta tres años, con una tasa de interés anual del 10%.
“El comportamiento de este servicio ha sido fuerte, porque se ha logrado beneficiar a alrededor de 5 mil trabajadores, a quienes se les ha prestado más o menos L250 millones”, confirma Durón.
El cobro de este servicio se hace por medio de una deducción por planilla, en que la empresa se compromete mediante un convenio con el RAP.
La espera sigue
Según Natanael Euceda, banquero y exrepresentante de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), confirmó a LA PRENSA que en una reunión a puertas cerradas efectuada la semana antepasada entre ejecutivos del RAP y gerentes de operaciones de bancos, que la aplicación de la ley de consolidación será aplicarla hasta dentro de tres meses.
“Lo que ellos (RAP) desconocen es la elaboración de ese reglamento. La CNBS lo supervisa y sabrá las prioridades por las que no se sienten presionados para aprobarlo”, refiere Euceda.
Además, el banquero conoció que los afiliados acceden a los préstamos personales, pero no gozan de las ventajas competitivas que se ofrecen de forma original en el documento.
A quiénes va destinada
Daniel Durón explica que la Ley de consolidación de deudas fue aprobada para que quienes ganan menos de tres salarios mínimos al mes. Incluso el 80% de los préstamos automáticos que se han aprobado son para trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.
El presidente del RAP reconoce que la mayor parte de los 260 mil afiliados que tiene la institución desconocen los beneficios que se ofrecen.
