Tegucigalpa. Aunque el presidente Porfirio Lobo prometió que la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública no sería sancionada, la controversial normativa que algunos han dado en llamar “ley hipoteca” fue publicada en el diario oficial La Gaceta desde el 20 de diciembre anterior, con lo cual entra en vigor.
Cuando se presentó esta normativa a mediados de 2013, el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, informó que tenían conversaciones avanzadas con empresas de China, Perú y Colombia, interesadas en invertir en minería, generación eléctrica e infraestructura.
El funcionario no pudo ser contactado para obtener su explicación de los hechos.
El diputado liberal por el departamento de Valle, Alfredo Saavedra, expresó que esta normativa compromete los recursos naturales del país y por lo tanto solicitarán al Congreso que la derogue.
Uso de recursos
El ministro de Finanzas defendió antes la existencia de la ley, argumentando que era una manera de traer a valor presente los recursos que se pudieran obtener por la concesión a largo plazo de bienes del Estado.
Los recursos que se obtengan de esta titularización se destinarían a reconvertir deuda cara de corto plazo y contratada con bancos e institutos de previsión locales en deuda a largo plazo y en condiciones financieras preferenciales para el país.
La Secretaría de Finanzas estimaba a septiembre pasado que el saldo de la deuda pública era superior a los 7,400 millones de dólares. En el Presupuesto General de la República 2014 se establece que cerca de 30,000 millones de lempiras están destinados al servicio de la deuda pública; 45% de ese monto será para el pago de capital y el 55% restante será para amortizar intereses.
La ley prevé la autorización para constituir de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública a más largo plazo.
