Managua. Nicaragua inició 2014 con la implementación de una controvertida reforma en su sistema de seguridad social, que obliga a miles de ciudadanos a trabajar más tiempo para obtener una pensión cercana a su último salario.
El objetivo de los cambios legales en el sistema, según el Gobierno, es evitar el colapso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El Ejecutivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprobó la reforma tras recibir el año pasado una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) pues, según los cálculos oficiales, el INSS podría quebrar en 2021 si no recibe nuevos ingresos. Las modificaciones en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social fueron aprobadas por decreto y a puerta cerrada el 17 de diciembre pasado por el consejo directivo del INSS, con el voto de la patronal. Con las nuevas medidas, las autoridades nicaragüenses proyectan recaudar casi 57 millones de dólares anuales que garantizarán la sostenibilidad del sistema al menos hasta 2036. Efe
