La falta de recursos financieros provocará que este año el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reduzca significativamente su labor de contraloría, lo que deja a la institución atada de manos para auscultar el destino que tienen los dineros públicos administrados por los funcionarios.
La situación es seria en un país donde la cultura de la rendición de cuentas de la cosa pública es casi inexistente, lo que abre los portillos para la corrupción y el despilfarro.
La semana anterior, Miguel Ángel Mejía, magistrado presidente del TSC, declaró que esa institución se vio obligada a detener varias auditorías que requieren de mucho personal y tiempo para ejecutarse, pero sobre todo, demandan recursos (aproximandamente L11 millones cada uno), los cuales no les ha transferido la Secretaría de Finanzas.
“Con un presupuesto reducido sencillamente se hacen recortes, y si no podemos cumplir con el presupuesto operativo anual que nos hemos fijado para 2013, entonces sencillamente hacemos recortes de algunas actividades y algunos rubros presupuestarios (para) entrar en una austeridad más pronunciada y más fuerte que en los años anteriores”, explicó el funcionario.
De acuerdo con el Presupuesto General de la República aprobado para el ejercicio 2013, la partida correspondiente al TSC es de L231.1 millones, sin embargo, según Mejía, la institución había solicitado hasta 271 millones, además, les hicieron una serie de recortes que totalizan casi un millón de lempiras.
Para dar una idea de las necesidades presupuestarias, Mejía explicó que en una auditoría en el almacén central de medicamentos en un hospital, require de la participación de al menos 70 personas y un presupuesto de L14 millones.
El titular del TSC asegura que la eficacia de su labor no depende de los recursos disponibles y que el único efecto de los recortes es que los obliga a establecer prioridades; “esto no afecta la eficacia, porque eso va en razón de la calidad del trabajo que nosotros hagamos”, dijo Mejía.
Hay que limpiar el TSC
“Honduras es uno de los países en donde más entes contralores existen a nivel de Centroamérica, pero es contradictorio, porque es donde más se han hecho señalamientos de corrupción”, comentó Nelson García Lobo, presidente del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
García Lobo recomienda que para fortalecer la cultura de rendición de cuentas se tiene que comenzar por limpiar la institución; “tendría que hacerse una revisión muy minuciosa desde los mismos funcionarios. Si el polígrafo lo estamos usando para los policías, se puede usar para los funcionarios que tengan acceso a manejo de recursos en el Estado, para poder tener alguna garantía”, mencionó.
En momentos en los que las finanzas públicas atraviesan por serios desequilibrios, la capacidad de prevenir el mal uso de los escasos recursos disponibles al Gobierno debería ser una prioridad nacional.
Excusa comúm
Para el abogado Rodolfo Dumas, el argumento de que las instituciones públicas no pueden cumplir a cabalidad sus funciones por falta de recursos se ha convertido en una excusa para tapar sus ineficiencias.
“Se quejan que por la escasez o limitación de recursos sus acciones u objetivos vienen a ser limitados, pero esa es una excusa inaceptable, porque los entes contralores tienen varias cosas a su favor: uno, la ley, que es lo más importante, pero también tienen una autorización del Estado para dar mecanismos creativos para llegar a esos fines”, comentó.
Dumas sostiene que en la administración pública se ha ido perdiendo el concepto de la transparencia, como lo demuestran los últimos proyectos de asociación público-privada, cuyos detalles no se han hecho públicos.
Por otro lado, el profesional llama la atención en que los organismos contralores realizan una labor a posteriori, es decir que revisan el uso de los recursos después que han sido gastados, además, la ausencia de un castigo ejemplar para los implicados en los malos manejos no abona para mejorar la cultura de rendición de cuentas. “Es importante tomar una serie de medidas preventivas para evitar cualquier acto que implique un mal uso de recursos públicos, que cada vez son más escasos y difíciles de conseguir, y ahí vemos ese círculo vicioso que tiene la administración actual, que necesita recaudar más porque cada vez gasta más”, ppuntualizó Dumas.
80 Auditorías por año es lo que el Tribunal Superior de Cuentas ha venido realizando, en promedio, en los últimos tres años, según las estadísticas que publica en su sitio de Internet (tsc.gob.hn).
2.2 Millones de lempiras fue el valor recuperado el año pasado por el Tribunal en concepto de recuperaciones de responsabilidades civiles. La cifra es unos L100,000 menor a la registrada un año antes.
5 Expedientes fueron remitidos el año pasado al Ministerio Público como resultado de las auditorías realizadas. En el 2011, la cifra fue de 31 expedientes y en 2010, cumaron 16 expedientes remitidos.
1.04 Millones de lempiras suman los montos implicados en los 807 expedientes de casos presentados por el TSC ante la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 2010 hasta el 2012.
