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La sombra del terrorismo asusta a la banca y complica los envíos transnacionales de fondos

Las multas y otras sanciones relacionadas con lavado de dinero se dispararon en años recientes.

Una caja fuerte en una oficina de remesas en Hargeisa, Somalia.
Una caja fuerte en una oficina de remesas en Hargeisa, Somalia.

Sobre el océano Atlántico.

Las maletas de mano en el compartimento de arriba del asiento 7G en un reciente vuelo de Estados Unidos a Dubai contenían miles de billetes, de US$20, US$50 y US$100, envueltos prolijamente con bandas elásticas y plástico.

Las valijas pertenecían a Abdi Warsame, un inmigrante somalí que trabaja para una empresa de envío de dinero que el año pasado perdió acceso al sistema bancario internacional. La firma ahora transporta el dinero a mano. Los billetes han desaparecido del sistema financiero estadounidense.

Tras llegar a Dubai, ingresaron a una opaca red de comercio, préstamos y remesas que se extiende por África del Este y Medio Oriente. Los bancos estadounidenses han cerrado miles de cuentas de personas y organizaciones consideradas sospechosas, de alto riesgo o difíciles de monitorear, incluyendo firmas de envío de dinero, bancos extranjeros y organizaciones sin fines de lucro que operan en otros países. Esto deja al margen del sistema financiero tanto a inocentes como a aquellos que el gobierno estadounidense desearía vigilar, una consecuencia imprevista por Washington.

El gobierno de EE.UU. le ha pedido a los bancos e instituciones financieras que identifiquen y reporten indicios de financiación de terrorismo y lavado de dinero. Debido al temor de recibir multas onerosas, muchas entidades rechazan a cualquiera que parezca sospechoso. Eso lleva a las firmas excluidas a buscar alternativas, como trasladar el dinero en maletas, una práctica que deja cientos de millones de dólares fuera del sistema bancario, según un grupo de legisladores que en enero pidió una revisión del problema a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el brazo de investigación del Congreso.

“Todo el flujo de dinero va a la clandestinidad y eso se vuelve contraproducente para el propósito original de poder rastrearlo”, dice Dilip Ratha, economista jefe de la división del Banco Mundial que estudia las remesas. “Es un poco paradójico”.

Los inmigrantes en EE.UU. enviaron unos US$54.000 millones al exterior en 2014, estima el Banco Mundial. Las empresas que transfieren dinero incluyen desde gigantes globales como Western Union Co. y MoneyGram International Inc. hasta firmas pequeñas como la de Warsame. Un reciente sondeo del Banco Mundial entre 82 firmas de envío de dinero indicó que más de la mitad perdieron cuentas bancarias en 2014. Cerca de un cuarto de los encuestados han cerrado o ahora operan sin cuentas bancarias empresariales.

Desde la promulgación de la Ley Patriota en 2001, requisitos de divulgación más estrictos han generado un extraordinario flujo de datos de bancos y otras entidades financieras. Los reportes sobre clientes —unos 55.000 al día— provienen en su mayoría de bancos y firmas de servicio de dinero, pero también de casinos, corredoras y aseguradoras. Cerca de 200 millones de los 220 millones de informes reunidos desde 2001 son obligatorios cuando los clientes hacen transacciones de más de US$10.000.

Autoridades estadounidenses dicen que el sistema ha revolucionado su capacidad de investigación de fraude, narcotráfico y financiación de terrorismo. El gobierno examina los datos y extrae hasta 1.000 pistas al mes vinculadas con terroristas, incluido Estado Islámico, que son entregadas a investigadores. El año pasado, las instituciones financieras reportaron sospechas de financiación de terrorismo unas 2.200 veces. Los contenidos de estos reportes son secretos y los clientes no son informados al respecto. Los bancos casi nunca se enteran de si conducen a un arresto.

Western Union indica que gasta US$200 millones al año monitoreando actividades sospechosas, como clientes que envían dinero a regiones de alto riesgo en Medio Oriente. Analistas a veces revisan sus perfiles en redes sociales en busca de propaganda ligada al terrorismo. La firma mejoró sus sistemas de vigilancia tras alcanzar una conciliación por US$94 millones con cuatro estados en 2010 relacionada con el lavado de dinero.

J.P. Morgan Chase & Co. pagó en 2014 una multa de US$1.700 millones por no reportar actividades sospechosas de Bernard Madoff, que había sido condenado por fraude piramidal. El banco tiene ahora unos 9.000 empleados dedicados a monitorear el lavado de dinero y ha cerrado las cuentas de miles de clientes considerados de alto riesgo.

Estos requisitos de EE.UU. tienen un alcance global. John Cryan, copresidente ejecutivo de Deutsche Bank AG, señaló durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero que regulaciones “muy, muy onerosas” han exigido a los bancos asumir nuevos papeles. “Hemos sido lentos en reconocer que somos una extensión de las fuerzas del orden público”, aseveró.

Autoridades que analizan los datos para el gobierno reconocen el costo de vigilar decenas de millones de clientes bancarios, y algunos banqueros dicen que el monitoreo es demasiado amplio, lo que socava su eficacia. Jaikumar Ramaswamy, un ejecutivo de cumplimiento de Bank of America Corp. y ex fiscal federal, dice: “Me sorprende la cantidad de tiempo que dedico no al culpable, sino a perseguir al inocente”.

En vez de buscar agujas en un pajar, agrega, el sistema exige que los bancos “entreguen cada trozo de paja para asegurarse de que es paja, y no una aguja”. En 1998, cuando se formó la empresa de transferencia de fondos de Warsame, el negocio de remesas a Somalia estaba en auge. El colapso del gobierno somalí a principios de los años 90 llevó a que la población somalí en EE.UU. se multiplicara por más de 10 y la gente necesitaba formas de enviar dinero a casa.

La empresa de Warsame pide a los clientes identificación, coteja sus nombres con listas de vigilancia del gobierno y se somete a inspecciones de los reguladores. Si una transacción despierta sospechas, cuenta Warsame, las tres personas del departamento de cumplimiento a veces hacen búsquedas en línea o mandan a sus agentes en Somalia a indagar al destinatario. Las autoridades no lo han acusado a él ni a su empresa de irregularidades, pero desde 2008, un banco tras otro comenzó a rechazar a la firma. En 2010, logró abrir cuentas en Merchants Bank of California NA, de Carson, California. Sin embargo, a mediados de 2014, la Oficina del Contralor de la Moneda ordenó al banco dejar de procesar transacciones de clientes, incluidos negocios de envío de dinero, tiendas de licores, casas de empeño, vendedores de joyas, lavaderos de autos y dispensarios de marihuana, si no podía “garantizar razonablemente la legitimidad de las fuentes y usos de fondos”.

Merchants Bank le informó a la firma de Warsame que cerraría sus cuentas a menos que limitara los envíos de dinero a 55 países, ninguno en África. Merchants Bank se abstuvo de comentar al respecto. El cierre de las cuentas convirtió el negocio de Warsame en una operación de alto riesgo. “No sé por cuánto tiempo podré continuar”, observa. Tras llegar a Dubai, el dinero ingresó a una red, en mayor medida informal, de préstamos, cambios de divisas y rutas comerciales que desde hace generaciones han movido efectivo a lo largo de África del Este y Medio Oriente.

Al igual que muchos inmigrantes somalíes en EE.UU., Warsame envía remesas, unos US$300 al mes a su padre de 97 años. El somalí se preguntó por cuánto tiempo más el dinero podrá llegar al país. Las remesas equivalen a una cuarta parte de la economía de este país devastado por la guerra. “Si cierras el flujo de fondos porque tienes miedo de que llegue a las manos de terroristas y delincuentes, eso es exactamente lo que sucederá”, afirma Saad Ali Shire, un funcionario regional. “La gente se verá forzada a usar personas y organizaciones sombrías; habrá menos transparencia”.