Nueva York, Estados Unidos.
Ahora que Estados Unidos ha decidido normalizar sus relaciones con Cuba, los dos gobiernos tendrán que atender antiguos reclamos de empresas cuyas propiedades fueron incautadas cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959.
Compañías y ciudadanos estadounidenses han presentado reclamos valorados en más de US$7.000 millones por fábricas, refinerías, plantas eléctricas, terrenos y otros activos que fueron nacionalizados después de la revolución. Las empresas demandantes incluyen varias compañías en la lista Fortune 500, como Coca-Cola Co., Exxon Mobil Corp., Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. y Colgate-Palmolive Co.
La mayor demanda en este momento está en manos de una subsidiaria de la cadena de artículos y muebles de oficina Office Depot Inc. tras su fusión el año pasado con su rival OfficeMax. Office Depot no existía durante la revolución cubana, pero una filial, Cuban Electric Co., suministraba más de 90% de toda la electricidad vendida en la isla en 1960. El régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Boise Cascade, una empresa maderera, se convirtió en dueña mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric.
El presidente Barack Obama no mencionó el tema cuando anunció la normalización de las relaciones con Cuba la semana pasada. El Departamento de Estado de EE.UU., responsable de negociar la resolución de los reclamos, dice que el tema es un aspecto importante del proceso.
“El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU. trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses”, dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado. “La resolución de los reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles”.
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, sugirió que una resolución podría tardar un largo tiempo. “No prevemos que estos temas se resuelvan antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, pero sí creemos que serán parte de la conversación”, dijo a reporteros la semana pasada. Una vocera de Office Depot no quiso comentar.
El gobierno se involucró formalmente en los procesos en 1964, cuando el Congreso ordenó a la Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el valor de las demandas. La compleja tarea tomó seis años y resultó en la certificación de casi 6.000 reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas ascenderían hoy a US$7.000 millones.
Con US$267,6 millones, sin contar intereses, la pérdida de Cuban Electric representa la mayor demanda de una entidad.
Otra gran demanda es la de Coca-Cola. Hacia fines de los años 50, la empresa tenía una operación rentable en Cuba con ventas anuales de más de US$7 millones, según la comisión. Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones antes de intereses, es por el valor perdido del negocio. La demanda, sin embargo, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras, máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el gobierno. Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate no respondieron a pedidos de comentarios.
En caso de que se llegue a un acuerdo, la comisión será la encargada de repartir el dinero de los reclamos.
EE.UU. impuso el embargo en gran parte como represalia por la propiedad confiscada. Según la normativa vigente, sería ilegal levantarlo sin resolver los reclamos, dice Matías Travieso-Díaz, un socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que ha escrito análisis legales sobre las sanciones a Cuba.
Las sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que “cualquier persona o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial federal de EE.UU.”, según un informe de 2014 del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Algunos analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Nueva York, asevera que las demandas pendientes no son un gran obstáculo a un comercio más abierto con la isla debido a que ha pasado mucho tiempo.
Cuba sostiene que EE.UU. debe a los cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el embargo. La pregunta de si Cuba tiene el dinero para pagar alguna compensación es otro tema.
Michael J. Kelly, profesor de leyes internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no tendría que ser en efectivo. Las empresas, explica, podrían ser indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para alentar la inversión extranjera en Cuba.
Ahora que Estados Unidos ha decidido normalizar sus relaciones con Cuba, los dos gobiernos tendrán que atender antiguos reclamos de empresas cuyas propiedades fueron incautadas cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959.
Compañías y ciudadanos estadounidenses han presentado reclamos valorados en más de US$7.000 millones por fábricas, refinerías, plantas eléctricas, terrenos y otros activos que fueron nacionalizados después de la revolución. Las empresas demandantes incluyen varias compañías en la lista Fortune 500, como Coca-Cola Co., Exxon Mobil Corp., Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. y Colgate-Palmolive Co.
La mayor demanda en este momento está en manos de una subsidiaria de la cadena de artículos y muebles de oficina Office Depot Inc. tras su fusión el año pasado con su rival OfficeMax. Office Depot no existía durante la revolución cubana, pero una filial, Cuban Electric Co., suministraba más de 90% de toda la electricidad vendida en la isla en 1960. El régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Boise Cascade, una empresa maderera, se convirtió en dueña mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric.
El presidente Barack Obama no mencionó el tema cuando anunció la normalización de las relaciones con Cuba la semana pasada. El Departamento de Estado de EE.UU., responsable de negociar la resolución de los reclamos, dice que el tema es un aspecto importante del proceso.
“El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU. trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses”, dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado. “La resolución de los reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles”.
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, sugirió que una resolución podría tardar un largo tiempo. “No prevemos que estos temas se resuelvan antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, pero sí creemos que serán parte de la conversación”, dijo a reporteros la semana pasada. Una vocera de Office Depot no quiso comentar.
El gobierno se involucró formalmente en los procesos en 1964, cuando el Congreso ordenó a la Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el valor de las demandas. La compleja tarea tomó seis años y resultó en la certificación de casi 6.000 reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas ascenderían hoy a US$7.000 millones.
Con US$267,6 millones, sin contar intereses, la pérdida de Cuban Electric representa la mayor demanda de una entidad.
Otra gran demanda es la de Coca-Cola. Hacia fines de los años 50, la empresa tenía una operación rentable en Cuba con ventas anuales de más de US$7 millones, según la comisión. Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones antes de intereses, es por el valor perdido del negocio. La demanda, sin embargo, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras, máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el gobierno. Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate no respondieron a pedidos de comentarios.
En caso de que se llegue a un acuerdo, la comisión será la encargada de repartir el dinero de los reclamos.
EE.UU. impuso el embargo en gran parte como represalia por la propiedad confiscada. Según la normativa vigente, sería ilegal levantarlo sin resolver los reclamos, dice Matías Travieso-Díaz, un socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que ha escrito análisis legales sobre las sanciones a Cuba.
Las sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que “cualquier persona o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial federal de EE.UU.”, según un informe de 2014 del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Algunos analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Nueva York, asevera que las demandas pendientes no son un gran obstáculo a un comercio más abierto con la isla debido a que ha pasado mucho tiempo.
Cuba sostiene que EE.UU. debe a los cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el embargo. La pregunta de si Cuba tiene el dinero para pagar alguna compensación es otro tema.
Michael J. Kelly, profesor de leyes internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no tendría que ser en efectivo. Las empresas, explica, podrían ser indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para alentar la inversión extranjera en Cuba.
