Una comisión del Senado mexicano propuso modificaciones a aspectos clave de un proyecto de ley de telecomunicaciones presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, después de que algunos líderes de la oposición y activistas de Internet denunciaron que la propuesta otorga poderes desproporcionados al gobierno para controlar los contenidos de televisión y el acceso a Internet.
Varios grupos de usuarios de Internet y activistas se volcaron a las redes sociales en días recientes para protestar contra el mandatario y su propuesta. El lunes, el hashtag “#EPNvsInternet” se convirtió en tendencia global en Twitter, con más de 400.000 menciones y con un alcance de más de 58 millones de usuarios, de acuerdo con una aplicación que rastrea los temas que marcan tendencia en el sitio de microblogueo.
Organizaciones civiles que defienden la libertad de expresión, como Internet para todos y Artículo 19, y usuarios de Internet populares en México como @Sopitas, que tiene 575.000 seguidores en Twitter, han rechazado el proyecto de ley. Varios cientos de manifestantes se concentraron para protestar el martes frente al edificio del Senado.
“La iniciativa del presidente es muy ambigua y discrecional, lo que abre la puerta a la persecución política, algo que ha estado muy presente en la historia de México”, dijo Francisco Alanis, también conocido como @Sopitas. “Queremos una ley que limite los poderes del gobierno y sea mucho más explícita en cuanto a los derechos de los usuarios de Internet”.
El gobierno niega que el proyecto de ley de telecomunicaciones viole la privacidad de los usuarios de Internet. En una reciente entrevista, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, dice que es necesario que el gobierno tenga algún poder para fines de seguridad nacional y para prevenir el delito cibernético.
Algunos analistas dicen que las protestas son un signo del pluralismo de la joven democracia de México, que se abrió a la competencia política a finales de 1990 después de casi siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Con Peña Nieto, el PRI regresó a la presidencia en 2012 después de 12 años en la oposición, pero muchos en México se mantienen en alerta ante ese partido.
“Este debate está mostrando el gran progreso democrático de México en los últimos años”, dice Soledad Loaeza, una politóloga de El Colegio de México. “Pero también nos recuerda que aún hay muchos mexicanos que desconfían del PRI como un partido verdaderamente democrático”.
El martes, la Comisión de Comunicaciones del Senado eliminó del proyecto la cláusula que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a proveer la ubicación geográfica de los usuarios cuando los servicios de inteligencia lo pidiesen, como proponía Peña Nieto. Las autoridades tampoco podrán bloquear temporalmente las señales de telecomunicaciones en eventos o lugares que crean que ponen en riesgo la seguridad nacional.
Los miembros del movimiento de protesta dicen que los cambios no van lo suficientemente lejos. Por eso ahora están planeando una nueva marcha para este sábado desde la sede de la cadena Televisa, en el centro de la ciudad de México, hasta la residencia presidencial.
El proyecto del Senado también establece que el nuevo regulador independiente de telecomunicaciones tendrá la autoridad para supervisar los contenidos de televisión en coordinación con la Secretaría de Gobernación. En la propuesta de Peña Nieto, esos poderes se concentraban en la Secretaría de Gobernación.
Algunas modificaciones también afectan los intereses de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones propiedad del magnate Carlos Slim. La empresa tendrá que eliminar los cargos de llamadas de larga distancia nacional en un año en lugar de los tres años propuestos por la Presidencia. El proyecto de ley mantiene la obligación de que América Móvil permita completar sin cargos las llamadas desde redes de la competencia.
El proyecto de Peña Nieto, que establece la implementación de la reforma de las telecomunicaciones aprobada el año pasado, ha recibido críticas desde distintos frentes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya evaluación de las telecomunicaciones en México de 2012 fue una inspiración clave para las reformas, dijo que la nueva iniciativa tiene “serias deficiencias”. La OCDE también criticó su ambigüedad en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores.
El regulador de telecomunicaciones también criticó el plan por ser demasiado rígido e invasivo de las responsabilidades que la Constitución atribuye a ese organismo.
Legisladores del PRI apoyan los cambios propuestos en el proyecto de ley de telecomunicaciones. Algunos dentro del conservador Partido Acción Nacional (PAN) también apoyan las modificaciones. El PRI sólo necesita tres votos de los senadores del PAN para aprobar el proyecto de ley y luego enviarlo a la Cámara de Diputados.
La propuesta de Peña Nieto provocó un acalorado debate entre los legisladores. Muchos senadores de izquierda y conservadores que habían apoyado las reformas constitucionales del año pasado para limitar las prácticas cuasi monopólicas de Slim y Televisa han expresado ahora su oposición a la legislación propuesta del gobierno.
“La propuesta de Peña Nieto es indudablemente un paso atrás. Es por eso que los jóvenes han formado una insurgencia cívica, digital… contra el anacronismo de dar a la Secretaría de Gobernación poderes para supervisar el contenido televisivo”, señala el senador panista Javier Corral.
En Internet, el movimiento ha reunido a muchos grupos políticos opuestos al mandatario. Yosoy132, un movimiento de jóvenes en las redes sociales que criticó a Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012, formó parte de las protestas.
En un video llamado What’s Happening in Mexico (¿Qué está pasando en México?), publicado en Internet por la plataforma de bloggers YosoyRed, otro grupo que protesta contra el proyecto de ley, una mujer dice en inglés: “El presidente Peña Nieto quiere poner fin a los medios de comunicación alternativos y comunitarios. ¡Esto es censura! ¡Esto es un ataque a la libertad de expresión!”
“Peña es el representante de un régimen político represivo que no ha desaparecido en México”, dijo una joven mexicana que se identificó como Melissa y que participó en la manifestación de este martes. “Por eso es que estamos aquí”.
Peralta, el subsecretario de Comunicaciones, rechazó esas acusaciones en su cuenta de Twitter.
“El gobierno de la república está a favor de la libertad de expresión. Con más mexicanos en Internet tendremos más opiniones y todas serán respetadas”, tuiteó el martes el funcionario
