Tegucigalpa. La bandera del asistencialismo, ondeada bajo la figura de los programas sociales, ha provocado que la inversión pública se reduzca en sectores como el de infraestructura.
Diversos sectores académicos y empresariales han reiterado que el problema de estos programas asistencialistas es que no generan riqueza entre la población, sino que solo brindan alivio momentáneo a las necesidades de la gente.
Por el contrario, han insistido en que la generación de inversión en infraestructura deviene en nuevas fuentes de empleo, beneficios para los sectores productivos y mayor flujo de efectivo en las comunidades.
De acuerdo a un informe de la Secretaría de Finanzas, el 45.2% de la inversión se ha destinado al apartado de “Promoción y protección humana”, que incluye programas como el Bono 10 Mil, la entrega de computadoras a las escuelas y la gestión de salud descentralizada.
El monto ejecutado de enero a septiembre de 2013 ascendió a L4,967.9 millones. Como ejemplo, el presupuesto del Programa de Asignación Familiar (PRAF) ha sido ampliado de L2,104.2 millones a L3,306.7 millones. Lo ejecutado al tercer trimestre de 2013 fue de L2,843.6 millones, o sea 135.1% del presupuesto aprobado y 86% en relación al presupuesto vigente.
Le sigue el sector “Comunicaciones y energía”, con L4,125.5 millones. El presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda fue recortado de L2,845.6 a L2,761.7 millones, con una disminución de L83.9 millones.
En el caso de la Enee, el presupuesto aprobado para el programa de inversión pública ascendió a L1,822.3 millones y se amplió a L1,938.7 millones, pero apenas se ha ejecutado 724.3 millones.
El Fondo Vial tiene aprobado L656.8 millones, pero la ejecución del programa de inversión pública apenas suma L377.9 millones.
