TEGUCIGALPA.
Las invasiones de tierras productivas causan un enorme daño a la economía nacional y alejan las inversiones, advirtió ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Esta gremial detalló en una carta pública al presidente de la república, al Ministerio Público y la Policía Nacional que tomen el control de la situación y procedan al desalojo de los grupos armados que invaden las propiedades bajo amenaza a los empleados de las empresas y causan daño a las actividades empresariales al robar los productos.
A raíz de esta problemática están paralizados 2,219 millones de dólares (53,000 millones de lempiras) en inversiones en sectores como caña, energía y minería. En consecuencia, se han perdido 12,423 empleos directos y 43,000 indirectos en Choluteca, Cortés y el Bajo Aguán, señalan.
Según el Cohep, “es de mucha preocupación que grupos criminales altamente organizados estén haciendo uso de las invasiones para financiar sus actividades y mover contrabando”. Por todo lo anterior, los inversionistas se están retirando ante la falta de seguridad jurídica en el país, advierte el sector empresarial.
Denunciaron que el 1 de abril un grupo de aproximadamente 200 personas, algunas portando machetes, procedieron a invadir la finca de palma aceitera Los Laureles, propiedad de la compañía Dinant. Esto se suma a las invasiones a las fincas Paso Aguán y San Isidro, también en El Aguán desde agosto de 2017 y Marzo de 2018. Suman 2,369.98 hectáreas invadidas en ese sector.
La iniciativa privada afirma que se han interpuesto las denuncias en las oficinas de la Policía Nacional, así como a las oficinas de la Fiscalía, lamentablemente sin acción por parte de ninguna instancia para ordenar al desalojo y garantizar el retorno pacífico a las propiedades privadas a sus legítimos dueños.
“Hay que parar ya a los criminales que están invadiendo la propiedad privada. El daño se lo hacen no solo al sector privado, sino a la reputación de la institucionalidad del país”, dijo Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.
Explicó que han solicitado reuniones con el fiscal general, óscar Chinchilla, y el director general de fiscales, José Mario Salgado, pero no han respondido a ninguna comunicación. “Las invasiones al sector productivo se están extendiendo a vista y paciencia de las autoridades correspondientes, lo que violenta el legítimo derecho a la propiedad privada y al Estado de derecho. Algunas de estas invasiones han permanecido por más de tres años sin castigo alguno”, señala el documento.
Recomendaciones
Para el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, la vía correcta es que la empresa privada afectada interponga la denuncia correspondiente y el Estado ejecute las acciones que corresponde. No obstante, reconoce que el problema es delicado por los antecedentes que se han dado en el pasado. Para el sector privado, la salida es crear una estructura de gobernanza para garantizar el derecho a la propiedad privada y promoción de las inversiones a través de un comité técnico.
Además
1- Criminales violentos impiden a cientos de personas que puedan ir a trabajar y aterrorizan a ciudadanos honrados que están en contra de ellos, señala el Cohep..
2- Los negocios locales sufre por el robo a gran escala de sus productos y pérdidas de sus ventas.
3- Perjudican las inversiones, estos grupos se apropian de millones de lempiras al vender productos robados.
