El contrabando de cigarrillos continúa impactando de manera negativa en la industria hondureña del tabaco y ocasiona la pérdida de decenas de millones de lempiras al fisco. En el 2019, el Estado de Honduras perdió un aproximado de 329.6 millones lempiras por la evasión fiscal por comercio ilegal de cigarrillos.
Ese mismo año, este comercio ilícito tuvo un aumento de un 30%, lo que significa que tres de cada 10 cigarrillos consumidos en el país vienen del contrabando, según estudios de la industria.
La Asociación Nacional de Industriales (Andi) ha advertido sobre el comercio ilegal de bebidas gaseosas, licores y cigarrillos, el cual provoca que “el Estado deje de percibir más de 2,500 millones de lempiras”. Una importante suma de dinero que se puede invertir en diferentes obras de interés público, como ser: la construcción de hospitales, escuelas y obras de infraestructura de interés nacional.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2006 que el comercio ilícito global le cuesta a los gobiernos $40-50 mil millones anuales en pérdida de ingresos fiscales.
Dicho recursos podrían haberse utilizado para financiar otros servicios, como programas de educación o seguridad pública. La Comisión Europea estimó que en 2015 el tráfico ilícito de cigarrillos provocó una pérdida fiscal de 11.300 millones de euros en la Unión Europea.
En Honduras, estos productos de contrabando se venden en puestos callejeros y pulperías, en donde se han identificado más de 20 marcas no reconocidas legalmente o falsificadas, en su mayoría de origen chino o indio.
Entre las consecuencias destructivas del contrabando de cigarrillo, el sitio stopillegal.com señala que además de robar los ingresos fiscales a los gobiernos, este comercio ilícito también expone a los consumidores a productos no regulados, a menudo fabricados en condiciones insalubres.
Destaca que este negocio ilegal amenaza a la seguridad al proporcionar una fuente importante de ingresos ilegales para los grupos delictivos organizados transnacionales. Además, alienta la corrupción y amenaza el estado de derecho en países donde el comercio ilícito es rampante.
De igual forma, facilita el acceso de los menores a los productos de tabaco; y socava los negocios legítimos de la industria.
Un informe realizado por Frontier Economics, una de las mayores consultoras de Europa, estima que se han perdido entre 2 y 2,6 millones de empleos en todo el mundo debido a la falsificación y la piratería de una amplia gama de productos de consumo, incluidos los productos de lujo de marca y el tabaco.
En la cadena legal de suministro de tabaco, los fabricantes, proveedores, mayoristas, distribuidores y minoristas se ven afectados por el comercio ilícito. Los fabricantes sufren considerables pérdidas financieras y daños a largo plazo en sus marcas, que han invertido tiempo y dinero para su elaboración.
Los mayoristas, distribuidores y minoristas pierden porque la menor demanda de productos legales conduce a menos ventas. Los pequeños minoristas no solo pierden la venta de cigarrillos, sino también la venta de otros artículos que los fumadores adultos suelen comprar en sus tiendas.
El comercio ilícito evade los procesos legales, como consecuencia, consiguen vender sus productos a precios inferiores que el resto convirtiéndose en una competencia desleal para las empresas legales que sí cumplen con los requerimientos ambientales, sanitarios, locales, municipales y tributarios.
El contrabando ilegal también afecta a los niños, quienes no deben fumar ni usar productos que contengan nicotina. Sin embargo, los delincuentes que comercian y se benefician del tráfico ilícito no diferencian a los consumidores de ninguna manera.
