San Pedro Sula, Honduras.
Los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas ( Mipymes) pedirán de forma oficial al Gobierno, retrasar, hasta el mes de junio, la entrada en vigor del ajuste salarial establecido en 4.73% y que debe verse reflejado a partir de este mes de enero.
En una reunión realizada esta semana en Tegucigalpa se acordó aplicar la salvaguarda del aumento al salario mínimo que indicaba que si el índice de inflación, al cierre de 2017, alcanzaba una cifra superior al 3.90%, tasa de aumento negociada en la mesa tripartita para este 2018, se volverían a sentar para fijar una nueva tasa de aumento que correspondiera a la realidad del país, por lo que se acordó que el ajuste sería de 4.73% para las empresas de 1 a 50 empleados; es decir, las mipymes.
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (
Anmpih), dijo en una entrevista a
LA PRENSA, que este sector no tiene la capacidad para hacerle frente al incremento, por lo que pedirán una prórroga a junio.
“Estamos solicitando al Gobierno que aplace la entrada en vigor del nuevo salario mínimo para este sector. No tenemos la capacidad de enfrentar ese incremento en este momento”, aseguró.
Añadió que si se aplica el ajuste de 4.73 desde este mes, muchas pequeñas empresas deberán cerrar o despedir trabajadores, incluso, en algunos casos se tendrá que llegar a un arreglo con los trabajadores.
Efraín Rodríguez, presidente de la Anmpih en la zona norte, dijo que para poder pagar el nuevo sueldo los negocios urgen de bajar los costos operativos y de renta.
“Antes de pensar en pagar un aumento se deben reducir los costos operativos y los de renta. Una de las peticiones es que el impuesto sobre la renta (ISR), para mipymes, se aplique a los arriendos arriba de L10,000 mensuales y no de 5,000, como está ahora. Esto ayudaría a reducir los costos”.
Por su parte, José Luis Baquedano, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth), dijo que es inaceptable que no se quiera pagar el nuevo ajuste al salario a partir de enero. “No encontramos ninguna justificación para que se pida una prórroga”, afirmó.
Los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas ( Mipymes) pedirán de forma oficial al Gobierno, retrasar, hasta el mes de junio, la entrada en vigor del ajuste salarial establecido en 4.73% y que debe verse reflejado a partir de este mes de enero.
En una reunión realizada esta semana en Tegucigalpa se acordó aplicar la salvaguarda del aumento al salario mínimo que indicaba que si el índice de inflación, al cierre de 2017, alcanzaba una cifra superior al 3.90%, tasa de aumento negociada en la mesa tripartita para este 2018, se volverían a sentar para fijar una nueva tasa de aumento que correspondiera a la realidad del país, por lo que se acordó que el ajuste sería de 4.73% para las empresas de 1 a 50 empleados; es decir, las mipymes.
| Además
Se estima que más del 70% de las mipymes no pagan actualmente el salario mínimo por la falta de recursos económicos.
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“Estamos solicitando al Gobierno que aplace la entrada en vigor del nuevo salario mínimo para este sector. No tenemos la capacidad de enfrentar ese incremento en este momento”, aseguró.
Añadió que si se aplica el ajuste de 4.73 desde este mes, muchas pequeñas empresas deberán cerrar o despedir trabajadores, incluso, en algunos casos se tendrá que llegar a un arreglo con los trabajadores.
Efraín Rodríguez, presidente de la Anmpih en la zona norte, dijo que para poder pagar el nuevo sueldo los negocios urgen de bajar los costos operativos y de renta.
“Antes de pensar en pagar un aumento se deben reducir los costos operativos y los de renta. Una de las peticiones es que el impuesto sobre la renta (ISR), para mipymes, se aplique a los arriendos arriba de L10,000 mensuales y no de 5,000, como está ahora. Esto ayudaría a reducir los costos”.
Por su parte, José Luis Baquedano, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth), dijo que es inaceptable que no se quiera pagar el nuevo ajuste al salario a partir de enero. “No encontramos ninguna justificación para que se pida una prórroga”, afirmó.
