Tegucigalpa, Honduras.
Un equipo técnico del Gobierno y directivos de las entidades previsionales iniciarán en los próximos días a trabajar en un plan que permita aplicar la Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas.
“Vamos a girar una invitación a los directivos del RAP para que nos podamos reunir y acordemos cómo vamos a operativizar la aplicación de esta ley para todos los afiliados”, expresó ayer Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial.
La normativa está lista para ser sancionada por el presidente Juan Orlando Hernández y publicada en el diario oficial La Gaceta para que cobre vigencia, anunció Díaz.
Agregó que la ley abarca a más de 70,000 pequeños y medianos empresarios que se encuentran en la central de riesgos, por lo que no pueden acceder a financiamientos para operar sus negocios.
Asimismo, beneficia a más de 30,000 empleados públicos para acceso a viviendas.
El funcionario aclaró que los institutos de previsión no ponen en riesgo los fondos de los afiliados, como algunos sectores lo aseguran.
“Esta ley lo que hace es poner mucho más claridad sobre cómo se van a prestar y para qué van a prestar los fondos”, afirmó, al tiempo de dejar claro que la inversión es opcional para las entidades previsionales del país. Si bien los ahorros de los afiliados servirán de garantía, estos no podrán ser embargados por ninguna institución con la que el cliente tenga deudas.
“La idea es que la población use su dinero para necesidades reales y que les faciliten créditos a los sectores estratégicos en la economía del país”, manifestó en declaraciones pasadas Roberto Carlos Salinas, quien participó en el proyecto.
Un equipo técnico del Gobierno y directivos de las entidades previsionales iniciarán en los próximos días a trabajar en un plan que permita aplicar la Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas.
“Vamos a girar una invitación a los directivos del RAP para que nos podamos reunir y acordemos cómo vamos a operativizar la aplicación de esta ley para todos los afiliados”, expresó ayer Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial.
La normativa está lista para ser sancionada por el presidente Juan Orlando Hernández y publicada en el diario oficial La Gaceta para que cobre vigencia, anunció Díaz.
Agregó que la ley abarca a más de 70,000 pequeños y medianos empresarios que se encuentran en la central de riesgos, por lo que no pueden acceder a financiamientos para operar sus negocios.
Asimismo, beneficia a más de 30,000 empleados públicos para acceso a viviendas.
El funcionario aclaró que los institutos de previsión no ponen en riesgo los fondos de los afiliados, como algunos sectores lo aseguran.
“Esta ley lo que hace es poner mucho más claridad sobre cómo se van a prestar y para qué van a prestar los fondos”, afirmó, al tiempo de dejar claro que la inversión es opcional para las entidades previsionales del país. Si bien los ahorros de los afiliados servirán de garantía, estos no podrán ser embargados por ninguna institución con la que el cliente tenga deudas.
“La idea es que la población use su dinero para necesidades reales y que les faciliten créditos a los sectores estratégicos en la economía del país”, manifestó en declaraciones pasadas Roberto Carlos Salinas, quien participó en el proyecto.
