San Pedro Sula, Honduras.
Ayer finalizó la socialización de 15 días de la ley de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), que busca normalizar una veintena de sectores vulnerables que podrían poner en precario al sistema financiero ante el ilícito de lavado de activos.
Como parte de este proceso, recién la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) junto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) celebraron una reunión para ahondar la transversalidad del delito de lavado de activos en sectores no financieros, susceptibles a dar apariencia de legalidad a las operaciones de origen ilícito.
La ley abarca a personas naturales o jurídicas que realicen actividades y profesiones no financieras no designadas por el monto de $10,000 y que su campo esté entre los delimitados en el reglamento.
Este abarca casinos, empresas dedicas a la distribución de automóviles, hoteles y casas de empeño, conciertos o espectáculos, abogados, notarios o contadores públicos cuando lleven a cabo operaciones relacionados con actividades de compra y venta de bienes inmuebles.
Ayer finalizó la socialización de 15 días de la ley de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), que busca normalizar una veintena de sectores vulnerables que podrían poner en precario al sistema financiero ante el ilícito de lavado de activos.
Como parte de este proceso, recién la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) junto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) celebraron una reunión para ahondar la transversalidad del delito de lavado de activos en sectores no financieros, susceptibles a dar apariencia de legalidad a las operaciones de origen ilícito.
La ley abarca a personas naturales o jurídicas que realicen actividades y profesiones no financieras no designadas por el monto de $10,000 y que su campo esté entre los delimitados en el reglamento.
Este abarca casinos, empresas dedicas a la distribución de automóviles, hoteles y casas de empeño, conciertos o espectáculos, abogados, notarios o contadores públicos cuando lleven a cabo operaciones relacionados con actividades de compra y venta de bienes inmuebles.
La expectativa es que para después de Semana Santa haya una reunión con diferentes gremiales empresariales en San Pedro Sula para plantear los alcances de la ley y el reglamento que entrará en vigor durante este mes.
“El dinero que proviene de las actividades ilícitas pasa desapercibido para muchas personas, pero tiene un impacto nefasto para la sociedad en general al igual que para las instituciones que conforman su sistema financiero y la estabilidad monetaria de cada país”, considera Guillermo Altamirano, analista económico.
La ley fue introducida en el Congreso Nacional por el diputado Tomás Zambrano y aprobada en noviembre de 2014, con el objetivo de prevenir que actividades no financieras sean utilizadas para participar de forma directa o indirecta en el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La normativa faculta a la CNBS para la supervisión, vigilancia y cumplimiento de estas medidas.
