Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto de la Propiedad entregó certificado de firma electrónica al Banco Central de Honduras, que lo acredita como la primera institución del país en ser autorizada como Prestadora de Servicios de Certificación de Firma Electrónica (PSC).
La ley de firma electrónica es un instrumento que crea confianza y un marco jurídico a las transacciones comerciales por medios electrónicos y fue aprobada por el Congreso Nacional bajo decreto 149-2013 del 30 de julio del mismo año.
Dicha firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita que conlleve manifestación de voluntad de los firmantes, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, ayuda a la reducción de costos y tiempo, ya que elimina el uso del papel y simplifica los trámites, asegurando la confidencialidad de la información y cumpliendo con altos estándares de seguridad, debido a que está elaborada bajo mecanismos matemáticos cifrados.
El BCH queda autorizado como entidad certificadora de servicios de firma electrónica, debiendo cumplir con las obligaciones de adoptar las medidas razonables para determinar con exactitud la identidad del titular o titulares de la firma y de cualquier acto que certifique, así como implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas electrónicas o digitales.
Además, debe tener la conservación de archivo de los certificados y documentos en soporte electrónico de mensajes y datos, garantizar la protección, confidencialidad y el debido uso de la información suministrada por la suscriptora, atender las solicitudes y reclamaciones materiales, cuidando que sean exactas y completas.
La firma electrónica es una estrategia enfocada en brindar confianza en las transacciones ciudadanas y las empresas en un entorno comercial y financiero competitivo.
El Instituto de la Propiedad entregó certificado de firma electrónica al Banco Central de Honduras, que lo acredita como la primera institución del país en ser autorizada como Prestadora de Servicios de Certificación de Firma Electrónica (PSC).
La ley de firma electrónica es un instrumento que crea confianza y un marco jurídico a las transacciones comerciales por medios electrónicos y fue aprobada por el Congreso Nacional bajo decreto 149-2013 del 30 de julio del mismo año.
Dicha firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita que conlleve manifestación de voluntad de los firmantes, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, ayuda a la reducción de costos y tiempo, ya que elimina el uso del papel y simplifica los trámites, asegurando la confidencialidad de la información y cumpliendo con altos estándares de seguridad, debido a que está elaborada bajo mecanismos matemáticos cifrados.
El BCH queda autorizado como entidad certificadora de servicios de firma electrónica, debiendo cumplir con las obligaciones de adoptar las medidas razonables para determinar con exactitud la identidad del titular o titulares de la firma y de cualquier acto que certifique, así como implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas electrónicas o digitales.
Además, debe tener la conservación de archivo de los certificados y documentos en soporte electrónico de mensajes y datos, garantizar la protección, confidencialidad y el debido uso de la información suministrada por la suscriptora, atender las solicitudes y reclamaciones materiales, cuidando que sean exactas y completas.
La firma electrónica es una estrategia enfocada en brindar confianza en las transacciones ciudadanas y las empresas en un entorno comercial y financiero competitivo.
