Tegucigalpa, Honduras
Las instituciones púbicas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas se abstendrán en adelante de contratar, renovar o ampliar contratos de servicios de seguridad y de limpieza con empresas que no respeten los derechos laborales de los trabajadores, particularmente el derecho a ganar el salario mínimo.
Así lo establece una circular distribuida por el coordinador general de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, en cumplimiento de instrucciones giradas por el presidente Juan Orlando Hernández.
La determinación entrará en vigencia a partir de enero próximo; las compañías deben respetar la jornada de trabajo, vacaciones, horas extras, seguridad social, indemnizaciones por riesgo y demás derechos.
La Secretaría de Trabajo verificará el cumplimiento, elaborará una lista de las empresas que incumplan y aplicará sanciones.
Según datos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país hay unos 120,000 guardias de seguridad privada y cerca de 80,000 aseadores y aseadoras a quienes se beneficiaría con la medida.
