Tegucigalpa, Honduras.
Las escuelas y colegios privados, incluyendo los bilingües, ya no podrán excluir a un alumno de una clase o de un examen, una acción típica para presionar al padre con el objetivo de que se ponga al día con el pago de mensualidades.
Esa acción, que en el pasado han ejecutado algunas instituciones privadas, implica una violación de uno de los derechos fundamentales del niño: el derecho a la educación, sostuvo ayer Gloria Arita, coordinadora de la junta interventora de colegios bilingües.
La junta emitirá un oficio en que se prohibirá esa mala práctica constitutiva de delito, advirtió Arita.
La Secretaría de Educación ha recibido denuncias de que a los alumnos los exponen públicamente, frente a sus compañeros, al sacarlos de las aulas y decirles enfrente de todos que lo hacen porque “no han pagado la mensualidad”.
Arita contó el caso de “una escuela bilingüe de las grandes; el papá tenía a su hija allí desde prekínder. A él lo despidieron del trabajo y se atrasó cuatro meses; la niña estaba en octavo grado y la trataron muy mal. La Secretaría intervino y la escuela tuvo que reparar todo el daño psicológico que le causó a la menor”.
El padre de familia, en caso de que le ocurra esto, también puede acudir a la Fiscalía del Menor, aconsejó Arita.
La interventora explicó que el contrato que se firma para el ingreso de un niño al sistema privado lo hacen dos adultos: el padre y el representante legal de la escuela; entonces no se debe involucrar a los niños.
Las escuelas y colegios privados, incluyendo los bilingües, ya no podrán excluir a un alumno de una clase o de un examen, una acción típica para presionar al padre con el objetivo de que se ponga al día con el pago de mensualidades.
Esa acción, que en el pasado han ejecutado algunas instituciones privadas, implica una violación de uno de los derechos fundamentales del niño: el derecho a la educación, sostuvo ayer Gloria Arita, coordinadora de la junta interventora de colegios bilingües.
La junta emitirá un oficio en que se prohibirá esa mala práctica constitutiva de delito, advirtió Arita.
La Secretaría de Educación ha recibido denuncias de que a los alumnos los exponen públicamente, frente a sus compañeros, al sacarlos de las aulas y decirles enfrente de todos que lo hacen porque “no han pagado la mensualidad”.
Arita contó el caso de “una escuela bilingüe de las grandes; el papá tenía a su hija allí desde prekínder. A él lo despidieron del trabajo y se atrasó cuatro meses; la niña estaba en octavo grado y la trataron muy mal. La Secretaría intervino y la escuela tuvo que reparar todo el daño psicológico que le causó a la menor”.
El padre de familia, en caso de que le ocurra esto, también puede acudir a la Fiscalía del Menor, aconsejó Arita.
La interventora explicó que el contrato que se firma para el ingreso de un niño al sistema privado lo hacen dos adultos: el padre y el representante legal de la escuela; entonces no se debe involucrar a los niños.
