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Encarcelan a generales por narcotráfico

<p>Otros dos militares fueron detenidos.</p>

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Cuatro generales, un teniente coronel y un mayor mexicanos, uno de ellos subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008, fueron encarcelados acusados por delitos relacionados con el narcotráfico, en el primer proceso que vincula a generales con carteles de la droga desde 2000.Un juez federal libró el martes orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud contra tres generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare -subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008- capturados desde mayo por vínculos con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.La Procuraduría informó además que otro general de brigada, Rubén Pérez Ramírez, fue acusado por colaboración con narcotráfico, sin precisar con qué organización, y también fue detenido. LogroSe trata de la detención más numerosa de militares de alto rango en México.En 2000 el general Jesús Quiros Hermosillo, que murió en 2005, fue sentenciado por colaborar con el también fallecido narcotraficante Amado Carrillo.La defensa del general en retiro Ángeles, de 69 años de edad, y que fue colaborador del ministro de Defensa Guillermo Galván, ha dicho que las acusaciones no tienen sustento y que el caso tiene tintes políticos, recordando que el oficial cuestionó la estrategia antidrogas durante la campaña para los comicios presidenciales del 1 de julio.Los otros militares a los que se libró orden de detención son el general retirado Ricardo Escorcia; el general brigadier Roberto Dawe González; el teniente coronel retirado Jesús Hernández Soto y el mayor Ivan Reyna Muñoz.PresosLos generales Ángeles, Escorcia y Dawe, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. Mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz ya estaba en una cárcel acusado de fraude. La acusación contra estos militares se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos vinculados con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que señalan que los uniformados recibieron millonarias cantidades de estos narcotraficantes para su protección.  Ricardo Sánchez Reyes, abogado del general Ángeles, dijo a MVS Radio que el general “está muy confiado de llegar al ámbito de la justicia federal” y consideró que no había suficiente mérito para dictar la orden de encarcelamiento. Las pruebas contra los generales deben ser consistentes, sobre todo porque “el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular ha sido la política insignia de la administración del presidente Felipe Calderón”, dijo a la AFP Javier Oliva, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Colegio de Defensa Nacional. Calderón, tras llegar al poder en diciembre de 2006 militarizó la lucha antidrogas, involucrando al Ejército y la Marina Armada en la persecución de los carteles. “Es indudable que el proceso judicial tiene problemas de origen”, sin “pruebas consistentes” con declaraciones de un testigo protegido “de dudosa reputación”, añadió Oliva. La familia del general Ángeles, que ha dicho estar dispuesta a facilitar que se investiguen sus bienes y sus cuentas bancarias, considera que la detención tiene fines políticos. La detención de ángeles en mayo, se registró en medio de la disputa de grupos de altos oficiales por definir quien comandará al Ejército en el gobierno que iniciará el 1 de diciembre, tras el poder que los militares han adquirido en los últimos años por su papel en la lucha antidroga. Ángeles fue detenido tras participar el 9 de mayo en un foro sobre seguridad organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato, Enrique Peña Nieto, ganó la elección presidencial en una decisión impugnada por la izquierda. En ese foro, Ángeles criticó la estrategia antidrogas de Calderón y subrayó la necesidad de “establecer objetivos de seguridad para tener rumbo” y reconoció que en el operativo militar se han cometido violaciones a los derechos humanos “porque donde hay injusticia, inevitablemente hay violencia”. 

Cuatro generales, un teniente coronel y un mayor mexicanos, uno de ellos subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008, fueron encarcelados acusados por delitos relacionados con el narcotráfico, en el primer proceso que vincula a generales con carteles de la droga desde 2000.

Un juez federal libró el martes orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud contra tres generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare -subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008- capturados desde mayo por vínculos con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

La Procuraduría informó además que otro general de brigada, Rubén Pérez Ramírez, fue acusado por colaboración con narcotráfico, sin precisar con qué organización, y también fue detenido.
Logro

Se trata de la detención más numerosa de militares de alto rango en México.

En 2000 el general Jesús Quiros Hermosillo, que murió en 2005, fue sentenciado por colaborar con el también fallecido narcotraficante Amado Carrillo.

La defensa del general en retiro Ángeles, de 69 años de edad, y que fue colaborador del ministro de Defensa Guillermo Galván, ha dicho que las acusaciones no tienen sustento y que el caso tiene tintes políticos, recordando que el oficial cuestionó la estrategia antidrogas durante la campaña para los comicios presidenciales del 1 de julio.

Los otros militares a los que se libró orden de detención son el general retirado Ricardo Escorcia; el general brigadier Roberto Dawe González; el teniente coronel retirado Jesús Hernández Soto y el mayor Ivan Reyna Muñoz.

Presos

Los generales Ángeles, Escorcia y Dawe, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. Mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz ya estaba en una cárcel acusado de fraude.

La acusación contra estos militares se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos vinculados con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que señalan que los uniformados recibieron millonarias cantidades de estos narcotraficantes para su protección.

Ricardo Sánchez Reyes, abogado del general Ángeles, dijo a MVS Radio que el general “está muy confiado de llegar al ámbito de la justicia federal” y consideró que no había suficiente mérito para dictar la orden de encarcelamiento.

Las pruebas contra los generales deben ser consistentes, sobre todo porque “el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular ha sido la política insignia de la administración del presidente Felipe Calderón”, dijo a la AFP Javier Oliva, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Colegio de Defensa Nacional.

Calderón, tras llegar al poder en diciembre de 2006 militarizó la lucha antidrogas, involucrando al Ejército y la Marina Armada en la persecución de los carteles.

“Es indudable que el proceso judicial tiene problemas de origen”, sin “pruebas consistentes” con declaraciones de un testigo protegido “de dudosa reputación”, añadió Oliva.

La familia del general Ángeles, que ha dicho estar dispuesta a facilitar que se investiguen sus bienes y sus cuentas bancarias, considera que la detención tiene fines políticos.

La detención de ángeles en mayo, se registró en medio de la disputa de grupos de altos oficiales por definir quien comandará al Ejército en el gobierno que iniciará el 1 de diciembre, tras el poder que los militares han adquirido en los últimos años por su papel en la lucha antidroga.

Ángeles fue detenido tras participar el 9 de mayo en un foro sobre seguridad organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato, Enrique Peña Nieto, ganó la elección presidencial en una decisión impugnada por la izquierda.

En ese foro, Ángeles criticó la estrategia antidrogas de Calderón y subrayó la necesidad de “establecer objetivos de seguridad para tener rumbo” y reconoció que en el operativo militar se han cometido violaciones a los derechos humanos “porque donde hay injusticia, inevitablemente hay violencia”.

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