Mundo América Latina
25 de Enero de 2013

Debate sobre derechos de inculpados en México tras liberación de francesa

01:59PM   - Redacción:  redaccion@laprensa.hn

La liberación de la francesa Florence Cassez por violaciones al debido proceso alienta el debate sobre mexicanos encarcelados.

La liberación de la francesa Florence Cassez por violaciones al debido proceso en un caso de secuestro por el que había sido condenada a 60 años, alienta el debate sobre mexicanos encarcelados en circunstancias irregulares, estiman juristas y defensores de derechos humanos.

El miércoles, en un fallo histórico, la primera sala de la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez, encarcelada desde 2005, luego de determinar que se violaron sus derechos humanos y sus garantías constitucionales.

En esencia, los jueces sostuvieron que en el caso de Cassez no se podía avalar un proceso que violó normas del debido proceso como la asistencia del consular (por ser extranjera), la obligación de presentarla de inmediato ante un fiscal y la presunción de inocencia pues fue mostrada ante la prensa en un montaje mediático.

Para Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho y reconocido penalista, autor de varios libros, el caso ilustra cómo la justicia mexicana ha estado sometida al interés político de los gobiernos de turno.

Hasta poco antes de dejar la presidencia en diciembre, Felipe Calderón (2006-2012), siempre defendió la actuación de la fiscalía en el caso Cassez.

Esto "nos revela que en estos gobiernos se manipulaba a la justicia, el ministerio público (fiscal) estaba a las órdenes del interés político y todo suena a que se quiso decir 'estamos deteniendo delincuentes'", dijo a la AFP Carrancá y Rivas.

En un tono distinto, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó este jueves la violación a los derechos constitucionales de Cassez.

"Lamento que en este caso o en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al poder judicial determinar la inocencia o culpabilidad de una persona", dijo Peña Nieto al asegurar que ha instruido a policías y fiscalías a que sus acciones se "realicen con estricto apego al derecho".

Cuando Calderón llegó al poder muchos mexicanos eran secuestrados por criminales que reclamaban jugosos rescates y que en muchas ocasiones asesinaban o mutilaban a sus víctimas y el gobierno necesitaba mostrar resultados.

Cassez fue detenida en 2005 junto a Israel Vallarta, confeso líder de una banda de secuestradores, por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que los mantuvo retenidos por horas, antes de realizar un montaje ante las cámaras de televisión para presentar su captura como una operación transmitida en directo.

El entonces jefe de la AFI era Genaro García Luna, estrecho colaborador de Calderón que lo nombró como secretario de Seguridad Pública. Durante su gestión ese despacho de distinguió por realizar controvertidas presentaciones de detenidos ante los medios.

"¿Qué sigue? Que otros abogados cuyos defendidos hayan sido detenidos de manera irregular se apoyen en este caso para obtener una liberación. Y que los responsables, entre ellos García Luna, sean castigados", añadió Carrancá y Rivas.

Las organizaciones civiles que denuncian la impunidad en México han manifestado sentimientos encontrados. Algunas critican el fallo, otros señalan que la ilegalidad de los procedimientos vicia la justicia.

"El peor panorama que se puede tener en México es que haya policías que fabriquen testimonios o que haya detenidos que sean declarados culpables con sólo exhibirlos ante las cámaras de televisión", dijo Eduardo Gallo, ex integrante de la Asociación Civil México Unido contra la delincuencia y cuya hija fue secuestrada y asesinada en 2000.

En el debate de las fallas de la justicia en México, se discute también la polémica figura del "arraigo", que permite detener un sospechoso hasta por 80 días mientras se reúnen pruebas.

El fiscal general Jesús Murillo Karam anunció el miércoles que se revisaran las figuras del testigo protegido y arraigo, cuyo uso se multiplicó bajo el gobierno Calderón.

Uno de estos casos de arraigo controvertido es el de seis militares de alto rango, incluido el ex subsecretario de Defensa Tomás Angeles Dauahare, detenido en mayo pasado poco después de criticar la política antidroga de Calderón.

El arraigo contra estos militares se basó solo en la declaración de dos testigos protegidos, condenados por narcotráfico. La fiscalía admitió la semana pasada que no tiene ninguna otra prueba que sustente la acusación contra Angeles Dauahare.

"El arraigo y los testigos protegidos fueron un instrumento odioso en manos del régimen de Calderón. Ahora que (también) liberen a los militares, no podemos fabricar culpables con estos testigos", comenta Carrancá.

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