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Denuncian la situación de hacinamiento en las cárceles de Honduras

<p>Amnistía Internacional (AI) denunció hoy las condiciones de los reclusos en Honduras.</p>

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Amnistía Internacional (AI) denunció hoy las condiciones de los reclusos en Honduras, tras la muerte de 360 presos en un incendio, en febrero de 2012, en la cárcel de Comayagua, así como las agresiones y asesinatos de defensores de los derechos humanos.


En su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo en 2012, AI relata que las autoridades asumieron la responsabilidad por las muertes y se comprometieron a llevar a cabo amplias reformas en el sistema penitenciario y mitigar las duras condiciones de reclusión, además de abordar las circunstancias que provocaron el incendio.

Sin embargo, a pesar de la aprobación, en diciembre, de la Ley del Sistema Penitenciario, "persistían el hacinamiento y las condiciones de reclusión deficientes, que ponían a los reclusos en un mayor peligro de sufrir abusos", según la organización humanitaria.

En su informe, AI también denuncia que los defensores de los derechos humanos "continuaron sufriendo intimidación y agresiones físicas, e incluso asesinato, a causa de su labor", y que el Gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir y castigar esas violaciones.

Aunque en noviembre la viceministra de Justicia y Derechos Humanos anunció la elaboración de un anteproyecto de ley para proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, al concluir el año el anteproyecto no estaba concluido, añade la organización humanitaria.

AI muestra su preocupación por la independencia del poder judicial porque el diciembre el Congreso Nacional decidió destituir a cuatro de los cinco jueces que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Los jueces, según AI, habían emitido un fallo que bloqueaba una propuesta de ley del Congreso para facilitar el "saneamiento de la policía", al considerar que algunos aspectos de la ley eran inconstitucionales.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la destitución e instó al Gobierno a respetar y garantizar la independencia del poder judicial, recuerda AI. EFE

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy las condiciones de los reclusos en Honduras, tras la muerte de 360 presos en un incendio, en febrero de 2012, en la cárcel de Comayagua, así como las agresiones y asesinatos de defensores de los derechos humanos.


En su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo en 2012, AI relata que las autoridades asumieron la responsabilidad por las muertes y se comprometieron a llevar a cabo amplias reformas en el sistema penitenciario y mitigar las duras condiciones de reclusión, además de abordar las circunstancias que provocaron el incendio.

Sin embargo, a pesar de la aprobación, en diciembre, de la Ley del Sistema Penitenciario, "persistían el hacinamiento y las condiciones de reclusión deficientes, que ponían a los reclusos en un mayor peligro de sufrir abusos", según la organización humanitaria.

En su informe, AI también denuncia que los defensores de los derechos humanos "continuaron sufriendo intimidación y agresiones físicas, e incluso asesinato, a causa de su labor", y que el Gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir y castigar esas violaciones.

Aunque en noviembre la viceministra de Justicia y Derechos Humanos anunció la elaboración de un anteproyecto de ley para proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, al concluir el año el anteproyecto no estaba concluido, añade la organización humanitaria.

AI muestra su preocupación por la independencia del poder judicial porque el diciembre el Congreso Nacional decidió destituir a cuatro de los cinco jueces que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Los jueces, según AI, habían emitido un fallo que bloqueaba una propuesta de ley del Congreso para facilitar el "saneamiento de la policía", al considerar que algunos aspectos de la ley eran inconstitucionales.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la destitución e instó al Gobierno a respetar y garantizar la independencia del poder judicial, recuerda AI. EFE

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