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“Diecp no delegó aplicación de pruebas de confianza”

<p>Eduardo Villanueva, responsable de la depuración policial, lamenta que el Congreso no le haya dado tiempo suficiente para hablar de los logros y avances.</p>

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La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) nunca ha delegado en el director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, la facultad de ordenar la práctica de pruebas de confianza a los miembros de la Carrera Policial, confirmó ayer el titular de esa institución, Eduardo Villanueva.

El funcionario lamentó que el Congreso Nacional no le haya concedido el tiempo suficiente para presentar los datos sobre los logros y avances de la institución durante su comparecencia el pasado martes, tal como se les permitió a los demás operadores de justicia.

Sobre los cuestionamientos formulados en el sentido que la DIECP se dejó quitar la potestad de decidir sobre la aplicación de las pruebas de confianza a los oficiales de la Policía, el funcionario aseveró que en ningún momento se le quitó esa facultad y negó que la haya asumido el Tigre Bonilla. Explicó que esta facultad fue temporalmente relegada a un segundo plano por el Decreto Legislativo 89-2012 conocido como Ley Especial para la
Depuración Policial, la cual otorgó al director general de la Policía Nacional facultades y atribuciones excepcionales y temporales. Entre otras atribuciones ese decreto facultaba al jefe policial a despedir justificadamente de inmediato a quien reprobara cualquiera de las pruebas de confianza, sin responsabilidad para el Estado. Esta ley entró en vigor el 25 de mayo y feneció el
25 de noviembre de 2012.

Los resultados

Villanueva dijo que el trabajo de la DIECP no solo ha consistido en las 230 resoluciones recomendando el despido de los reprobados en las pruebas de confianza, sino una enorme cantidad de acciones, entre otras, el reclutamiento y capacitación del personal, la aplicación de pruebas de confianza a un total de 1,401 policías.


También destacó la elaboración del plan operativo anual, planes estratégicos institucionales, la elaboración de manuales e instructivos operativos y procedimentales internos, el reglamento orgánico y la elaboración del proyecto de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a la DIECP.

Resaltó, además, que están en proceso de investigación varios hechos constitutivos de delito cometidos por más de un centenar de servidores policiales, entre ellos 105 oficiales, sin
contar con 87 expedientes levantados contra tres comisionados generales, 22 comisionados, 21 subcomisionados, 38 comisarios y 20 subcomisarios.

Apuntó que a pesar de no disponer de la totalidad del presupuesto se consiguió el apoyo de la Dirección de Medicina Forense para la práctica de las pruebas toxicológicas y se logró el apoyo de la cooperación externa y de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación para aplicar las pruebas de polígrafo, logrando 1,781 pruebas toxicológicas a igual número de servidores policiales
y 941 sicofisiológicas.
Sobre algunos crímenes

Respecto a la denuncia de 151 muertes de ciudadanos a manos de la Policía hecha por el Observatorio de la Violencia y la rectora Julieta Castellanos, la DIECP logró confirmar 66 muertes que resultaron de acciones policiales legítimas y en el uso legal de la fuerza.

También se confirmó que 24 muertes fueron resultado, presuntamente, de fuego cruzado entre delincuentes y policías y se está investigando si los calibres de las armas pertenecían a funcionarios policiales. En ocho de los casos no hay ningún dato que pueda determinar el autor del hecho.

Villanueva dijo que se depuró el archivo de cinco mil denuncias heredado de la caducada Dirección General de Asuntos Internos, de las cuales 1,208 se han traslado a la Gerencia de Investigación Criminal para culminar su investigación.

También están 106 investigaciones patrimoniales dirigidas a determinar incongruencias entre los ingresos legítimos y los egresos y ganancias totales de siete comisionados generales, 56 comisionados, seis subcomisionados, cuatro
comisarios, cinco subcomisarios, tres inspectores, dos subinspectores y 20 de escala básica.

Evaluarán hoy a operadores de justicia

La Comisión Especial del Congreso Nacional que se encargará de evaluar las comparecencias de los operadores de justicia se reunirá hoy para determinar las medidas dirigidas a fortalecer esas instituciones y mejorar su labor para enfrentar la criminalidad que azota al país.

El diputado democristiano German Leitzelar, miembro de esta comisión legislativa, dijo que determinaron reunirse por la mañana para analizar las comparecencias del director de la DIECP, el Fiscal General, el presidente de la Corte Suprema, el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía a fin de hacer las recomendaciones pertinentes.

“Vamos a evaluar cada exposición para hacer las recomendaciones y determinar si se requieren reformas urgentes”, dijo. El Congresista estimó que es posible que algunos miembros de la comisión recomienden la separación de más de alguno de los operadores de justicia; pero dijo que está en desacuerdo con adoptar esa medida.

“Me parece que es el peor error que se puede cometer, destituir gente para los últimos siete meses del Gobierno sin ningún plan o sin ningún proyecto; eso no tiene ningún sentido”, acotó.

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) nunca ha delegado en el director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, la facultad de ordenar la práctica de pruebas de confianza a los miembros de la Carrera Policial, confirmó ayer el titular de esa institución, Eduardo Villanueva.

El funcionario lamentó que el Congreso Nacional no le haya concedido el tiempo suficiente para presentar los datos sobre los logros y avances de la institución durante su comparecencia el pasado martes, tal como se les permitió a los demás operadores de justicia.

Sobre los cuestionamientos formulados en el sentido que la DIECP se dejó quitar la potestad de decidir sobre la aplicación de las pruebas de confianza a los oficiales de la Policía, el funcionario aseveró que en ningún momento se le quitó esa facultad y negó que la haya asumido el Tigre Bonilla. Explicó que esta facultad fue temporalmente relegada a un segundo plano por el Decreto Legislativo 89-2012 conocido como Ley Especial para la
Depuración Policial, la cual otorgó al director general de la Policía Nacional facultades y atribuciones excepcionales y temporales. Entre otras atribuciones ese decreto facultaba al jefe policial a despedir justificadamente de inmediato a quien reprobara cualquiera de las pruebas de confianza, sin responsabilidad para el Estado. Esta ley entró en vigor el 25 de mayo y feneció el
25 de noviembre de 2012.

Los resultados

Villanueva dijo que el trabajo de la DIECP no solo ha consistido en las 230 resoluciones recomendando el despido de los reprobados en las pruebas de confianza, sino una enorme cantidad de acciones, entre otras, el reclutamiento y capacitación del personal, la aplicación de pruebas de confianza a un total de 1,401 policías.


También destacó la elaboración del plan operativo anual, planes estratégicos institucionales, la elaboración de manuales e instructivos operativos y procedimentales internos, el reglamento orgánico y la elaboración del proyecto de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a la DIECP.

Resaltó, además, que están en proceso de investigación varios hechos constitutivos de delito cometidos por más de un centenar de servidores policiales, entre ellos 105 oficiales, sin
contar con 87 expedientes levantados contra tres comisionados generales, 22 comisionados, 21 subcomisionados, 38 comisarios y 20 subcomisarios.

Apuntó que a pesar de no disponer de la totalidad del presupuesto se consiguió el apoyo de la Dirección de Medicina Forense para la práctica de las pruebas toxicológicas y se logró el apoyo de la cooperación externa y de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación para aplicar las pruebas de polígrafo, logrando 1,781 pruebas toxicológicas a igual número de servidores policiales
y 941 sicofisiológicas.
Sobre algunos crímenes

Respecto a la denuncia de 151 muertes de ciudadanos a manos de la Policía hecha por el Observatorio de la Violencia y la rectora Julieta Castellanos, la DIECP logró confirmar 66 muertes que resultaron de acciones policiales legítimas y en el uso legal de la fuerza.

También se confirmó que 24 muertes fueron resultado, presuntamente, de fuego cruzado entre delincuentes y policías y se está investigando si los calibres de las armas pertenecían a funcionarios policiales. En ocho de los casos no hay ningún dato que pueda determinar el autor del hecho.

Villanueva dijo que se depuró el archivo de cinco mil denuncias heredado de la caducada Dirección General de Asuntos Internos, de las cuales 1,208 se han traslado a la Gerencia de Investigación Criminal para culminar su investigación.

También están 106 investigaciones patrimoniales dirigidas a determinar incongruencias entre los ingresos legítimos y los egresos y ganancias totales de siete comisionados generales, 56 comisionados, seis subcomisionados, cuatro
comisarios, cinco subcomisarios, tres inspectores, dos subinspectores y 20 de escala básica.

Evaluarán hoy a operadores de justicia

La Comisión Especial del Congreso Nacional que se encargará de evaluar las comparecencias de los operadores de justicia se reunirá hoy para determinar las medidas dirigidas a fortalecer esas instituciones y mejorar su labor para enfrentar la criminalidad que azota al país.

El diputado democristiano German Leitzelar, miembro de esta comisión legislativa, dijo que determinaron reunirse por la mañana para analizar las comparecencias del director de la DIECP, el Fiscal General, el presidente de la Corte Suprema, el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía a fin de hacer las recomendaciones pertinentes.

“Vamos a evaluar cada exposición para hacer las recomendaciones y determinar si se requieren reformas urgentes”, dijo. El Congresista estimó que es posible que algunos miembros de la comisión recomienden la separación de más de alguno de los operadores de justicia; pero dijo que está en desacuerdo con adoptar esa medida.

“Me parece que es el peor error que se puede cometer, destituir gente para los últimos siete meses del Gobierno sin ningún plan o sin ningún proyecto; eso no tiene ningún sentido”, acotó.

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