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Aprueban acuerdo para alianzas público-privadas

<p>Hay cinco grupos de inversionistas, nacionales y extranjeros, interesados en desarrollar proyectos de infraestructura.</p>

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Después de un amplio y tenso debate se aprobó ayer en la Corporación Municipal un convenio con Coalianza (Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas) para desarrollar proyectos de infraestructura que solicita la ciudad.

El regidor Otomán Alva mocionó para que por medio de esa entidad del Gobierno se atraiga a inversionistas nacionales y extranjeros, ya que hay obras que fueron declaradas de interés público porque la Municipalidad no tiene recursos para ejecutarlas.

La iniciativa generó una larga discusión entre los corporativos. Algunos expresaron su oposición porque señalaron que “es un convenio demasiado abierto en el que no se establecen reglas” y que tienen reservas sobre los grupos que podrían ser favorecidos con esa alianza. Por eso no se aprobó de efecto inmediato, a fin de que Coalianza explique en detalle cómo se desarrollarían los procesos de licitación.

Se pretende desarrollar con ese método las obras viales urgentes en la ciudad en los sectores norte, sur y este. La mayoría de regidores no considera que la fuente de pago sea la concesión de las casetas de peaje.

A la Alcaldía han llegado empresarios de dos consorcios nacionales y han mostrado interés en invertir grupos de empresarios canadienses, franceses e israelitas, por lo que el concurso sería participativo y se hará la convocatoria para que participen más inversionistas. El concurso puede ser sobre paquetes o proyectos individuales.

El alcalde Juan Carlos Zúniga aseguró que al final les pondrá las condiciones a los inversionistas la Corporación Municipal y no Coalianza, por lo que apoyó la aprobación del acuerdo y su voto se hizo valer en calidad porque en el momento de la votación cinco lo hicieron a favor y cuatro en contra; faltaba un regidor.

Según él, con este convenio no está aprobando un proyecto o apoyando a un grupo determinado, “sino abriendo esa oportunidad de inversión en la ciudad”.

Con reservas

El regidor Wilfredo Flores votó en contra porque argumentó que hay otros sistemas como la Ley de Contratación del Estado para que se desarrollen las obras que necesita la ciudad y que lo que conocían a la fecha era solo una propuesta de inversión que ejecutará las obras por medio de la concesión de las casetas de peaje durante 30 años.

De igual forma opinó el regidor Aníbal Kelly al señalar que nunca votará a favor de un proyecto “que pretenda la concesión de esos ingresos”, asumiendo que el acuerdo va encaminado en ese sentido.

“Tengo mis reservas sobre la dimensión de ese proyecto. Siento que ese acuerdo es una carta abierta. No tiene límites”.

El regidor José Antonio Rivera dijo en la sesión que lo preocupa que al final la Corporación Municipal no defina las condiciones bajo las que se deben desarrollar las inversiones, porque el artículo 14 de la Ley de APP (Asociación Público-Privada) establece que Coalianza presenta el pliego de condiciones y la versión final de los contratos de los proyectos correspondientes al ser aprobados.

El regidor Melvin Ferraro votó a favor, pero hizo énfasis en que cuando se desarrollen los procesos se debe vigilar la transparencia de estos.

De igual forma lo hizo la regidora Janeth Hernández al expresar que no quiere que se comprometan los peajes por 30 años. “Lo que se aprobó fue un convenio con Coalianza, pero no se han aprobado proyectos. Los proyectos se aprobarán uno a uno cuando vengan a la Corporación Municipal. Eso queda claro. La última palabra la tenemos nosotros. Coalianza es solo un asesor técnico. El convenio es una puerta nada más, pero no vamos a permitir que sea amplia como los inversionistas quieran”, declaró.

La Ley de Promoción de Alianza Público-Privada fue aprobada el 11 de agosto de 2010. El decreto legislativo 143-2011 de la ley se promulga con la finalidad de gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población.

Las administraciones municipales no han podido desarrollar obras para mejorar el tráfico vial en San Pedro Sula, por lo que una opción es la inversión privada.

“Estos procesos deben ser transparentes”


Óscar Galeano, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo que siempre se han promovido las alianzas público-privadas debido a que ni el Gobierno ni las municipalidades cuentan con el dinero necesario para invertir.

“Lo que sí hemos señalado es que estos procesos deben ser transparentes protegiendo los intereses, en este caso de la Municipalidad, de manera que el inversionista tenga su rentabilidad justa y la ciudad pueda, por medio de las obras, tener un beneficio”, señaló.

Dijo que la clave es en función del convenio marco que se establezca y las condiciones que lo regirán.

“El control se debe mantener con las condiciones en el contrato. Allí la Municipalidad tiene que tener la garantía de que no será objeto mañana de reclamos o montos no establecidos en los términos originales. En cuanto a las obras, deben ser de la calidad y el diseño que se establezcan”.

Galeano mencionó que será importante la vigilancia para que se haga lo establecido y no suceda lo que ha ocurrido con proyectos de pavimentación de carreteras que no se han pagado por lo que se acordó.

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Después de un amplio y tenso debate se aprobó ayer en la Corporación Municipal un convenio con Coalianza (Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas) para desarrollar proyectos de infraestructura que solicita la ciudad.

El regidor Otomán Alva mocionó para que por medio de esa entidad del Gobierno se atraiga a inversionistas nacionales y extranjeros, ya que hay obras que fueron declaradas de interés público porque la Municipalidad no tiene recursos para ejecutarlas.

La iniciativa generó una larga discusión entre los corporativos. Algunos expresaron su oposición porque señalaron que “es un convenio demasiado abierto en el que no se establecen reglas” y que tienen reservas sobre los grupos que podrían ser favorecidos con esa alianza. Por eso no se aprobó de efecto inmediato, a fin de que Coalianza explique en detalle cómo se desarrollarían los procesos de licitación.

Se pretende desarrollar con ese método las obras viales urgentes en la ciudad en los sectores norte, sur y este. La mayoría de regidores no considera que la fuente de pago sea la concesión de las casetas de peaje.

A la Alcaldía han llegado empresarios de dos consorcios nacionales y han mostrado interés en invertir grupos de empresarios canadienses, franceses e israelitas, por lo que el concurso sería participativo y se hará la convocatoria para que participen más inversionistas. El concurso puede ser sobre paquetes o proyectos individuales.

El alcalde Juan Carlos Zúniga aseguró que al final les pondrá las condiciones a los inversionistas la Corporación Municipal y no Coalianza, por lo que apoyó la aprobación del acuerdo y su voto se hizo valer en calidad porque en el momento de la votación cinco lo hicieron a favor y cuatro en contra; faltaba un regidor.

Según él, con este convenio no está aprobando un proyecto o apoyando a un grupo determinado, “sino abriendo esa oportunidad de inversión en la ciudad”.

Con reservas

El regidor Wilfredo Flores votó en contra porque argumentó que hay otros sistemas como la Ley de Contratación del Estado para que se desarrollen las obras que necesita la ciudad y que lo que conocían a la fecha era solo una propuesta de inversión que ejecutará las obras por medio de la concesión de las casetas de peaje durante 30 años.

De igual forma opinó el regidor Aníbal Kelly al señalar que nunca votará a favor de un proyecto “que pretenda la concesión de esos ingresos”, asumiendo que el acuerdo va encaminado en ese sentido.

“Tengo mis reservas sobre la dimensión de ese proyecto. Siento que ese acuerdo es una carta abierta. No tiene límites”.

El regidor José Antonio Rivera dijo en la sesión que lo preocupa que al final la Corporación Municipal no defina las condiciones bajo las que se deben desarrollar las inversiones, porque el artículo 14 de la Ley de APP (Asociación Público-Privada) establece que Coalianza presenta el pliego de condiciones y la versión final de los contratos de los proyectos correspondientes al ser aprobados.

El regidor Melvin Ferraro votó a favor, pero hizo énfasis en que cuando se desarrollen los procesos se debe vigilar la transparencia de estos.

De igual forma lo hizo la regidora Janeth Hernández al expresar que no quiere que se comprometan los peajes por 30 años. “Lo que se aprobó fue un convenio con Coalianza, pero no se han aprobado proyectos. Los proyectos se aprobarán uno a uno cuando vengan a la Corporación Municipal. Eso queda claro. La última palabra la tenemos nosotros. Coalianza es solo un asesor técnico. El convenio es una puerta nada más, pero no vamos a permitir que sea amplia como los inversionistas quieran”, declaró.

La Ley de Promoción de Alianza Público-Privada fue aprobada el 11 de agosto de 2010. El decreto legislativo 143-2011 de la ley se promulga con la finalidad de gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población.

Las administraciones municipales no han podido desarrollar obras para mejorar el tráfico vial en San Pedro Sula, por lo que una opción es la inversión privada.

“Estos procesos deben ser transparentes”


Óscar Galeano, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo que siempre se han promovido las alianzas público-privadas debido a que ni el Gobierno ni las municipalidades cuentan con el dinero necesario para invertir.

“Lo que sí hemos señalado es que estos procesos deben ser transparentes protegiendo los intereses, en este caso de la Municipalidad, de manera que el inversionista tenga su rentabilidad justa y la ciudad pueda, por medio de las obras, tener un beneficio”, señaló.

Dijo que la clave es en función del convenio marco que se establezca y las condiciones que lo regirán.

“El control se debe mantener con las condiciones en el contrato. Allí la Municipalidad tiene que tener la garantía de que no será objeto mañana de reclamos o montos no establecidos en los términos originales. En cuanto a las obras, deben ser de la calidad y el diseño que se establezcan”.

Galeano mencionó que será importante la vigilancia para que se haga lo establecido y no suceda lo que ha ocurrido con proyectos de pavimentación de carreteras que no se han pagado por lo que se acordó.

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