Honduras Apertura
16 de Febrero de 2013

“Le dije que sacara la gente... se hizo el sordo”

02:13PM   - Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Diario LA PRENSA tuvo acceso a un informe del Conadeh sobre lo que sucedió la noche del incendio en el penal de Comayagua, el 14 de febrero de 2012.

“Andaba rondando por el torreón número tres, de ahí escuché una bulla en la bartolina seis. Miré que la parte de atrás se estaba incendiando, antes miré que hubo un bajón de luz...()”.

Ver especial: Incendio en penal de Comayagua

El relato forma parte de un informe al que tuvo acceso LA PRENSA sobre la tragedia en el penal de Comayagua, en la que murieron 361 personas el 14 de febrero de 2012.

Hasta ahora no se conocía el nombre ni la versión del encargado de las llaves del penal de Comayagua aquella noche, quien era el llamado a hacer lo que el interno Marco Antonio Bonilla Ávila, más conocido como el Chaparro, hizo al liberar a sus compañeros de las celdas.

El documento, que no se ha hecho público, fue elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Esta declaración es vital, pues luego de la tragedia en este presidio, una de las preguntas sin responder ha sido ¿por qué tuvo que ser un reo quien tomara la responsabilidad de abrir las rejas de los módulos en pleno incendio?

La fatídica noche, fue el Chaparro quien abrió los candados y dejó salir a los demás presos para que no murieran quemados, siendo esta responsabilidad de los celadores.

En el informe consta la declaración de José Víctor Mejía Castillo, quien ese día era el encargado de portar las llaves de las celdas del penal.

El informe dice: “Se entrevistó al policía José Víctor Mejía Castillo, llavero del centro penitenciario. Manifiesta que él era el llavero cuando ocurrió el incendio. ‘Andaba rondando por el torreón número tres, de ahí escuché una bulla en la bartolina número seis. Miré que la parte de atrás se estaba incendiando, antes miré que hubo un bajón de luz. De pronto salí a la carrera para la guardia a que me entregaran las llaves de los portones, se encontraban en un baúl bajo llave. De ahí, el alcázar de muralla, Rito Yánez, me las alcanzó. De pronto entró el inspector y el clase 1: Miguel Ángel López y el inspector Wilmer López Irías (director del penal al momento del incendio), el privado de libertad Marco Antonio Ávila, (el Chaparro) me colaboró. Le tiraron llaves a Marco Antonio y se fue con el inspector, el policía clase I oficial de día Miguel Ángel López. A mí me ordenaron que fuera a cubrir afuera’”.

Declaración del Chaparro

La versión del llavero es contraria en ciertos puntos a la que brindó el Chaparro para el mismo informe, quien dijo:

“Yo estaba en enfermería, como a las diez de la noche. Escuché que hablaban y gritaban, yo manejo las llaves de la enfermería, salí al escuchar los gritos, miré al llavero que iba para la guardia, era el policía José Víctor Mejía Castillo, que andaba rondando, lo seguí y le dije que sacara la gente que se estaban incendiando, se hizo el sordo se fue para adentro a la guardia y le dije entonces vamos abrir para que no se quemen y no me contestó, me tiró las llaves. Hice lo que yo pude, escogiendo las llaves, tratando de salvar a los compañeros, abrí los hogares: seis, siete, ocho luego el nueve y 10. Después corrí y abrí los hogares dos, tres, y cuatro. Por último el director del centro penal, se metió, me preguntó qué hogar le falta y le dije que faltaba el hogar cinco”, dijo la versión del Chaparro.

Sin respuestas

El incendio fue la peor tragedia carcelaria en Latinoamérica en los últimos 25 años y el más mortífero del mundo en la última década.

El mortal suceso no solo estremeció a la población hondureña, sino al mundo entero.

Gloria Redondo, coordinadora del Comité de Familias y Víctimas del Centro Penal de Comayagua, considera que ya ha pasado mucho tiempo y merecen una respuesta. “¿Hasta cuándo tomará acciones el Gobierno? ¿Por qué nadie ha sido responsabilizado por las muertes? A estas alturas ya deberían haber hecho algo”.

German Enamorado, fiscal especial de Derechos Humanos, confirmó a diario LA PRENSA, que no hay nadie preso por la tragedia, pero que ellos ya están prácticamente listos para actuar.

“Todavía se está en la parte final de la investigación y lo que falta es tomar la decisión, pero ya hemos pedido a las autoridades oficiales que nos permitan ejercer la acción penal, pues consideramos que la investigación tiene sustento suficiente para ejercer una acción penal”.

Los responsables

El informe de Conadeh sobre la tragedia del penal concluye que deben responder en nombre del Estado, quienes eran autoridades de esta prisión la noche del siniestro “por no acudir al auxilio inmediato de los privados de libertad en tiempo oportuno, en virtud de haber transcurrido tiempo suficiente para salvaguardar tantas vidas, desde que se alertó a los custodios del Centro hasta que se abrieron los portones”.

El documento dice que también deben responder “aquellos funcionarios de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad, por no tomar las acciones preventivas de las solicitudes e informes presentados por el Conadeh, organismos de derechos humanos, jueces de Ejecución, organizaciones religiosas y medios de comunicación, para solucionar oportunamente los problemas de infraestructura que ponen en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad y no proveer normas para tratar contingencias que aminoraran los riesgos existentes”.

Muchos especularon, y algunos aún lo hacen, asegurando que hubo mano criminal en el incidente, aunque para esclarecer lo sucedido ese 14 de febrero, autoridades nacionales y un equipo de Respuesta Internacional (IRT) del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de los Estados Unidos determinaron que el incendio empezó por accidente en el módulo seis, aunque no determinaron qué objeto desató el siniestro: pudo ser una candela, encenderdor o cualquier otro.

Sobre esta versión, testigos afirman que el responsable de dicho accidente fue Elvin José Colindres Ramírez, alias Chelito o Chele Pucho, quien era un recluso del hogar seis y murió durante el incendio

Hay incontables versiones sobre lo que pasó; sin embargo, las familias aún esperan una explicación oficial y acciones judiciales por lo que causó la muerte de 361 personas la noche del Día del Amor en el penal de Comayagua hace un año.

Cárceles del país son una bomba de tiempo

En julio de 2010 el Gobierno de Honduras emitió un decreto de emergencia para los centros penales del país, aunque poco o nada se hizo derivado de esta decisión.

El mes pasado el Gobierno hondureño amplió por tercera vez este decreto de emergencia, aunque no se han especificado acciones concretas a tomar.

Se espera que el sistema penitenciario del país pueda tener un cambio verdadero con la implementación de la nueva Ley del Instituto Penitenciario, la cual entró en vigencia el pasado mes de diciembre y tiene como finalidad que el manejo de todos los centros penales del país queden al cargo del Instituto Penitenciario, un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Interior y Población, con jurisdicción nacional.

A este instituto corresponderá la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes.

Grandes tragedias en prisiones de Honduras

La noche del 14 de febrero de 2012 un incendio en el centro penal de Comayagua consumió cinco de los 10 módulos de esta cárcel. Según los informes elaborados por las autoridades, el siniestro comenzó de manera accidental en el hogar número seis. Producto de este incidente fallecieron 361 personas, de los cuales 360 eran privados de libertad y la otra era una mujer que se había quedado a visitar a su pareja en la prisión de la ciudad. Expertos de Estados Unidos explicaron que fue una “llama abierta” la que dio inicio al trágico evento.

En mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula perdieron la vida 107 personas privadas de libertad. Esto debido a un incendio que inició en horas de la madrugada. En un informe de Conadeh se dice que todo parece indicar que existió incapacidad y negligencia administrativa por parte del director del Centro Penal, de la Dirección de Servicios Especiales Preventivos (Centros Penales) y de otros funcionarios involucrados ya que no establecieron medidas de prevención y mitigación en caso de desastres.

En abril de 2003 murieron 68 presos, entre ellos 61 pandilleros en el centro penal de La Ceiba, tras una riña entre bandas y un incendio. Según las conclusiones del informe de Conadeh sobre los hechos de ese incidente, está sustentado en el documento que los miembros de los cuerpos de seguridad dispararon contra internos pandilleros que ya se encontraban sometidos, y que, además, permitieron a los “rondines” ultimar a reclusos mareros a su propia discreción, o rematar heridos y que luego el escenario del crimen fue alterado.

El viernes 14 de octubre de 2011, una pelea de bandas dentro del penal sampedrano provocó la muerte de nueve privados de libertad. Aproximadamente a eso de las 6:00 pm empezó el tiroteo en el billar que funciona en el recinto de los “paisas”, entre dos grupos de internos que son enemigos. Los “paisas”, que son los reos que no pertenecen a ninguna mara, se atacaron con armas de fuego y armas blancas. La intervención de las autoridades impidió que hubieran más muertos en el penal de San Pedro Sula.

Durante una revuelta en el penal de San Pedro Sula, en marzo de 2012, la cual duró unas seis horas, resultaron muertos 13 privados de libertad. El sangriento inccidente solo pudo ser detenido gracias a la intervención de monseñor Rómulo Emiliani, quien se atrevió a ingresar solo al penal para dialogar con los internos y así apaciguar a los enfurecidos reos. Tras dos horas de diálogo, los convenció para que no continuaran en rebeldía y logró además que los reclusos permitieran a las autoridades del penal retomar el control del centro penal.

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