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Más de L500 millones perdió el Estado de Honduras por demandas en 3 años

<p>Actualmente, el Estado tiene 1,744 demandas en contra por malos procesos en los despidos de personal, en su mayoría en el Poder Ejecutivo.</p>

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Despidos injustificados, falta de pago de prestaciones laborales y reintegros, en su mayoría, son las causales que 392 personas o sus representantes legales interpusieron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para ganan las demandas y se llenan los bolsillos con millones de lempiras gracias a los malos procesos seguidos en sus despidos, problema que ha tenido especialmente el Poder Ejecutivo.En los últimos tres años, en la mayoría de demandas, tanto a favor como en contra del Estado, no se han logrado establecer las cuantías, o sea la cantidad monetaria que se exige por la demanda.Estadística desfavorableEn los últimos tres años, la PGR litigó en 508 casos, de los cuales perdió 392 y ganó 116 en los tribunales. Entre los casos millonarios que el Estado perdió se puede señalar el expediente 352-7 de L194,113,629.23 de cuantía que demandó Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. por daños y perjuicios por incumplimiento al contrato de construcción del proyecto de rehabilitación carretera Puerto Cortés–frontera con Guatemala a cargo de Soptravi (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda). Soptravi está entre los primeros lugares en el incumplimiento de contratos, por lo que las compañías afectadas demandan al Estado y terminan ganando en los juzgados. El expediente 465-11 señala que por daños y perjuicios de Soptravi, Sercoin S.A. demandó al Estado por L150,230,622.17, que los juzgados declararon procedentes.De la misma manera, una tercera demanda millonaria se registra en la PGR por parte del Banco Azteca de Honduras S.A. contra la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros) por L41,951,219. El banco alegó daños y perjuicios, el juzgado declaró procedente y el Estado pagó.   Las que se gananAunque solo 116 casos de 508 ganó en los últimos tres años la PGR, con ellos se ha evitado pagar más de L750 millones también en el área de lo contencioso administrativo, donde más se demanda al Estado internamente.El inventario general de sentencias definitivas favorables al Estado de Honduras en esta área, archivo al que también tuvo acceso LA PRENSA, revela que los casos a los que se les determinó la cuantía equivalen a L750,944,072.En el expediente 512-11 se explica cómo el ciudadano Gustavo Adolfo Bustillo Mejía y 45 personas más interpusieron la demanda ordinaria ante lo Contencioso Administrativo por L440 millones.Por daños y perjuicios fue demandada la Secretaría de Salud a través de Educredito; sin embargo, las defensas previas que interpuso la PGR fueron declaradas con lugar el 13 de agosto de 2012. También Óscar Reyes Baca y Gloria Reyes acudieron a demandar a la Secretaría de Defensa Nacional por indemnización de daños y perjuicios por actos ejecutados por oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras y agentes de inteligencia del Ejército por 26 millones de dólares (unos L520 millones). La demanda fue declarada improcedente. Otra demanda millonaria que la PGR ha ganado en los juzgados es la que interpuso la Compañía Minera Cerros del Sur contra la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por pago de daños y perjuicios por invasión de terreno sobre el que se otorgó concesión minera. La cuantía era de L165 millones, que también fue declarada improcedente.   Demandas activasLa PGR informó que actualmente litiga en los juzgados con 1,744 demandas activas interpuestas en su mayoría a título personal por los demandantes.“Hace unos cuatro meses estábamos manejando unas 4,000 demandas aproximadamente contra el Estado en materia laboral, contencioso administrativo, civil, todo a nivel nacional, pero esta cifra varía. La mayoría de las demandas son en materia personal, casi el 95%, y tenemos las que han recaído en sentencia definitiva que son condenatorias contra el Estado y sentencias que han salido favorables para el Estado”, le explicó Ethel Deras, procuradora general de la República, a LA PRENSA.Sobre la representación del Estado de Honduras en el extranjero, cuando este es demandado internacionalmente, la procuradora manifestó que la PGR también litiga.“También nos corresponde; por ejemplo, cuando demandan al Estado fuera del país se contrata un bufete para que lleve los juicios. Aquí cabe otro número de demandas, pero son muy pocas y hay que señalar que la PGR también lleva la representación del Estado ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de las denuncias presentadas que no son demandas”, agregó Deras.Entre las denuncias que afectados presentaron ante la CIDH y que en febrero de 2013 pasarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos está el caso de Carlos Escalera y en 2012 pasó el caso de Pacheco Teruel y otros. “Este caso está relacionado con el Centro Penal de San Pedro Sula”. Antes, Honduras perdió casos ante la CIDH por violaciones de los derechos humanos como el de la ambientalista Jeanette Kawas, el caso “cuatro puntos cardinales”, entre otros.“Es bien difícil establecer los montos que el Estado ha perdido en demandas porque muchas de las sentencias condenatorias están pendientes de recursos en cortes de apelaciones, amparos; mientras no haya adquirido el carácter de firme no podemos decir que es una condena.Hay otros casos que están pendientes de ejecución y otros de pago en la Secretaría de Finanzas”. Otras demandas que la PGR ganó aparecen en el inventario de sentencias definitivas interlocutorias de defensas previas favorables al Estado de Honduras.Otros demandantesAparecen en el listado los que quisieron demandar al Estado, como Gloria Marina Godoy Barrientos, que demandó a la Secretaría de Seguridad por 10 millones de lempiras; Milton Jiménez Puerto demandó a la CNBS por L6,450,000; Inmobiliaria la Fraternidad S.A. contra Soptravi por L24,600,000; Norma Iris Sainz Caballero a Soptravi por L31,116,267.28, entre otros demandantes como el político y exfuncionario Carlos Orbin Montoya, que pidió restitución de cargo y no estableció la cuantía de la demanda, pero las defensas previas de la PGR no le permitieron continuar.La mayoría de demandas que el Estado recibe son en el ámbito laboral, ya que en todo el aparato estatal se realizan despidos injustificados, se dejan de pagar prestaciones o bonificaciones y es allí donde los afectados acuden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en su mayoría son beneficiados tarde o temprano.Ver más noticias sobre Honduras

Despidos injustificados, falta de pago de prestaciones laborales y reintegros, en su mayoría, son las causales que 392 personas o sus representantes legales interpusieron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para ganan las demandas y se llenan los bolsillos con millones de lempiras gracias a los malos procesos seguidos en sus despidos, problema que ha tenido especialmente el Poder Ejecutivo.

En los últimos tres años, en la mayoría de demandas, tanto a favor como en contra del Estado, no se han logrado establecer las cuantías, o sea la cantidad monetaria que se exige por la demanda.

Estadística desfavorable

En los últimos tres años, la PGR litigó en 508 casos, de los cuales perdió 392 y ganó 116 en los tribunales. Entre los casos millonarios que el Estado perdió se puede señalar el expediente 352-7 de L194,113,629.23 de cuantía que demandó Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. por daños y perjuicios por incumplimiento al contrato de construcción del proyecto de rehabilitación carretera Puerto Cortés–frontera con Guatemala a cargo de Soptravi (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda).

Soptravi está entre los primeros lugares en el incumplimiento de contratos, por lo que las compañías afectadas demandan al Estado y terminan ganando en los juzgados. El expediente 465-11 señala que por daños y perjuicios de Soptravi, Sercoin S.A. demandó al Estado por L150,230,622.17, que los juzgados declararon procedentes.

De la misma manera, una tercera demanda millonaria se registra en la PGR por parte del Banco Azteca de Honduras S.A. contra la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros) por L41,951,219. El banco alegó daños y perjuicios, el juzgado declaró procedente y el Estado pagó.


Las que se ganan

Aunque solo 116 casos de 508 ganó en los últimos tres años la PGR, con ellos se ha evitado pagar más de L750 millones también en el área de lo contencioso administrativo, donde más se demanda al Estado internamente.

El inventario general de sentencias definitivas favorables al Estado de Honduras en esta área, archivo al que también tuvo acceso LA PRENSA, revela que los casos a los que se les determinó la cuantía equivalen a L750,944,072.

En el expediente 512-11 se explica cómo el ciudadano Gustavo Adolfo Bustillo Mejía y 45 personas más interpusieron la demanda ordinaria ante lo Contencioso Administrativo por L440 millones.

Por daños y perjuicios fue demandada la Secretaría de Salud a través de Educredito; sin embargo, las defensas previas que interpuso la PGR fueron declaradas con lugar el 13 de agosto de 2012. También Óscar Reyes Baca y Gloria Reyes acudieron a demandar a la Secretaría de Defensa Nacional por indemnización de daños y perjuicios por actos ejecutados por oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras y agentes de inteligencia del Ejército por 26 millones de dólares (unos L520 millones). La demanda fue declarada improcedente.

Otra demanda millonaria que la PGR ha ganado en los juzgados es la que interpuso la Compañía Minera Cerros del Sur contra la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por pago de daños y perjuicios por invasión de terreno sobre el que se otorgó concesión minera. La cuantía era de L165 millones, que también fue declarada improcedente.


Demandas activas

La PGR informó que actualmente litiga en los juzgados con 1,744 demandas activas interpuestas en su mayoría a título personal por los demandantes.

“Hace unos cuatro meses estábamos manejando unas 4,000 demandas aproximadamente contra el Estado en materia laboral, contencioso administrativo, civil, todo a nivel nacional, pero esta cifra varía. La mayoría de las demandas son en materia personal, casi el 95%, y tenemos las que han recaído en sentencia definitiva que son condenatorias contra el Estado y sentencias que han salido favorables para el Estado”, le explicó Ethel Deras, procuradora general de la República, a LA PRENSA.

Sobre la representación del Estado de Honduras en el extranjero, cuando este es demandado internacionalmente, la procuradora manifestó que la PGR también litiga.

“También nos corresponde; por ejemplo, cuando demandan al Estado fuera del país se contrata un bufete para que lleve los juicios. Aquí cabe otro número de demandas, pero son muy pocas y hay que señalar que la PGR también lleva la representación del Estado ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de las denuncias presentadas que no son demandas”, agregó Deras.

Entre las denuncias que afectados presentaron ante la CIDH y que en febrero de 2013 pasarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos está el caso de Carlos Escalera y en 2012 pasó el caso de Pacheco Teruel y otros. “Este caso está relacionado con el Centro Penal de San Pedro Sula”. Antes, Honduras perdió casos ante la CIDH por violaciones de los derechos humanos como el de la ambientalista Jeanette Kawas, el caso “cuatro puntos cardinales”, entre otros.

“Es bien difícil establecer los montos que el Estado ha perdido en demandas porque muchas de las sentencias condenatorias están pendientes de recursos en cortes de apelaciones, amparos; mientras no haya adquirido el carácter de firme no podemos decir que es una condena.

Hay otros casos que están pendientes de ejecución y otros de pago en la Secretaría de Finanzas”. Otras demandas que la PGR ganó aparecen en el inventario de sentencias definitivas interlocutorias de defensas previas favorables al Estado de Honduras.

Otros demandantes

Aparecen en el listado los que quisieron demandar al Estado, como Gloria Marina Godoy Barrientos, que demandó a la Secretaría de Seguridad por 10 millones de lempiras; Milton Jiménez Puerto demandó a la CNBS por L6,450,000; Inmobiliaria la Fraternidad S.A. contra Soptravi por L24,600,000; Norma Iris Sainz Caballero a Soptravi por L31,116,267.28, entre otros demandantes como el político y exfuncionario Carlos Orbin Montoya, que pidió restitución de cargo y no estableció la cuantía de la demanda, pero las defensas previas de la PGR no le permitieron continuar.

La mayoría de demandas que el Estado recibe son en el ámbito laboral, ya que en todo el aparato estatal se realizan despidos injustificados, se dejan de pagar prestaciones o bonificaciones y es allí donde los afectados acuden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en su mayoría son beneficiados tarde o temprano.

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