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Cárceles de Honduras en situación extrema

<p>Durante años informes de distintos organismos han señalado vulnerabilidades en los penales.</p>

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De los 24 centros penitenciarios que hay en el país, 23 no reúnen los requisitos de seguridad e infraestructura para cumplir con su propósito; y de estos, nueve son un peligro letal porque ya colapsaron.

Informes levantados por expertos demuestran que las penitenciarías y granjas penales de Trujillo, Santa Bárbara, La Mosquitia, Yoro, el Progreso, Olanchito, San Pedro Sula, Nacaome y Puerto Cortés son potenciales zonas de tragedia. En el otro extremo se encuentra el centro penitenciario de Olancho, construido por la Iglesia Católica con donaciones a un costo de 20 millones de lempiras, cifra con la cual es ahora un modelo de prisión.

Durante años se han hecho evaluaciones, informes y se ha advertido del riesgo; pero ningún Gobierno ha tomado acciones para solucionar la situación. A la fecha, más de 500 presos han muerto en menos de una década por causa de masacres, incendios, asesinatos individuales y hasta motivos jamás esclarecidos en las cárceles hondureñas.

Y si morir es un peligro diario que se enfrenta en las prisiones del país, la vida en ellas es coexistir en el desequilibrio, pues mientras algunos tienen aire acondicionado, celular, televisión por cable e incluso armas de fuego para protegerse, otros cumplen o esperan condena en absoluta miseria y decadencia.

El presupuesto asignado por tiempo de comida para cada privado de libertad es aproximadamente de 4.33 lempiras, o sea 13 lempiras al día. Los problemas de insalubridad, falta de atención médica, infraestructura deteriorada y el hacinamiento, entre otros, son parte del tormentoso día a día.

Recuento de daños

La vulnerabilidad de los centros penales combinada con la falta de decisiones y medidas concretas por parte de las autoridades ha sido una combinación mortal que ha pasado factura al precio más alto: vidas humanas.

En abril de 2003 murieron 68 presos, entre ellos 61 pandilleros en la granja penal de La Ceiba, tras una riña entre bandas. El 17 de mayo de 2004 murieron 107 en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula, de los cuales 105 eran pandilleros. El viernes 14 de octubre de 2011 una pelea de bandas dentro del penal sampedrano provocó la muerte de nueve. La más reciente tragedia, el 14 de febrero de 2012, un incendio en el penal de Comayagua causó la muerte a 361 personas y expuso al mundo la precaria situación del sistema penitenciario hondureño y la indiferencia de los Gobiernos para buscar soluciones.

Ignorando advertencias

“Las conexiones eléctricas no están instaladas de forma profesional, en su mayoría estas son caseras, improvisadas y expuestas, lo que las hace extremadamente peligrosas para la seguridad de los internos”, dice textualmente la página 23 del informe presentado en noviembre de 2011 por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Conaprev, luego de que tres consultores visitaran trece centros penitenciarios. La advertencia estaba hecha, pero las acciones nunca se tomaron.

“No ha existido interés”


Hugo Maldonado, vicepresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Codeh, expresó que la situación en el país es extrema desde hace tiempo; pero no ha existido el interés en mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad.

“En los centros penales del país hay entre 65 a 70% de mora judicial, se dice que es un Estado de derecho en el que vivimos, pero es mentira”. El representante de Derechos Humanos manifestó que privatizar no es una respuesta. “No hablamos de privatizar las cárceles, porque el Estado debe seguir siendo el responsable de ellas; pero es urgente mejorar las condiciones en que están”.

En centros penales incumplen leyes nacionales e internacionales

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos

En las prisiones hondureñas se incumple lo descrito en las normas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el trato que debe darse a privados de libertad. Según este reglamento, cada recluso debe tener su cama propia para dormir adecuadamente; además se indica que todo centro penal debe disponer al menos de los servicios de un médico calificado con conocimientos psiquiátricos. Otra indicación es que todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deben ser mantenidos en debido estado y limpios. Pero estas condiciones no se cumplen en Honduras lo que evidencia el desinterés del Gobierno en el problema.

Ley hondureña de rehabilitación del delincuente

El Gobierno de Honduras incumple sus propias normas, pues según el artículo 35 de la Ley Hondureña de Rehabilitación del Delincuente, cada centro penal contará dentro de sus posibilidades con los servicios de maestros o instructores técnicos, siquiatras, sicólogos y trabajadores sociales, cuya labor será la de coadyuvar a la rehabilitación de los reclusos. Además indica que con el personal sicopedagógico se integrarán equipos técnicos que asesorarán a la dirección sobre las medidas que deberán tomarse para lograr la efectiva readaptación de los reclusos. Casi en su totalidad estas disposiciones no son cumplidas en las cárceles hondureñas debido a las carencias de presupuesto que hay en los centro penitenciarios.

De los 24 centros penitenciarios que hay en el país, 23 no reúnen los requisitos de seguridad e infraestructura para cumplir con su propósito; y de estos, nueve son un peligro letal porque ya colapsaron.

Informes levantados por expertos demuestran que las penitenciarías y granjas penales de Trujillo, Santa Bárbara, La Mosquitia, Yoro, el Progreso, Olanchito, San Pedro Sula, Nacaome y Puerto Cortés son potenciales zonas de tragedia. En el otro extremo se encuentra el centro penitenciario de Olancho, construido por la Iglesia Católica con donaciones a un costo de 20 millones de lempiras, cifra con la cual es ahora un modelo de prisión.

Durante años se han hecho evaluaciones, informes y se ha advertido del riesgo; pero ningún Gobierno ha tomado acciones para solucionar la situación. A la fecha, más de 500 presos han muerto en menos de una década por causa de masacres, incendios, asesinatos individuales y hasta motivos jamás esclarecidos en las cárceles hondureñas.

Y si morir es un peligro diario que se enfrenta en las prisiones del país, la vida en ellas es coexistir en el desequilibrio, pues mientras algunos tienen aire acondicionado, celular, televisión por cable e incluso armas de fuego para protegerse, otros cumplen o esperan condena en absoluta miseria y decadencia.

El presupuesto asignado por tiempo de comida para cada privado de libertad es aproximadamente de 4.33 lempiras, o sea 13 lempiras al día. Los problemas de insalubridad, falta de atención médica, infraestructura deteriorada y el hacinamiento, entre otros, son parte del tormentoso día a día.

Recuento de daños

La vulnerabilidad de los centros penales combinada con la falta de decisiones y medidas concretas por parte de las autoridades ha sido una combinación mortal que ha pasado factura al precio más alto: vidas humanas.

En abril de 2003 murieron 68 presos, entre ellos 61 pandilleros en la granja penal de La Ceiba, tras una riña entre bandas. El 17 de mayo de 2004 murieron 107 en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula, de los cuales 105 eran pandilleros. El viernes 14 de octubre de 2011 una pelea de bandas dentro del penal sampedrano provocó la muerte de nueve. La más reciente tragedia, el 14 de febrero de 2012, un incendio en el penal de Comayagua causó la muerte a 361 personas y expuso al mundo la precaria situación del sistema penitenciario hondureño y la indiferencia de los Gobiernos para buscar soluciones.

Ignorando advertencias

“Las conexiones eléctricas no están instaladas de forma profesional, en su mayoría estas son caseras, improvisadas y expuestas, lo que las hace extremadamente peligrosas para la seguridad de los internos”, dice textualmente la página 23 del informe presentado en noviembre de 2011 por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Conaprev, luego de que tres consultores visitaran trece centros penitenciarios. La advertencia estaba hecha, pero las acciones nunca se tomaron.

“No ha existido interés”


Hugo Maldonado, vicepresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Codeh, expresó que la situación en el país es extrema desde hace tiempo; pero no ha existido el interés en mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad.

“En los centros penales del país hay entre 65 a 70% de mora judicial, se dice que es un Estado de derecho en el que vivimos, pero es mentira”. El representante de Derechos Humanos manifestó que privatizar no es una respuesta. “No hablamos de privatizar las cárceles, porque el Estado debe seguir siendo el responsable de ellas; pero es urgente mejorar las condiciones en que están”.

En centros penales incumplen leyes nacionales e internacionales

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos

En las prisiones hondureñas se incumple lo descrito en las normas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el trato que debe darse a privados de libertad. Según este reglamento, cada recluso debe tener su cama propia para dormir adecuadamente; además se indica que todo centro penal debe disponer al menos de los servicios de un médico calificado con conocimientos psiquiátricos. Otra indicación es que todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deben ser mantenidos en debido estado y limpios. Pero estas condiciones no se cumplen en Honduras lo que evidencia el desinterés del Gobierno en el problema.

Ley hondureña de rehabilitación del delincuente

El Gobierno de Honduras incumple sus propias normas, pues según el artículo 35 de la Ley Hondureña de Rehabilitación del Delincuente, cada centro penal contará dentro de sus posibilidades con los servicios de maestros o instructores técnicos, siquiatras, sicólogos y trabajadores sociales, cuya labor será la de coadyuvar a la rehabilitación de los reclusos. Además indica que con el personal sicopedagógico se integrarán equipos técnicos que asesorarán a la dirección sobre las medidas que deberán tomarse para lograr la efectiva readaptación de los reclusos. Casi en su totalidad estas disposiciones no son cumplidas en las cárceles hondureñas debido a las carencias de presupuesto que hay en los centro penitenciarios.

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