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Aug 9, 2013

“Deben esperar la decisión de la Corte”: Oswaldo Ramos Soto

02:06PM  

“Deben esperar la decisión de la Corte” dice el diputado Ramos Soto

“Deben esperar la decisión de la Corte”: Oswaldo Ramos Soto

El diputado hondureño del Partido Nacional Oswaldo Ramos Soto, declaró que ya hay un momento determinado para analizar las acciones de los poderes del Estado de Honduras, por lo que no tiene razón de ser la moción aprobada por el Congreso Nacional para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“El momento de aprobar o improbar la conducta administrativa de un Poder es cuando cada año presenta un informe al Congreso. El Congreso aprueba ese informe o lo imprueba. Ese es el momento en que el Congreso tiene que aprobar o improbar la conducta administrativa de los poderes del Estado. Hay otra atribución en el artículo 205, que es lo que se llama impropiamente interpelar. Honduras es un Estado en donde hay un Estado unitario, una forma republicana de Gobierno que no funciona, en cambio en el Reino Unido o España eso si funciona, porque una interpelación a un minsitro y encontrarlo responsable de una irregularidad implica destituirlo”.

Ramos Soto agregó que no es correcto que se estén tomando acciones cuando todavía no se ha dado un fallo definitivo.

“El Congreso es el órgano político por autonomasia del Estado no es el Ejecutivo ni mucho menos el Poder Judicial. Entonces ¿por qué presentar esta situación cuando estamos a la expectativa de que mañana se reúna el pleno de la honorable Corte Suprema de Justicia? ¿no sería correcto esperar la decisión de la Corte?”.

El profesional del derecho explicó que el fallo aún no ha sido emitido.

“Es importante aclarar que no hubo todavía decisión de la Corte con respecto a una garantía de inconstitucionalidad incoado por un ciudadano con el propósito de que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional esa ley ordinaria que choca frontalmente con la Constitución de la República. Como lo establece el artículo 306 de la Constitución la Sala conoce de esa acción de inconstitucionalidad y si estima que viola la Constitución frontalmente, directamente, no por razones de forma, entonces tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de un artículo, de varios artículos o de toda una ley, puede ser parcial o total”.

Además Ramos Soto no dudó en aseverar que la moción del Congreso Nacional para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una intromisón de un poder del Estado en otro.

“Claro que sí, y no se necesita ser un erudito ni tener una alta nota de jurisprudencia sino que solo leer el artículo cuatro de la Constitución. Allí se establece que los poderes son interdependientes, complementarios y sin relaciones de subordinación”.

Mala interpretación

El diputado del Congreso expresó que se está mal entendiendo lo que dice la Constitución de la República, pues revisar la conducta administrativa de los magistrados no se debe relacionar con los fallos que estos emiten.

“La Constitución en efecto, en el artículo 205 establece la atribución del Congreso de analizar la conducta administrativa de los funcionarios del Estado, pero la conducta administrativa de los funcionarios es pendiente a si se está delpilfarrando los fondos que maneja el Poder Judicial y si tiene un montón de personas que están contratados y que no ejercen su trabajos sino que son paracaidistas, eso es administrar, pero la función jurisdiccional que en esencia distingue al Congreso del Ejecutivo es tarea de los jueces administrar e impartir justicia”.

Otro punto que Ramos Soto remarcó es que en el país los hondureños apoyan totalmente la depuración de la Policía, pero que no puede hacerse violentando derechos constitucionales que tienen las personas en el país.

“En Honduras todos los hondureños, sin excepción, queremos la depuración de la Policía y cuando se habla de que hay corrupción en la Policía no se habla de toda la Policía ni de la mayoría de la Policía sino de una buena parte de ésta institución, la cual no obra con rectitud, honradez e incurre en actos de corrupción. Pero cuando se presentó la iniciativa de ley yo dije que ese proyecto adolece de vicios de constitucionalidad, porque está lesionando los derechos constitucionales de las personas y habrá problemas en el futuro. Sin embargo se nos dijo: hay que hacer esto, porque sin esto no se va a poder iniciar el proceso de depuración”.

Muerto el perro...

Por otra parte, el diputado del Congreso Nacional consideró que la Corte Suprema de Justicia no debería estar debatiendo sobre la ley de depuración de la Policía, porque la misma ya no tenía vigencia.

“¿Qué es lo que tiene que hacer en estricto derecho constitucional el pleno? desestimar la garantía, porque el efecto sería derogar una norma que ya no tiene vigencia. Muerto el perro se acaba la rabia, peroe esto es como que se presente un hábeas corpus para sacar a una persona ilegalmente presa, cohibida, detenido o que se le esté torturando y que cuando la Corte decida resolver ya se haya muerto el marchante”.

Ramos Soto también manifestó que la Corte no está siguiendo el procedimiento adecuado. “Si usted es juez en primera instancia y conoce de un caso y el día de mañana lo nombran magistrado en la Corte de Apelaciones o de la Suprema, no puede volver a conocer de ese asunto, pero ¿qué ocurre con la Constitución en esa reforma que se hizo en el Gobierno del expresidente Flores Facusse? ¿cómo se sabe en la Sala de lo Constitucional si hay unanimidad o no la hay?, pues votando. Entonces quiere decir que ya hubo pronunciamiento por parte de los magistrados y ya no deberían de votar otra vez en el pleno de la Corte, porque estarían conociendo dos veces el mismo asunto. Lo que debería existir es que los magistrados, en este caso cinco, o tres en la otra Sala, es que no hayan logrado la unanimidad no deben participar en el fallo del pleno porque ya hubo un pronunciamiento, todos, los cinco o los tres y que integren el pleno con magistrados nuevos”

El experimentado abogado se refirió además a las personas que ya han sido sometidas a las pruebas ordenadas por la ley de depuración policial, explicando que si ellos obtuvieron un resultado negativo, no pueden ser beneficiados aunque la Corte declare inconstitucional las medidas la legislación.

“Desgraciadamente la gente que fue sometida a los procedimientos, tiene que acudir a otras vías para su restitución y todo, pero no puede la Corte declarar inconstitucional y derogar una ley que ya no está en vigencia”.


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