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Magistrados señalan que su destitución por parte del Congreso fue ilegal

<p>Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional anunciaron hoy en un comunicado que su separación fue ilegal.</p>

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional anunciaron hoy en un comunicado que su separación fue ilegal.

El magistrado José Antonio Gutiérrez Navas, uno de los cuatro separados junto a Gustavo Enrique Bustillo Palma,
Rosalinda Cruz Sequeira y
José Francisco Ruiz Gaekel, leyó un comunicado dirigido a los otros poderes del Estado, a nuestros honorables compañeros magistrados, a las autoridades y a la opinión pública nacional e internacional haciendo saber nuestra posición de la manera siguiente:

1. El 25 de enero de 2009 fuimos juramentados en el soberano Congreso Nacional que hoy nos destituye ilegalmente del cargo. En tal fecha, prestamos el jjuramento de ley "prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes",
lo cual hemos llevado a cabalidad inspirándonos en el respeto de nuestra legislación vigente, además de los principios éticos de cada uno de nosotros.

2. La Sala de lo Constitucional ha empeñado su dedicación al trabajo jurisdiccional encomendado de acuerdo a los preceptos legales que nos rigen, especialmente la Constitución de la República, los convenios y tratados vigentes y la ley sobre Justicia Constitucional.

3. Que nuestra destitución es totalmente ilegítima, ilegal e injusta pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente sin sucesión a ningún tipo de presión.

4. El procedimiento de destitución que se efectuó no tiene fundamento legal alguno. La aparente causa en que se sustentó tal acción fue el de nuestra conducta administrativa de acuerdo a la atribución constitucional contenida en el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República, y el informe que se leyó en la Cámara Legislativa se refiere a un fallo emitido por la Sala de lo Constitucional que aún no es firme por cuanto no hubo unanimidad,
y en consecuencia ha pasado al conocimiento y decisión del pleno de Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo fue dictado conforme a derecho como producto de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Cabe recordar que los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia no tenemso funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso Nacional de la República desde enero del año 2011. El único encargado de las funciones administrativas es el señor presidente de la Corte, abogado Jorge Alberto Rivera Avilez.

5. Que en nuestra destitución se han violentado nuestros derechos constitucionales como el del debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales reconocidos en el ámbito nacional como internacional y que haremos valer por las vías legales.

6. Que la acción realizada por un sector del Congreso Nacional de la República violenta en principio de separación de poderes contenido en la Constitución y ha irrumpido abruptamente en la
función jurisdiccional de este poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración en el orden constitucional pues el Congreso no tiene facultades para ello.

7. Lamentamos profundamente los acontecimientos acaecidos que en nada benefician a nuestra amada patria.

8. Finalmente manifestamos a todas las personas a quienes nos dirigimos que nos sentimos satisfechos de la labor que hemos cumplido pues no hemos hecho nada
más que cumplir con la promesa a que nos hemos referido, y que la población tenga la seguridad que hemos cumplido nuestros deberes.

9. Estaremos listos para defender la soberanía del Estado y estaremos vigilantes de que no se continúe irrespetando nuestra Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de Derecho.

Noticia en desarrollo

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional anunciaron hoy en un comunicado que su separación fue ilegal.

El magistrado José Antonio Gutiérrez Navas, uno de los cuatro separados junto a Gustavo Enrique Bustillo Palma,
Rosalinda Cruz Sequeira y
José Francisco Ruiz Gaekel, leyó un comunicado dirigido a los otros poderes del Estado, a nuestros honorables compañeros magistrados, a las autoridades y a la opinión pública nacional e internacional haciendo saber nuestra posición de la manera siguiente:

1. El 25 de enero de 2009 fuimos juramentados en el soberano Congreso Nacional que hoy nos destituye ilegalmente del cargo. En tal fecha, prestamos el jjuramento de ley "prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes",
lo cual hemos llevado a cabalidad inspirándonos en el respeto de nuestra legislación vigente, además de los principios éticos de cada uno de nosotros.

2. La Sala de lo Constitucional ha empeñado su dedicación al trabajo jurisdiccional encomendado de acuerdo a los preceptos legales que nos rigen, especialmente la Constitución de la República, los convenios y tratados vigentes y la ley sobre Justicia Constitucional.

3. Que nuestra destitución es totalmente ilegítima, ilegal e injusta pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente sin sucesión a ningún tipo de presión.

4. El procedimiento de destitución que se efectuó no tiene fundamento legal alguno. La aparente causa en que se sustentó tal acción fue el de nuestra conducta administrativa de acuerdo a la atribución constitucional contenida en el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República, y el informe que se leyó en la Cámara Legislativa se refiere a un fallo emitido por la Sala de lo Constitucional que aún no es firme por cuanto no hubo unanimidad,
y en consecuencia ha pasado al conocimiento y decisión del pleno de Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo fue dictado conforme a derecho como producto de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Cabe recordar que los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia no tenemso funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso Nacional de la República desde enero del año 2011. El único encargado de las funciones administrativas es el señor presidente de la Corte, abogado Jorge Alberto Rivera Avilez.

5. Que en nuestra destitución se han violentado nuestros derechos constitucionales como el del debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales reconocidos en el ámbito nacional como internacional y que haremos valer por las vías legales.

6. Que la acción realizada por un sector del Congreso Nacional de la República violenta en principio de separación de poderes contenido en la Constitución y ha irrumpido abruptamente en la
función jurisdiccional de este poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración en el orden constitucional pues el Congreso no tiene facultades para ello.

7. Lamentamos profundamente los acontecimientos acaecidos que en nada benefician a nuestra amada patria.

8. Finalmente manifestamos a todas las personas a quienes nos dirigimos que nos sentimos satisfechos de la labor que hemos cumplido pues no hemos hecho nada
más que cumplir con la promesa a que nos hemos referido, y que la población tenga la seguridad que hemos cumplido nuestros deberes.

9. Estaremos listos para defender la soberanía del Estado y estaremos vigilantes de que no se continúe irrespetando nuestra Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de Derecho.

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